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Estas son las nuevas medidas y así te afectan

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Pedro Sanchez

En su intervención inicial, el jefe del Ejecutivo ha destacado ante el Pleno del Congreso que es «plenamente consciente» de las dificultades cotidianas que la mayoría de los ciudadanos sufre por culpa de la escalada de los precios, una consecuencia del encadenamiento de la pandemia y la guerra en Ucrania que ha encarecido, sobre todo, la energía y los alimentos básicos.

La inflación, ha explicado, es ahora el principal reto que afrontan España y la mayoría de economías mundiales. Respecto a las perspectivas para los próximos meses, Sánchez ha apuntado que dependerán de la duración de la guerra, de la marcha de economías como la china y del suministro de gas desde Rusia hacia Europa, así como de la eficacia de las medidas que se adopten para evitar una espiral inflacionista.

El presidente ha llamado a no caer en el catastrofismo, ya que, aunque la economía española va a crecer menos de lo esperado, está creando empleo de calidad, los sectores más estratégicos funcionan ya casi a pleno rendimiento, los fondos europeos están teniendo un impacto real y las medidas adoptadas, como el tope al gas, ayudarán a enfriar los precios.

Sánchez ha asegurado que el Gobierno va a ir «a por todas» en la defensa de la mayoría social, de la clase media y trabajadora, de modo que las consecuencias de la guerra se repartan de forma justa y equitativa y no recaigan sobre los más vulnerables. Y, al mismo tiempo, seguirá modernizando el país: «Estamos construyendo el futuro, mirando hacia adelante y no vamos a detenernos».

Nuevas medidas en favor de la mayoría social

Además de las medidas contenidas inicialmente en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, prorrogadas y ampliadas en el Real Decreto-ley cuya convalidación en el Congreso se votará esta semana -bonificación del carburante, limitación de la subida del alquiler, descuentos en los impuestos a la electricidad que suponen una rebaja total del 80% del recibo o la ayuda de 200 euros para personas vulnerables-, el presidente ha anunciado la bonificación al 100% de todos los abonos de varios viajes para los trenes de servicio público de Cercanías, Rodalies y media distancia operados por Renfe. De esta forma, los abonos para varios viajes serán gratuitos del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Esta iniciativa se suma a la rebaja del 30% para los abonos del resto de transporte urbano y metropolitano, que las comunidades autónomas pueden complementar hasta el 50% o el 60%.

En segundo lugar, se pondrá en marcha un impuesto a las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras. De carácter excepcional y temporal, gravará los beneficios extraordinarios obtenidos en 2022 y 2023. Se estima una recaudación anual de 2.000 millones de euros al año.

También se aprobará un impuesto a las entidades bancarias de carácter excepcional y temporal. Tendrá una duración de dos años, sobre los ejercicios 2022-2023, y se estima que recaudará en torno a 1.500 millones de euros al año.

El Gobierno seguirá asimismo alentando a los agentes sociales a alcanzar un pacto de dividendos y rentas, que permita contener la subida de los precios y repartir de forma justa los costes y los beneficios de la actual crisis. En este sentido, Sánchez ha agradecido a los representantes de la sociedad civil, agentes sociales, colectivos, ONG y organizaciones sectoriales su voluntad para llegar a acuerdos, lo que ha permitido adoptar medidas e impulsar leyes importantes, como la Reforma Laboral.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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