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España pide a la UE actuar ante la nueva cepa del virus, que podría estar en varios países

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Afectados Dana Valencia

Madrid, 20 dic (EFE).- Con los contagios en ligero descenso y en vísperas de arrancar la semana de la Navidad con un aumento de la movilidad, el Gobierno ha pedido a la Unión Europea (UE) una respuesta coordinada sobre si prohibir los vuelos con el Reino Unido tras confirmarse una nueva cepa del virus, que podría estar circulando por varios países.

Tras conocer el anuncio de varios países de suspender sus vuelos con el Reino Unido, como Italia o Países Bajos, el Ejecutivo ha trasladado esta petición a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y al presidente del Consejo, Charles Michel, que viene derivada por una variante que, según indica la evidencia científica, acelera hasta un 70 % más la transmisión del virus.

De hecho, la situación actual puede verse condicionada por esta nueva variante del virus detectada en el Reino Unido, que podría estar infectando desde hace unas semanas a ciudadanos de varios países europeos, según sostiene el catedrático de farmaco-epidemiologia de la Universidad de Oxford, Daniel Prieto.

Unos veinte millones de personas están confinadas desde este domingo en Londres y su área metropolitana por el aumento de contagios, al parecer por la mutación del virus, que el Reino Unido ha comunicado a la Organización Mundial de Salud (OMS), un cambio que lo hace más contagioso.

El experto ha explicado que desde hace un mes ya se hablaba en el ámbito científico de una posible mutación del virus, si bien ha indicado que es pronto para señalar si esa mutación es la causante del aumento súbito de casos en Londres, Alemania, Italia o España.

Precisamente con relación a este asunto, la consellera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés, ha reclamado al Gobierno que prohíba los vuelos con el Reino Unido «para proteger a los ciudadanos en medio de la incertidumbre existente», ha escrito en Twitter.

Y mientras el Ejecutivo reclama a Europa una respuesta «desde la coordinación, evitando la unilateralidad», los contagios en nuestro país se reducen ligeramente en la mayoría de las comunidades autónomas, de las cuales solo Extremadura ha informado este domingo de un endurecimiento de las restricciones en su plan inicial.

Ante el incremento en la incidencia acumulada, Extremadura ha establecido el nivel 3 en la región que se traduce en la reducción a un máximo de seis personas en las reuniones sociales y locales de hostelería, fijando ahora el toque de queda a las 00.00 horas.

Eso sí, se mantiene el máximo de diez personas en Nochebuena y Nochevieja pero siempre que sean de la misma familia, no allegados, y solo se alarga media hora el toque de queda, hasta las 00.30.

Se cumple así la advertencia del Gobierno regional de que el plan de Navidad decaería si se llegaba a una incidencia de 250 (ahora, 247), si bien los contagios han descendido este domingo.

De hecho es la tendencia que se aprecia en la mayoría de las comunidades autónomas que han facilitado datos este domingo -Sanidad no lo hace en fin de semana.

Navarra, Extremadura, Castilla y León, Asturias, País Vasco, Andalucía, Galicia y Baleares – que ha iniciado hoy sus controles sanitarios a los viajeros nacionales- han informado de cifras sensiblemente inferiores a las del sábado, mientras que Canarias se mantiene estable y Melilla repunta ligeramente.

Especialmente llamativo es el caso de la Comunidad de Madrid, que ha registrado este domingo un muy significativo descenso en los contagios con 1.046, respecto a los 2.376 notificados el sábado.

No obstante y como sucede también en otras regiones del país, el número de fallecidos en Madrid aumenta ligeramente del mismo modo que la presión hospitalaria, tanto en planta como en las UCI.

Con este escenario, aun hay que lamentar comportamientos como el de la pasada madrugada en Sevilla con el desalojo de 55 personas que participaban en una despedida de soltero en un prostíbulo, incumpliendo tanto los horarios como las medidas sanitarias, o en León, donde nueve personas fueron sancionadas por celebrar una fiesta en una carbonera de un inmueble de la ciudad.

Es por ello que las entidades médicas instan una y otra vez a la población a cumplir las normas frente al coronavirus en Navidades, como ha hecho este domingo la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, que ha impulsado una declaración en la que advierte de que puede ser necesario un «freno de mano de urgencia» ante un eventual empeoramiento de la situación en la región.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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