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Valencia

La Generalitat Valenciana pagará 360 euros a trabajadores en ERTE afectados por la DANA en enero

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erte ayuda afectadas dana

El president del Consell, Carlos Mazón, ha anunciado que la Generalitat Valenciana destinará cerca de 11 millones de euros para complementar los ingresos de 30.000 trabajadores en situación de ERTE por fuerza mayor, tras las graves inundaciones del 29 de octubre.

Según Mazón, cada persona afectada recibirá un pago único de 360 euros en enero, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Este complemento será gestionado de manera automática a través de Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación.

“Es una medida que busca proteger el empleo y mantener el nivel de vida de los trabajadores afectados por esta catástrofe”, explicó Mazón, recordando que la última vez que la Generalitat implementó una iniciativa similar fue durante la COVID-19, aunque entonces el pago fue de 100 euros por persona.

Requisitos para recibir la ayuda

Las condiciones para acceder a este pago son:

  • Estar en situación de ERTE por fuerza mayor derivada de las inundaciones.
  • Ser perceptor de la prestación por desempleo.
  • Permanecer en esa situación hasta el 31 de diciembre.

Ayudas a autónomos afectados por la DANA

Por otra parte, el president informó que ya se ha aprobado un primer pago de más de 13 millones de euros destinado a autónomos sin empleados. Los beneficiarios recibirán 3.000 euros como parte de una línea de ayudas que busca alcanzar a 13.300 trabajadores antes de finalizar el año, con un presupuesto inicial de 40 millones de euros.

Además, la Generalitat ha lanzado un programa dotado con 90 millones de euros en ayudas directas para personas autónomas afectadas por las riadas del 29 de octubre.

La Generalitat exige el FLA extraordinario al Gobierno central

Durante una reunión con representantes sociales, Mazón destacó la necesidad urgente de disponer del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario, que el Gobierno central aún no ha aprobado, algo que no ocurría desde hace 13 años.

“La Comunitat Valenciana, como región infrafinanciada, necesita más de 3.000 millones de euros para gastos sociales, educativos y sanitarios”, señaló Mazón, pidiendo el apoyo de la sociedad valenciana para exigir al Ejecutivo una rectificación inmediata.

Otras ayudas disponibles para los afectados por la DANA

Además de las ayudas directas para trabajadores en ERTE y autónomos, los afectados por la DANA pueden acceder a otras iniciativas:

  1. Ayudas a la vivienda: Subvenciones para la reparación de viviendas dañadas o alquiler temporal en caso de pérdida total del hogar.
  2. Compensaciones por daños agrícolas: Ayudas específicas para agricultores y ganaderos, gestionadas a través de AVASA y otras entidades del sector.
  3. Bonificaciones fiscales: Exenciones y reducciones en impuestos como el IBI para las zonas afectadas.
  4. Subvenciones municipales: Algunos ayuntamientos han activado ayudas locales para cubrir necesidades urgentes como alimentación, ropa o transporte.

Se recomienda a los afectados consultar con Labora y las oficinas de atención ciudadana para conocer todos los recursos disponibles.

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Valencia

Última hora sobre el cierre de los restaurantes de La Marina de València

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restaurantes Marina València
Restaurante El Camarote en La Marina - ASOCIACIÓN MARINA PREMIUM

La Asociación Marina Premium defiende la continuidad de la actividad hasta resolución judicial

València, 15 de mayo de 2025.
Los cuatro restaurantes ubicados en La Marina de València cuyas concesiones no han sido renovadas por el Ayuntamiento han asegurado que seguirán abiertos, tras reconocer el propio consistorio que cualquier actuación sobre los contratos debe abordarse por la vía civil.

Según ha informado la Asociación Marina Premium, el Ayuntamiento ha admitido un error en la tramitación del expediente de desalojo del restaurante Vlue Arribar, lo que —según la entidad— impide legalmente ordenar un cierre inmediato. En consecuencia, el conflicto se remite a la jurisdicción civil, tal y como figura en la resolución del recurso tratado en la Junta de Gobierno Local del 9 de mayo.

“El Ayuntamiento no puede actuar de forma unilateral”, señalan los abogados

Desde la defensa legal de los establecimientos, se advierte de que mientras no exista sentencia civil que declare la extinción del contrato y su ejecución, no puede imponerse el desalojo de forma arbitraria. Según el letrado de la asociación, el cierre fijado inicialmente para el 31 de mayo “queda sin efecto” hasta que lo determine un juzgado de lo civil.

Asimismo, critica que el Ayuntamiento insista en acordar de manera unilateral “un cierre ilícito sin posibilidad de alegaciones y mediante fuerza pública”, lo que califica como una situación de indefensión que vulnera la legalidad vigente.

Impacto económico y acusaciones de agravio

El presidente de la asociación, Ángel Brández, ha explicado que no cuestionan la reversión de los locales a la Autoridad Portuaria de València (APV), pero sí rechazan el cierre anticipado por parte del Ayuntamiento. A su juicio, la decisión afectaría negativamente a la economía local:

“Cerrar estos locales supondría perder más de 150.000 euros en rentas de alquiler que podrían destinarse a proyectos municipales. Además, se destruirían empleos y negocio”.

Brández también alertó del riesgo de vandalismo durante los meses de verano si los locales quedan cerrados, lo que obligaría al consistorio a establecer vigilancia policial las 24 horas.

En su defensa, Marina Premium rechaza las acusaciones del Ayuntamiento que, según afirma, les vincula con la promoción del botellón, la inseguridad y el turismo low cost. La asociación defiende que su oferta gastronómica “supera la media local” y aporta valor a la imagen turística de La Marina.

El Ayuntamiento responde: “Se trata de un tema menor administrativo”

Por su parte, el Ayuntamiento de València ha restado importancia al asunto, calificando el error administrativo como “un tema menor”. A través de un comunicado a Europa Press, asegura que ejercerá las acciones civiles correspondientes, ya que en la renovación del contrato original se especificaban las fechas de cese de actividad y la devolución de los inmuebles.

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