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Escándalo en València por el dificilísimo examen de Matemáticas de Selectividad

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Escándalo en València por el dificilísimo examen de Matemáticas para la Prueba de Acceso a la Universidad. Los estudiantes se han quejado públicamente de la dificultad en la prueba de Matemáticas de la primera jornada de la PAU y han abierto una petición en Change.org para reunir firmas en contra del supuesto nivel del test. Además exigen un examen único nacional y denuncian que se hayan preguntado por conceptos que «dijeron estrictamente» que no entraban en la materia.

La petición ya cuenta con más de 24.000 firmas y cuenta cual es el motivo de reunir firmas:

«El motivo principal de la impugnación es el alto nivel de dificultad del examen comparado con todos los años anteriores. Los alumnos no hemos sido capaces de demostrar nuestros conocimientos de la misma forma que durante todo el curso. No tiene sentido que muchísima gente que ha estado sacando dieces durante todo el curso, ahora no pueda llegar ni al 7, a pesar de haberle estado dedicando horas y horas a la materia. Matemáticas es una asignatura de las que más cuenta en la prueba de acceso a la universidad, por lo que la nota que saquemos en ese examen posiblemente sea más relevante que cualquier otra, y la que nos permita entrar o no a la carrera que teníamos en mente. En conclusión, consideramos que este examen no ha tenido el nivel correspondiente y deseamos una impugnación del mismo».

Aunque los otros exámenes de historia y valenciano han sido más esperados. En historia las primera opción ha sido la dictadura de Franco y Primo de Rivera, y como segunda opción el régimen político de la Restauración borbónica.

CHANGE.ORG

El examen no se revisará

La noticia de la denuncia de los estudiantes ha corrido como la pólvora en los medios de comunicación y el coordinador de las Pruebas de Selectividad en la Comunitat Valenciana ha hablado en una entrevista en la Cadena Ser y ha asegurado que el examen calificado de «dificilísimo» por los alumnos no será revisado como se pedía en una petición en Change.org.

Antoni Gil también ha manifestado que en el 2018 se originó una polémica similar con el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales: los alumnos de ese año también realizaron una petición en Change.org y posteriormente se comprobó que las calificaciones no fueron malas.

Por último ha dejado claro que cuando concluyan los procesos de corrección de los exámenes se podrán realizar las reclamaciones pertinentes siempre que el alumno considere injusta una calificación. Esta fase podrá realizarse cuando estén  publicadas las notas.

EL AÑO PASADO, LA POLÉMICA «ACABÓ CON LAS NOTAS»
Recuerdan, además, que el año pasado ya se produjo una situación prácticamente igual –quejas por un examen de Matemáticas que se difundió en la misma plataforma de internet– y que la polémica «acabó cuando salieron las notas». Las mismas fuentes comentan que la persona que promovió la protesta «sacó un diez» y se comprobó que las calificaciones fueron parecidas a las de otros años.

Así, el secretario de esta comisión gestora, el profesor Toni Gil, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que los exámenes son propuestos por las comisiones de las diversas materias integradas por docentes de las cinco universidades públicas valencianas y que, además, se mantienen una o dos reuniones al año con profesores de Bachillerato.

Respecto al contenido del examen de Matemáticas II, afirma que, según los propios vocales correctores «el nivel de dificultad no es tan superior al de cursos anteriores» y «no es el examen más difícil de la historia» de la Comunitat Valenciana. Sí es cierto, apunta, que en algunas preguntas se plantean al alumno cosas de una manera que puede no ser la forma en la que se lo han pedido siempre pero «no rebuscada» y, desde luego, «siempre dentro del currículum».

Gil achaca la magnitud del debate a «los nervios» propios de estas pruebas y a la acción multiplicadora de las redes sociales. En cualquier caso, ha recordado que, una vez se conozcan las notas, existe la posibilidad de reclamar y pedir una segunda corrección.

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Ábalos y Koldo a prisión provisional por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Supremo ordena prisión sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al elevarse el riesgo de fuga antes del juicio por la presunta trama de mascarillas.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares del PP habían solicitado su ingreso inmediato en prisión.

El Supremo ordena prisión provisional para Ábalos y Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, investigados por las supuestas irregularidades en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia.

Se trata de un hecho histórico: es la primera vez que un diputado en ejercicio deberá entrar en prisión provisional antes de ser juzgado.

La decisión llega tras revisar las medidas cautelares que mantenían hasta hoy (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales). El riesgo de fuga se considera ahora “muy elevado” ante la gravedad de las penas solicitadas.


La Fiscalía Anticorrupción alertó de un riesgo de fuga “disparado”

La medida adoptada responde a la petición expresa del jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como de las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular.
Anticorrupción sostiene que, ante la posibilidad de que ambos se enfrenten a hasta 30 años de cárcel, existe un riesgo de fuga “inequívoco”.


La llegada de Ábalos al Supremo: “No tengo dinero ni a dónde ir”

Ábalos fue el primero en llegar al Supremo, a las 9:12 horas, solo y con una mochila de cuero. En su intervención durante la vistilla, aseguró al magistrado:

“No me voy a fugar. No tengo dinero ni a dónde ir.”

Fuentes jurídicas aseguran que el exministro estaba “visiblemente destrozado”, fumando nervioso en los patios del Palacio de Justicia mientras esperaba la resolución.

Su abogado defendió que su ingreso en prisión, siendo diputado, supondría vulnerar su derecho a representación política y acusó a Anticorrupción de querer “forzar” una declaración colaborativa similar a la del empresario Víctor de Aldama.


Koldo García: “No me voy a ir a ningún sitio”

Koldo García llegó justo a la hora señalada, acompañado de su abogada, y también negó cualquier intención de fugarse:

“No me voy a ir a ningún sitio. Todos tenemos derecho a aprender poco a poco.”

Esta última frase ha sido interpretada por presentes como un reconocimiento implícito de haber cometido errores.

Su defensa alegó arraigo familiar: una madre mayor y una hija pequeña.


El fiscal, contundente: “Ningún poder del Estado puede eludir la acción penal”

El fiscal Luzón fue especialmente duro respecto a Ábalos:

“Fue su pertenencia al Gobierno lo que permitió cometer estos delitos.
Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. La Justicia es ciega por eso.”


Camino al juicio por la presunta trama de mascarillas

El pasado 3 de noviembre, el magistrado Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por su presunta participación en una trama para adjudicar contratos millonarios de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario.

Penas solicitadas por Fiscalía

  • Ábalos: 24 años de prisión

  • Koldo García: 19 años y medio

  • Víctor de Aldama: 7 años (pena reducida por su confesión)

Los delitos atribuidos incluyen:

  • organización criminal

  • cohecho

  • tráfico de influencias

  • malversación

  • uso de información privilegiada

Penas solicitadas por las acusaciones populares

Las acusaciones que lidera el PP elevan las penas a 30 años al añadir:

  • prevaricación

  • falsedad documental


Un caso que sacude al Gobierno y tensa el clima político

El ingreso inmediato en prisión del exministro socialista supone un terremoto político en vísperas del juicio. La resolución marca un paso decisivo en una de las causas de corrupción más mediáticas derivadas de la pandemia.

 

 

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