El Tribunal Constitucional estudia este miércoles, 21 de octubre, si admite a trámite el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión cautelar del derecho al voto de parte de los españoles nacionalizados al amparo de la conocida como Ley de Nietos, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La decisión llega en plena controversia sobre cómo aplicar la resolución del Tribunal Supremo, que limita el ejercicio del voto de los nuevos nacionalizados a quienes puedan acreditar documentalmente que descienden de personas exiliadas. Al recurso del Defensor del Pueblo se ha sumado un ciudadano afectado por la suspensión.

Los letrados del Constitucional ven prematuro admitir el recurso

Un informe de los letrados del Tribunal Constitucional considera que sería «prematuro» admitir el recurso de amparo en este momento. No obstante, la decisión corresponde al Pleno del tribunal, que debe determinar si lo tramita.

Según los datos aportados por la Abogacía del Estado, 163.020 personas han sido incorporadas al censo electoral tras obtener la nacionalidad mediante la Ley de Nietos. La controversia se centra ahora en determinar quiénes podrán votar en los comicios del 29-N conforme a los criterios establecidos por el Supremo.

El problema de comprobar los documentos antes del 29-N

La verificación de los expedientes se ha convertido en uno de los principales obstáculos. Exteriores ha puesto en marcha un procedimiento para trasladar a la Oficina del Censo Electoral la información de los nacionalizados antes de 2025, cuando comenzó a funcionar el sistema DICIREG.

Desde entonces se han inscrito alrededor de 70.000 personas cuyos datos ya están disponibles para la Oficina del Censo. Para los expedientes anteriores, las comprobaciones requieren revisar manualmente la documentación aportada para acceder a la nacionalidad por la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática.

Un total de 48 oficinas consulares han completado, de forma total o parcial, este proceso. El Ministerio de Exteriores ha advertido, sin embargo, de la dificultad de finalizar las comprobaciones a tiempo para las elecciones.

La Junta Electoral enviará la documentación, pero no todos podrán votar

La Junta Electoral Central acordó remitir la documentación electoral a todas las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), aunque ha advertido de que el envío no significa que todos puedan ejercer finalmente el derecho al voto.

El objetivo es que quienes no estén afectados por la resolución del Supremo reciban a tiempo los documentos necesarios para participar en las elecciones. El alto tribunal ha dado a las partes personadas un plazo para presentar alegaciones sobre la decisión de la Junta Electoral Central, que concluye este miércoles a las 15.00 horas.

Entre las partes emplazadas figuran la Abogacía General del Estado, la Fiscalía y los partidos Vox e Iustitia Europa.

También comienza el plazo para presentar las candidaturas

La deliberación del Constitucional coincide con el inicio del plazo para presentar las listas electorales al Congreso y al Senado. Los partidos y coaliciones pueden registrar sus candidaturas ante las juntas electorales provinciales desde este miércoles, 21 de octubre, hasta el lunes 26 de octubre.

Las formaciones afrontan estos días las negociaciones para cerrar sus listas y concretar los acuerdos electorales de cara a los comicios del 29 de noviembre.

La resolución del Constitucional sobre la Ley de Nietos será clave para conocer si el recurso del Defensor del Pueblo sigue adelante. La admisión a trámite no supondría por sí misma una resolución definitiva sobre el fondo del asunto ni garantizaría automáticamente el voto de todas las personas afectadas.