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Estas son las medidas de prevención de la fase 3 avanzada en la Comunitat Valenciana

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El Consell ha acordado la adopción de medidas de prevención ante la COVID-19, una vez se levante el estado de alarma, con el objetivo de asegurar que las actividades en las que se pueda producir una mayor posibilidad de transmisión de la enfermedad se desarrollen en condiciones que permitan controlar el riesgo.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión semanal del Gobierno valenciano, ha insistido en que, con estas medidas, «se pretende dar apoyo a la reactivación económica y social, minimizando el riesgo para la salud pública».

A este respecto, la vicepresidenta ha hecho hincapié en que las medidas adoptadas por el Consell «han de venir necesariamente acompañadas por la prudencia y la responsabilidad individual, de manera que la autoprotección se convierta también en medida eficaz para proteger a los otros».

Las medidas adoptadas por el Consell, por tanto, producirán efectos en todo el territorio de la Comunitat Valenciana a partir del 21 de junio, cuando concluya el estado de alarma, y hasta la finalización de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Oltra ha señalado que «los servicios de inspección municipales y autonómicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, serán los encargados de vigilar el cumplimiento de las medidas».

Medidas previstas

Entre las medidas previstas en el anexo del acuerdo, hay que destacar la obligación general relativa a la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros o, en su defecto, medidas alternativas de protección física con el uso de mascarillas de higiene adecuadas.

Se establecen también medidas de higiene en todas las actividades, como limpieza de locales y ropa de trabajo; ventilación de instalaciones; disponibilidad de materiales de prevención; pago preferente con tarjeta; o señalización de distancia de seguridad para clientes, entre otras.

Asimismo, se concretan otras adicionales para centros comerciales, establecimientos de hostelería y restauración, para celebración de actos de culto religioso, en piscinas de uso deportivo o en instalaciones deportivas.

También se establecen limitaciones de aforo y medidas específicas por sectores, como actos religiosos; actividades educativas, de tiempo libre y parques infantiles; bibliotecas, archivos, museos, cines o teatros, entre otros; instituciones feriales; transportes, etc.

Iniciativas ante la COVID-19

Por otra parte, el Consell también ha aprobado una serie de iniciativas de las distintas conselleries para hacer frente a la COVID-19 en diferentes sectores, por un importe superior a 10,4 millones de euros.

De este modo, el Consell ha aprobado el decreto de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas urgentes, por valor de 3 millones de euros, para las empresas que prestan transporte público regular de viajeros de uso general competencia de la Generalitat «y que se hayan visto afectadas como consecuencia de la COVID-19, con la finalidad de mantener la prestación de estos servicios», ha explicado la vicepresidenta.

Además, el Gobierno valenciano ha autorizado la contratación de emergencia de 15.000 tabletas con conectividad, por un importe de 3,8 millones de euros, para ponerlas a disposición de los centros educativos y distribuirlas en el alumnado con mayores necesidades.

Estos aparatos se suman a una remesa anterior adquirida por la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico «con el fin de garantizar que todo el alumnado pueda acceder a la educación a distancia mientras haya alteraciones de la actividad lectiva presencial», ha indicado Oltra.

Asimismo, la Conselleria de Hacienda ha gestionado la adquisición der 1.500 ordenadores portátiles y 600 monitores con elementos de videoconferencia, por un importe de 1,5 millones de euros, para garantizar el teletrabajo del personal de la Administración del Consell.

Por su parte, Turisme Comunitat Valenciana ha contratado la instalación de pasarelas desmontables, rígidas y con un ancho especial, por un presupuesto de 1,2 millones de euros, para garantizar el distanciamiento mínimo de dos metros en los accesos a las playas valencianas, dentro de las recomendaciones surgidas por la evolución de la pandemia del coronavirus.

Finalmente, en lo que respecta a las medidas de higiene y protección, el Consell ha autorizado la contratación de emergencia del suministro de mascarillas, gel hidroalcohólico, equipos de protección y refuerzo de servicios de limpieza en las instalaciones del Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (IVASS); centros escolares dependientes de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte; centros Labora, Servicio Valenciano de Empleo y Formación; y oficinas PROP. El importe global asciende a 908.000 euros.

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El juez da tres días a Zapatero para entregar toda la documentación sobre las joyas halladas en su despacho

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joyas Zapatero
Joyas localizadas en una caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un plazo de tres días a José Luis Rodríguez Zapatero para aportar toda la documentación que tenga en su poder sobre las joyas intervenidas en su despacho durante el registro realizado el pasado 19 de mayo.

La decisión se produce cuatro meses después del hallazgo de las piezas y mientras continúa la investigación del denominado caso Plus Ultra. El magistrado ha acordado además solicitar un nuevo informe pericial gemológico y joyero para determinar las características y el valor de las joyas.

El juez quiere saber cuánto valen las joyas de Zapatero

El nuevo análisis será realizado por la Joyería Yanes y deberá estudiar de forma individualizada cada una de las piezas intervenidas.

En concreto, el informe deberá determinar:

  • La descripción detallada de cada joya.
  • Los metales preciosos utilizados en su fabricación.
  • Las piedras preciosas o gemas que incorpora cada pieza.
  • Las marcas del fabricante, contrastes oficiales, numeraciones, grabados y otros elementos identificativos.
  • La antigüedad aproximada de las joyas, cuando pueda determinarse.
  • Cualquier otra circunstancia técnica relevante para la investigación.
  • El valor de reposición actual de cada joya.
  • El valor conjunto de todo el lote intervenido.

El juez considera que esta nueva diligencia es «pertinente, útil y necesaria» para esclarecer los hechos investigados y determinar la posible relevancia penal de las piezas intervenidas.

Zapatero tiene tres días para entregar la documentación

Además del informe pericial, Calama ha requerido a Rodríguez Zapatero para que, en un plazo de tres días, presente «toda la documentación que se encuentre en su poder» relacionada con las joyas.

El requerimiento busca aportar información sobre el origen, características y posible titularidad de las piezas encontradas en el despacho del expresidente del Gobierno.

Contra la resolución cabe presentar recurso de reforma en el plazo de tres días y recurso de apelación en cinco días.

Las joyas fueron encontradas en el registro del despacho

Las piezas fueron intervenidas durante el registro del despacho de Zapatero llevado a cabo el 19 de mayo en el marco de la investigación judicial del caso Plus Ultra.

El hallazgo de las joyas ha generado una de las líneas de investigación que ahora el juez pretende concretar mediante el nuevo informe pericial. La valoración de cada pieza y del conjunto permitirá incorporar al procedimiento datos objetivos sobre su naturaleza y valor económico.

Zapatero se refirió públicamente a las joyas por primera vez meses después de su hallazgo y aseguró que «son de la familia».

Las hijas de Zapatero declararán como investigadas

En la misma resolución, el juez Calama ha fijado también las declaraciones de Laura Rodríguez y Alba Rodríguez, hijas del expresidente, en calidad de investigadas.

Laura Rodríguez está citada el 30 de noviembre a las 09:00 horas, mientras que Alba Rodríguez deberá comparecer ese mismo día a las 12:00 horas.

Ambas fueron imputadas en junio dentro de la investigación que analiza, entre otros aspectos, las presuntas irregularidades relacionadas con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Además, el juez ha citado como testigos el 19 de noviembre a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI, y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.

La investigación continúa abierta y las diligencias acordadas por el juez buscan determinar las circunstancias de los hechos investigados.

 

El informe pericial cifra las joyas en más de 1,3 millones de euros

Según la valoración realizada por la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español, las piezas localizadas incluyen collares, pulseras, anillos, pendientes y relojes de alta gama elaborados en oro de 18 y 22 quilates, diamantes, zafiros, rubíes y esmeraldas procedentes de distintos países.

Entre las joyas de mayor valor destacan:

  • Un collar de oro blanco con diamantes y esmeraldas naturales valorado en 278.000 euros.
  • Otro collar con trece zafiros tasado en 220.000 euros.
  • Una pieza con diamantes y cinco rubíes naturales valorada en 155.000 euros.
  • Pulseras de hasta 100.000 euros.
  • Pendientes con esmeraldas y diamantes tasados en 80.000 euros.

Además, el inventario incluye varios relojes de marcas como Omega, Longines, Pierre Balmain o Lorenz.

El juez investiga el origen de las piezas

La Audiencia Nacional ha abierto una nueva línea de investigación por presuntos delitos fiscales y de contrabando, al considerar que el origen de las joyas encontradas en una caja fuerte del despacho del expresidente no estaría debidamente justificado.

La causa se enmarca en una pieza separada del denominado ‘caso Plus Ultra’ y se encuentra actualmente en fase de instrucción.

Luis Arroyo reconoce el error

Tras conocerse el contenido del peritaje, Luis Arroyo ha reconocido públicamente que sus primeras declaraciones sobre el valor de las joyas fueron erróneas y ha pedido perdón por las informaciones facilitadas inicialmente.

La revelación del valor de las piezas ha incrementado la repercusión política y judicial del caso, mientras continúan las diligencias para determinar la procedencia y la situación fiscal de los bienes intervenidos.

 

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