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Estas son las mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios valencianos

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jornada laboral de 4 dias

El pleno del Consell ha aprobado el decreto por el que se regulan las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Generalitat, que introduce mejoras en las condiciones personales y profesionales del empleado público y aúna las medidas que se han venido aprobando a lo largo de los doce años transcurridos desde la entrada en vigor del actual decreto 175/2006, de 24 de noviembre.

El nuevo texto deroga el decreto de 2006 que supuso en su momento un avance significativo de la normativa existente sobre jornada, horarios, permisos y vacaciones del personal al servicio de la Administración de la Generalitat para incorporar todos los cambios que, sobre esta materia, se han venido aprobando en diferentes normas y acabar con la dispersión normativa.

Así, incorpora y adapta la Ley 7/2007, por la que se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público que supuso una serie de avances en materia de permisos por conciliación de a vida personal, familiar y laboral; y la Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana (LOGFPV), que profundiza en la mejora de esas condiciones laborales.

Además, recientemente, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, también ha introducido en el texto de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) importantes modificaciones en esta materia que han obligado a adaptar el régimen de condiciones de trabajo previsto en la normativa autonómica.

También contempla los acuerdos, fruto de las negociaciones con las organizaciones sindicales, que mejoran de forma notable las condiciones de trabajo de los empleados públicos y que posteriormente han sido ratificados por el Consell.

Por todo ello, se hacía necesario un nuevo decreto que aunara todas las modificaciones aprobadas hasta la fecha para acabar con la dispersión normativa y que incorporara las novedades y mejoras en la materia.

Medidas en materia de igualdad

Entre otros, el decreto aprobado incorpora en su articulado medidas incluidas en el II Plan de Igualdad de la Administración de la Generalitat de marzo de 2017.  Estas medidas incluyen importantes novedades en materia de igualdad y, en especial, para las víctimas de violencia de género, pues reconoce el derecho de las empleadas que hayan sufrido maltrato a la reducción de un tercio de la jornada sin que ello conlleve reducción de haberes.

Entre estas medidas, se incluye el derecho de las empleadas a acumular en jornadas completas por el tiempo que resulte estrictamente necesario el permiso por cuidado de hijo o hija menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave; la reducción de la jornada en dos horas y media semanales en los periodos de vacaciones escolares y la preferencia de quienes tengan hijas e hijos menores de 14 años para la elección del disfrute de las vacaciones o los días por asuntos propios.

De este modo, el decreto de condiciones de trabajo aprobado por el Consell no solo incorpora las medidas previstas en las normas con rango de ley, tanto de carácter básico como autonómico, sino también todas aquellas acordadas con las organizaciones sindicales.

Compatibilizar vida familiar y profesional

El decreto supone una apuesta por profundizar en la mejora de las condiciones personales y profesionales del personal empleado público, haciendo compatible su dedicación profesional con su vida personal y familiar, así como en el fomento de la corresponsabilidad, entendida como el necesario reparto de las tareas domésticas y responsabilidades familiares entre quienes forman parte de un hogar. También en la adopción de medidas de acción positiva para las mujeres víctimas de violencia de género.

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La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude con fondos de la UE para las pulseras antimaltrato en España

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La investigación afecta a las ayudas europeas destinadas a los dispositivos telemáticos de control de agresores y contempla actuaciones en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas.

La Fiscalía Europea (EPPO) investiga un presunto fraude relacionado con los fondos de la Unión Europea destinados a la adquisición de las pulseras telemáticas utilizadas para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y otras medidas judiciales en casos de violencia de género en España.

El organismo europeo ha anunciado este jueves que está llevando a cabo actuaciones de investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, en el marco de las diligencias abiertas para esclarecer posibles irregularidades en el uso de los fondos comunitarios destinados a estos dispositivos.

La investigación pone el foco en el sistema de control telemático empleado para supervisar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género. Se trata de los dispositivos conocidos como pulseras antimaltrato, utilizados para detectar posibles incumplimientos de las órdenes judiciales de alejamiento.

La investigación afecta a los fondos europeos para las pulseras telemáticas

La Fiscalía Europea tiene entre sus competencias investigar posibles delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea, entre ellos el fraude relacionado con fondos comunitarios.

En este caso, las actuaciones se centran en los recursos europeos destinados a la adquisición de los dispositivos de seguimiento telemático utilizados en España para controlar a los agresores y reforzar la protección de las víctimas.

La investigación deberá esclarecer si se produjeron irregularidades en la gestión o utilización de estas partidas económicas. Por el momento, la existencia de una investigación por presunto fraude no implica que se hayan acreditado responsabilidades penales.

Las pulseras antimaltrato, bajo el foco por sus problemas de funcionamiento

El sistema de pulseras telemáticas ha estado en el centro de la polémica por los problemas técnicos registrados en los últimos años y las dudas sobre su funcionamiento.

El Tribunal de Cuentas ya había señalado en septiembre de 2026 graves deficiencias en la contratación y supervisión del servicio. Entre los problemas detectados figuraban interrupciones, errores de geolocalización, fallos en la autonomía de las baterías y retrasos en las reparaciones.

Estas incidencias habían generado preocupación por la eficacia del sistema, cuya finalidad es controlar las medidas de alejamiento y contribuir a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

La nueva investigación de la Fiscalía Europea abre ahora otro frente sobre la gestión de los recursos económicos procedentes de la Unión Europea destinados a estos dispositivos.

 

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