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Escándalo en València por el dificilísimo examen de Matemáticas de Selectividad

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Escándalo en València por el dificilísimo examen de Matemáticas para la Prueba de Acceso a la Universidad. Los estudiantes se han quejado públicamente de la dificultad en la prueba de Matemáticas de la primera jornada de la PAU y han abierto una petición en Change.org para reunir firmas en contra del supuesto nivel del test. Además exigen un examen único nacional y denuncian que se hayan preguntado por conceptos que «dijeron estrictamente» que no entraban en la materia.

La petición ya cuenta con más de 24.000 firmas y cuenta cual es el motivo de reunir firmas:

«El motivo principal de la impugnación es el alto nivel de dificultad del examen comparado con todos los años anteriores. Los alumnos no hemos sido capaces de demostrar nuestros conocimientos de la misma forma que durante todo el curso. No tiene sentido que muchísima gente que ha estado sacando dieces durante todo el curso, ahora no pueda llegar ni al 7, a pesar de haberle estado dedicando horas y horas a la materia. Matemáticas es una asignatura de las que más cuenta en la prueba de acceso a la universidad, por lo que la nota que saquemos en ese examen posiblemente sea más relevante que cualquier otra, y la que nos permita entrar o no a la carrera que teníamos en mente. En conclusión, consideramos que este examen no ha tenido el nivel correspondiente y deseamos una impugnación del mismo».

Aunque los otros exámenes de historia y valenciano han sido más esperados. En historia las primera opción ha sido la dictadura de Franco y Primo de Rivera, y como segunda opción el régimen político de la Restauración borbónica.

CHANGE.ORG

El examen no se revisará

La noticia de la denuncia de los estudiantes ha corrido como la pólvora en los medios de comunicación y el coordinador de las Pruebas de Selectividad en la Comunitat Valenciana ha hablado en una entrevista en la Cadena Ser y ha asegurado que el examen calificado de «dificilísimo» por los alumnos no será revisado como se pedía en una petición en Change.org.

Antoni Gil también ha manifestado que en el 2018 se originó una polémica similar con el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales: los alumnos de ese año también realizaron una petición en Change.org y posteriormente se comprobó que las calificaciones no fueron malas.

Por último ha dejado claro que cuando concluyan los procesos de corrección de los exámenes se podrán realizar las reclamaciones pertinentes siempre que el alumno considere injusta una calificación. Esta fase podrá realizarse cuando estén  publicadas las notas.

EL AÑO PASADO, LA POLÉMICA «ACABÓ CON LAS NOTAS»
Recuerdan, además, que el año pasado ya se produjo una situación prácticamente igual –quejas por un examen de Matemáticas que se difundió en la misma plataforma de internet– y que la polémica «acabó cuando salieron las notas». Las mismas fuentes comentan que la persona que promovió la protesta «sacó un diez» y se comprobó que las calificaciones fueron parecidas a las de otros años.

Así, el secretario de esta comisión gestora, el profesor Toni Gil, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que los exámenes son propuestos por las comisiones de las diversas materias integradas por docentes de las cinco universidades públicas valencianas y que, además, se mantienen una o dos reuniones al año con profesores de Bachillerato.

Respecto al contenido del examen de Matemáticas II, afirma que, según los propios vocales correctores «el nivel de dificultad no es tan superior al de cursos anteriores» y «no es el examen más difícil de la historia» de la Comunitat Valenciana. Sí es cierto, apunta, que en algunas preguntas se plantean al alumno cosas de una manera que puede no ser la forma en la que se lo han pedido siempre pero «no rebuscada» y, desde luego, «siempre dentro del currículum».

Gil achaca la magnitud del debate a «los nervios» propios de estas pruebas y a la acción multiplicadora de las redes sociales. En cualquier caso, ha recordado que, una vez se conozcan las notas, existe la posibilidad de reclamar y pedir una segunda corrección.

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El sueldo de los funcionarios subirá un 4,5% en 2027: cuánto cobrarán de más según su profesión

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El Gobierno ha aprobado este martes la subida salarial del 4,5% para más de tres millones de empleados públicos en 2027. El incremento tendrá efectos desde el 1 de enero y supondrá entre 1.440 euros brutos adicionales al año para un administrativo y más de 4.000 euros para un juez, según las estimaciones del Ministerio de Función Pública.

A esta subida se sumará otro 0,5% correspondiente a 2026, siempre que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme que la inflación interanual ha superado el 1,5% durante este año. Ese medio punto se abonará en el primer trimestre de 2027 y tendrá carácter retroactivo desde enero de 2026.

El Consejo de Ministros ha aprobado la medida mediante un real decreto-ley, con el objetivo de que pueda aplicarse desde comienzos del próximo año. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado que se trata de la mayor subida salarial para los empleados públicos desde 1992.

Cuánto subirán los sueldos de los funcionarios en 2027

El incremento fijo del 4,5% beneficiará a los trabajadores de las tres administraciones públicas: estatal, autonómica y local. La cantidad adicional dependerá del salario y del grupo profesional al que pertenezca cada empleado.

Según las cifras facilitadas por el ministro Óscar López, estas serán algunas de las subidas anuales estimadas:

  • Administrativos: 1.440 euros brutos más al año, en 14 pagas.
  • Policías nacionales: más de 1.900 euros adicionales.
  • Maestros: más de 2.700 euros al año.
  • Médicos: más de 3.700 euros adicionales.
  • Jueces: más de 4.000 euros al año.

Estas cantidades corresponden a estimaciones del incremento salarial y pueden variar en función de las retribuciones de cada puesto, complementos y condiciones profesionales.

Otro 0,5% adicional con efectos retroactivos

La subida del 4,5% no será el único incremento que recibirán los empleados públicos durante 2027. El acuerdo salarial firmado por el Gobierno con UGT, CCOO y CSIF contempla también un 0,5% variable correspondiente a 2026.

Este medio punto se abonará si el INE confirma que el IPC interanual de 2026 ha crecido por encima del 1,5%. En ese caso, los trabajadores recibirán los atrasos correspondientes desde el 1 de enero de este año y se actualizarán las nóminas posteriores.

De cumplirse esta condición, el incremento acumulado entre ambos conceptos alcanzaría el 5%, aunque es importante distinguir que el 0,5% adicional corresponde a 2026 y no a una subida fija del sueldo de 2027.

La medida forma parte del acuerdo marco plurianual firmado en noviembre de 2025, que estableció una mejora retributiva de hasta el 11% entre 2025 y 2028.

Suben también las indemnizaciones por residencia

El real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros incorpora otra mejora para determinados empleados públicos: las indemnizaciones por razón de residencia aumentarán un 4,5%.

Se trata de una compensación económica para trabajadores de la Administración General del Estado que prestan servicio en territorios con condiciones geográficas especiales o sobrecostes derivados de la insularidad. Entre las zonas contempladas figuran Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán.

Además, el Gobierno ha aprobado elevar un 4,5% las partidas destinadas a acción social para los trabajadores del sector público. Estas ayudas llevaban 14 años congeladas y permiten financiar prestaciones como guardería, gafas, transporte, tratamientos odontológicos, prótesis auditivas o ayudas relacionadas con la vivienda.

Más de tres millones de empleados públicos beneficiados

La subida salarial alcanzará a más de tres millones de trabajadores de las administraciones públicas. En concreto, el incremento del 4,5% en 2027 afectará a unos 546.000 empleados del sector público estatal, 1,93 millones de trabajadores de las comunidades autónomas y cerca de 595.000 empleados de las administraciones locales.

En la Administración General del Estado, el aumento se aplicará ya en la nómina de enero. El resto de administraciones deberán adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la subida a sus respectivos trabajadores.

El Gobierno ha adelantado la aprobación de la medida para garantizar que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027, antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.


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