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España administrará la vacuna de AstraZeneca a personas de 18 a 55 años

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Madrid, 5 feb (EFE).- La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha decidido finalmente que la vacuna de AstraZeneca, de la que empezarán a llegar las primeras dosis este fin de semana, se va a administrar por el momento solo a las personas de entre 18 y 55 años.

Así lo ha decidido la Comisión en la tercera reunión de la semana y en la que ha estado deliberando si el corte de edad debía establecerse a los 65 o a los 55 años, según han informado a Efe fuentes que han participado en esa Comisión.

De esta forma, España se alinea con otros países como Bélgica o Italia, que han establecido el mismo tramo de edad y que es para el que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) emitió su dictamen favorable el pasado viernes, mientras que otros como Alemania o Francia lo han elevado a 65.

El motivo es que en los ensayos de AstraZeneca empezaron a realizarse en personas de entre 18 y 55 años, y meses después se incorporaron otras de entre 56 y 69, por lo que su eficacia no ha sido lo suficientemente comprobada en este grupo de población.

No obstante, la comunidad científica insiste en que ello no significa que esta vacuna no sea segura, sino de que se necesitan más ensayos para demostrar que es efectiva en los mayores de 55 años.

Hoy es el único punto que han abordado los técnicos del Ministerio y los directores generales de las comunidades que conforman la Comisión, pero ayer ya decidieron reservar las primeras dosis de AstraZeneca a los profesionales sanitarios y sociosanitarios en activo que no sean de primera línea que no se encuentren en los grupos 2 y 3 de la estrategia de vacunación.

El primero lo conforman los profesionales de primera línea de los dos ámbitos y, el segundo, otro personal sanitario y sociosanitario que, aun no siendo de primera línea,hay que priorizar por su riesgo de exposición al virus (trabajadores de ámbito hospitalario y de atención primaria; personal de odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos).

También decidieron establecer un intervalo de 10 a 12 semanas entre dosis de esta vacuna y reservar las de ARN mensajero -que de las aprobadas son solo, de momento, las de Pfizer y Moderna- a los mayores de 80 años.

Fuentes próximas a la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones que ha elaborado la estrategia de vacunación indican a Efe que esta decisión no implica grandes cambios, aunque sí que habrá que hacer reajustes en los grupos prioritarios porque el plan hay que adaptarlo constantemente a la disponibilidad y características de las vacunas que van llegando.

De la misma opinión se mostró el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, que consideró que si se descartaba finalmente el preparado de AstraZeneca para los mayores no será necesario reajustar «mucho» el calendario, siempre que las farmacéuticas cumplan las entregas previstas.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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