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Valencia

La Generalitat Valenciana pagará 360 euros a trabajadores en ERTE afectados por la DANA en enero

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erte ayuda afectadas dana

El president del Consell, Carlos Mazón, ha anunciado que la Generalitat Valenciana destinará cerca de 11 millones de euros para complementar los ingresos de 30.000 trabajadores en situación de ERTE por fuerza mayor, tras las graves inundaciones del 29 de octubre.

Según Mazón, cada persona afectada recibirá un pago único de 360 euros en enero, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Este complemento será gestionado de manera automática a través de Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación.

“Es una medida que busca proteger el empleo y mantener el nivel de vida de los trabajadores afectados por esta catástrofe”, explicó Mazón, recordando que la última vez que la Generalitat implementó una iniciativa similar fue durante la COVID-19, aunque entonces el pago fue de 100 euros por persona.

Requisitos para recibir la ayuda

Las condiciones para acceder a este pago son:

  • Estar en situación de ERTE por fuerza mayor derivada de las inundaciones.
  • Ser perceptor de la prestación por desempleo.
  • Permanecer en esa situación hasta el 31 de diciembre.

Ayudas a autónomos afectados por la DANA

Por otra parte, el president informó que ya se ha aprobado un primer pago de más de 13 millones de euros destinado a autónomos sin empleados. Los beneficiarios recibirán 3.000 euros como parte de una línea de ayudas que busca alcanzar a 13.300 trabajadores antes de finalizar el año, con un presupuesto inicial de 40 millones de euros.

Además, la Generalitat ha lanzado un programa dotado con 90 millones de euros en ayudas directas para personas autónomas afectadas por las riadas del 29 de octubre.

La Generalitat exige el FLA extraordinario al Gobierno central

Durante una reunión con representantes sociales, Mazón destacó la necesidad urgente de disponer del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario, que el Gobierno central aún no ha aprobado, algo que no ocurría desde hace 13 años.

“La Comunitat Valenciana, como región infrafinanciada, necesita más de 3.000 millones de euros para gastos sociales, educativos y sanitarios”, señaló Mazón, pidiendo el apoyo de la sociedad valenciana para exigir al Ejecutivo una rectificación inmediata.

Otras ayudas disponibles para los afectados por la DANA

Además de las ayudas directas para trabajadores en ERTE y autónomos, los afectados por la DANA pueden acceder a otras iniciativas:

  1. Ayudas a la vivienda: Subvenciones para la reparación de viviendas dañadas o alquiler temporal en caso de pérdida total del hogar.
  2. Compensaciones por daños agrícolas: Ayudas específicas para agricultores y ganaderos, gestionadas a través de AVASA y otras entidades del sector.
  3. Bonificaciones fiscales: Exenciones y reducciones en impuestos como el IBI para las zonas afectadas.
  4. Subvenciones municipales: Algunos ayuntamientos han activado ayudas locales para cubrir necesidades urgentes como alimentación, ropa o transporte.

Se recomienda a los afectados consultar con Labora y las oficinas de atención ciudadana para conocer todos los recursos disponibles.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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