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Estas son las medidas de prevención de la fase 3 avanzada en la Comunitat Valenciana

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El Consell ha acordado la adopción de medidas de prevención ante la COVID-19, una vez se levante el estado de alarma, con el objetivo de asegurar que las actividades en las que se pueda producir una mayor posibilidad de transmisión de la enfermedad se desarrollen en condiciones que permitan controlar el riesgo.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión semanal del Gobierno valenciano, ha insistido en que, con estas medidas, «se pretende dar apoyo a la reactivación económica y social, minimizando el riesgo para la salud pública».

A este respecto, la vicepresidenta ha hecho hincapié en que las medidas adoptadas por el Consell «han de venir necesariamente acompañadas por la prudencia y la responsabilidad individual, de manera que la autoprotección se convierta también en medida eficaz para proteger a los otros».

Las medidas adoptadas por el Consell, por tanto, producirán efectos en todo el territorio de la Comunitat Valenciana a partir del 21 de junio, cuando concluya el estado de alarma, y hasta la finalización de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Oltra ha señalado que «los servicios de inspección municipales y autonómicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, serán los encargados de vigilar el cumplimiento de las medidas».

Medidas previstas

Entre las medidas previstas en el anexo del acuerdo, hay que destacar la obligación general relativa a la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros o, en su defecto, medidas alternativas de protección física con el uso de mascarillas de higiene adecuadas.

Se establecen también medidas de higiene en todas las actividades, como limpieza de locales y ropa de trabajo; ventilación de instalaciones; disponibilidad de materiales de prevención; pago preferente con tarjeta; o señalización de distancia de seguridad para clientes, entre otras.

Asimismo, se concretan otras adicionales para centros comerciales, establecimientos de hostelería y restauración, para celebración de actos de culto religioso, en piscinas de uso deportivo o en instalaciones deportivas.

También se establecen limitaciones de aforo y medidas específicas por sectores, como actos religiosos; actividades educativas, de tiempo libre y parques infantiles; bibliotecas, archivos, museos, cines o teatros, entre otros; instituciones feriales; transportes, etc.

Iniciativas ante la COVID-19

Por otra parte, el Consell también ha aprobado una serie de iniciativas de las distintas conselleries para hacer frente a la COVID-19 en diferentes sectores, por un importe superior a 10,4 millones de euros.

De este modo, el Consell ha aprobado el decreto de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas urgentes, por valor de 3 millones de euros, para las empresas que prestan transporte público regular de viajeros de uso general competencia de la Generalitat «y que se hayan visto afectadas como consecuencia de la COVID-19, con la finalidad de mantener la prestación de estos servicios», ha explicado la vicepresidenta.

Además, el Gobierno valenciano ha autorizado la contratación de emergencia de 15.000 tabletas con conectividad, por un importe de 3,8 millones de euros, para ponerlas a disposición de los centros educativos y distribuirlas en el alumnado con mayores necesidades.

Estos aparatos se suman a una remesa anterior adquirida por la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico «con el fin de garantizar que todo el alumnado pueda acceder a la educación a distancia mientras haya alteraciones de la actividad lectiva presencial», ha indicado Oltra.

Asimismo, la Conselleria de Hacienda ha gestionado la adquisición der 1.500 ordenadores portátiles y 600 monitores con elementos de videoconferencia, por un importe de 1,5 millones de euros, para garantizar el teletrabajo del personal de la Administración del Consell.

Por su parte, Turisme Comunitat Valenciana ha contratado la instalación de pasarelas desmontables, rígidas y con un ancho especial, por un presupuesto de 1,2 millones de euros, para garantizar el distanciamiento mínimo de dos metros en los accesos a las playas valencianas, dentro de las recomendaciones surgidas por la evolución de la pandemia del coronavirus.

Finalmente, en lo que respecta a las medidas de higiene y protección, el Consell ha autorizado la contratación de emergencia del suministro de mascarillas, gel hidroalcohólico, equipos de protección y refuerzo de servicios de limpieza en las instalaciones del Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (IVASS); centros escolares dependientes de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte; centros Labora, Servicio Valenciano de Empleo y Formación; y oficinas PROP. El importe global asciende a 908.000 euros.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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