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Valencia

Ford pacta con los sindicatos compensaciones para trabajadores a partir de los 53 años

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ere ford espana
Archivo/EFE/Kai Försterling

València, 3 JUL (OFFICIAL PRESS-EFE).-

La dirección de Ford y los sindicatos han alcanzado este miércoles un acuerdo respecto al expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la multinacional en la factoría de Almussafes (Valencia), que contempla compensaciones para los trabajadores que causen baja y hayan cumplido un mínimo de 53 años este 2024.

Según ha informado UGT, el sindicato mayoritario en la factoría, el acuerdo contempla indemnizaciones adicionales para las salidas voluntarias de empleados con antigüedad superior a los 5 años que oscilan entre los 20.000 y los 40.000 euros.

UGT admite que la empresa «transitará hasta mayo de 2027 con un excedente de 1.000 personas» y lo hará con un ERTE rotativo hasta final de año y desde enero de 2025 con un «mecanismo» especial que dispondrá el Gobierno de España, con el «acompañamiento» de la Generalitat.

«Ante esta nueva situación, la empresa debe entender que ha de aumentar el complemento salarial del ERTE que estamos negociando y que esperamos cerrar mañana mismo», señala UGT en un comunicado remitido a los trabajadores, al que ha tenido acceso EFE.

En dicho comunicado se detalla un plan de indemnizaciones al que se podrán acoger todos los empleados de Ford España en Almussafes nacidos desde el 1 de enero de 1961, salvo aquellos que tengan contrato temporal, de relevo o de acceso a la jubilación parcial.

Para los empleados de hasta 54 años cumplidos en el momento de la baja se ha acordado una indemnización equivalente a 45 días por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades de salario bruto anual más el complemento de antigüedad a 30 de junio de este año y gratificaciones especiales.

Para los trabajadores que decidan dejar la empresa de forma voluntaria, y que tengan una antigüedad superior a 5 años, se establece una indemnización adicional de 40.000 euros brutos para aquellos que se inscriban antes del 31 de julio, de 30.000 si lo deciden antes del 15 de septiembre y 20.000 antes del 31 de octubre.

Los empleados de 53 años que salgan de la empresa recibirán el 75 % del salario mensual hasta el mes que cumplan 57 años y el 80 % hasta que cumplan 62.

El porcentaje es el mismo para los de 54 años, pero el 75 % del salario hasta los 57 y el 80 % hasta los 63 años.

Los que tengan 55 años recibirán el 80 % del salario hasta los 57 años y el 85 % hasta los 64 años; y el mismo porcentaje pero extendido hasta los 65 años en el caso de los empleados que tengan 56 años cumplidos en 2024.

Los de 57 o más recibirán el 85 % del salario regulador mensual hasta que cumplan 65 años.

El acuerdo entre empresa y sindicatos incluye una tabla donde se recogen las indemnizaciones compensatorias para los empleados que no hayan cumplido 55 años en el momento de la baja.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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