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Escándalo en València por el dificilísimo examen de Matemáticas de Selectividad

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Escándalo en València por el dificilísimo examen de Matemáticas para la Prueba de Acceso a la Universidad. Los estudiantes se han quejado públicamente de la dificultad en la prueba de Matemáticas de la primera jornada de la PAU y han abierto una petición en Change.org para reunir firmas en contra del supuesto nivel del test. Además exigen un examen único nacional y denuncian que se hayan preguntado por conceptos que «dijeron estrictamente» que no entraban en la materia.

La petición ya cuenta con más de 24.000 firmas y cuenta cual es el motivo de reunir firmas:

«El motivo principal de la impugnación es el alto nivel de dificultad del examen comparado con todos los años anteriores. Los alumnos no hemos sido capaces de demostrar nuestros conocimientos de la misma forma que durante todo el curso. No tiene sentido que muchísima gente que ha estado sacando dieces durante todo el curso, ahora no pueda llegar ni al 7, a pesar de haberle estado dedicando horas y horas a la materia. Matemáticas es una asignatura de las que más cuenta en la prueba de acceso a la universidad, por lo que la nota que saquemos en ese examen posiblemente sea más relevante que cualquier otra, y la que nos permita entrar o no a la carrera que teníamos en mente. En conclusión, consideramos que este examen no ha tenido el nivel correspondiente y deseamos una impugnación del mismo».

Aunque los otros exámenes de historia y valenciano han sido más esperados. En historia las primera opción ha sido la dictadura de Franco y Primo de Rivera, y como segunda opción el régimen político de la Restauración borbónica.

CHANGE.ORG

El examen no se revisará

La noticia de la denuncia de los estudiantes ha corrido como la pólvora en los medios de comunicación y el coordinador de las Pruebas de Selectividad en la Comunitat Valenciana ha hablado en una entrevista en la Cadena Ser y ha asegurado que el examen calificado de «dificilísimo» por los alumnos no será revisado como se pedía en una petición en Change.org.

Antoni Gil también ha manifestado que en el 2018 se originó una polémica similar con el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales: los alumnos de ese año también realizaron una petición en Change.org y posteriormente se comprobó que las calificaciones no fueron malas.

Por último ha dejado claro que cuando concluyan los procesos de corrección de los exámenes se podrán realizar las reclamaciones pertinentes siempre que el alumno considere injusta una calificación. Esta fase podrá realizarse cuando estén  publicadas las notas.

EL AÑO PASADO, LA POLÉMICA «ACABÓ CON LAS NOTAS»
Recuerdan, además, que el año pasado ya se produjo una situación prácticamente igual –quejas por un examen de Matemáticas que se difundió en la misma plataforma de internet– y que la polémica «acabó cuando salieron las notas». Las mismas fuentes comentan que la persona que promovió la protesta «sacó un diez» y se comprobó que las calificaciones fueron parecidas a las de otros años.

Así, el secretario de esta comisión gestora, el profesor Toni Gil, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que los exámenes son propuestos por las comisiones de las diversas materias integradas por docentes de las cinco universidades públicas valencianas y que, además, se mantienen una o dos reuniones al año con profesores de Bachillerato.

Respecto al contenido del examen de Matemáticas II, afirma que, según los propios vocales correctores «el nivel de dificultad no es tan superior al de cursos anteriores» y «no es el examen más difícil de la historia» de la Comunitat Valenciana. Sí es cierto, apunta, que en algunas preguntas se plantean al alumno cosas de una manera que puede no ser la forma en la que se lo han pedido siempre pero «no rebuscada» y, desde luego, «siempre dentro del currículum».

Gil achaca la magnitud del debate a «los nervios» propios de estas pruebas y a la acción multiplicadora de las redes sociales. En cualquier caso, ha recordado que, una vez se conozcan las notas, existe la posibilidad de reclamar y pedir una segunda corrección.

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Hasta 72.121 euros por fallecido en el accidente de tren de Urda: todas las ayudas e indemnizaciones aprobadas por el Gobierno

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El Consejo de Ministros aprueba un paquete de 30 millones de euros con ayudas directas para las víctimas y anticipos de las indemnizaciones. Las cantidades serán compatibles con otras compensaciones y estarán exentas de tributación.

El Gobierno ha aprobado este martes un paquete extraordinario de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que contempla hasta 72.121,46 euros por cada persona fallecida y compensaciones de entre 2.404 y 84.000 euros para los heridos, en función de la gravedad de las lesiones.

El real decreto ley establece un fondo de 30 millones de euros y recoge ayudas directas complementarias a las indemnizaciones que correspondan a las víctimas y sus familias. Además, incorpora un sistema de anticipos de las indemnizaciones por responsabilidad civil para que los afectados puedan recibir apoyo económico sin tener que esperar a que concluyan los procedimientos administrativos y judiciales.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado las medidas tras el Consejo de Ministros, que ha aprobado un esquema similar al que se puso en marcha tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Cuánto dinero recibirán las víctimas del accidente de Urda

Las ayudas económicas aprobadas por el Ejecutivo varían en función de las consecuencias del accidente:

  • Por fallecimiento: 72.121,46 euros.
  • Por lesiones corporales: entre 2.404 y 84.000 euros, dependiendo de la gravedad.

Estas cantidades tienen carácter de ayudas directas no reembolsables, están exentas de tributación y son compatibles con otras ayudas o indemnizaciones que puedan corresponder a los afectados.

El paquete cuenta con una dotación de 30 millones de euros y pretende proporcionar una primera respuesta económica a las familias de las víctimas mortales y a las personas que han resultado heridas.

Ayudas compatibles con las indemnizaciones por responsabilidad civil

Una de las principales novedades del decreto es que las ayudas públicas no sustituyen a las indemnizaciones que puedan corresponder a las víctimas. Se trata de cantidades complementarias y compatibles con las compensaciones que se determinen por responsabilidad civil.

El Gobierno también ha aprobado un sistema de anticipos de esas indemnizaciones. El objetivo es que los afectados puedan disponer de recursos económicos antes de que terminen las investigaciones y los procedimientos judiciales o administrativos.

De esta forma, las familias no tendrán que esperar a que se establezcan todas las responsabilidades para recibir el apoyo económico previsto en el decreto.

Protección especial para los trabajadores afectados

El paquete aprobado por el Consejo de Ministros incluye también medidas específicas para las personas trabajadoras afectadas por el accidente ferroviario.

Según ha explicado Puente, las bajas laborales derivadas del siniestro tendrán la consideración de bajas por accidente de trabajo, lo que permitirá aplicar una protección especial en materia de Seguridad Social.

Limitación de los precios del transporte alternativo

Entre las medidas anunciadas figura también la limitación de los precios de los transportes alternativos al tren mientras se mantenga la situación de emergencia y permanezca interrumpida la línea ferroviaria.

Puente ha denunciado que las tarifas de algunos medios de transporte se han multiplicado por ocho o nueve tras el accidente y ha defendido la necesidad de evitar incrementos desproporcionados para los viajeros que necesitan desplazarse.

El ministro ha explicado que el Gobierno ha aprobado este mecanismo después de que el Parlamento rechazara anteriormente una iniciativa para disponer de este instrumento.

Un plan extraordinario para reforzar la seguridad ferroviaria

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a un plan extraordinario para mejorar la seguridad de la alta velocidad en España. Según ha anunciado el titular de Transportes, las actuaciones se desplegarán en varios ámbitos: innovación tecnológica, protocolos de control, seguridad y recursos humanos.

El objetivo es reforzar el sistema ferroviario y recuperar la confianza de los usuarios tras el accidente.

Puente ha avanzado, además, que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría volver a estar operativa en un plazo máximo de diez días, aunque inicialmente funcionaría con menos frecuencias. La intención es recuperar el servicio con las máximas garantías de fiabilidad y reducir las consecuencias de posibles incidencias.

Las tres grandes medidas aprobadas tras el accidente

El paquete presentado por el Gobierno se articula en tres grandes áreas:

  1. Ayudas a las víctimas y sus familias: 30 millones de euros, con 72.121,46 euros por fallecimiento y entre 2.404 y 84.000 euros por lesiones.
  2. Protección de los viajeros: limitación de los precios del transporte alternativo mientras continúe interrumpida la conexión ferroviaria.
  3. Seguridad ferroviaria: puesta en marcha de un plan extraordinario de mejoras tecnológicas, de control y de recursos humanos.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca ofrecer apoyo económico inmediato a los afectados, proteger a los viajeros durante la interrupción del servicio y reforzar la seguridad de la red ferroviaria.

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