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Caso Esther López: una nueva jueza decidirá en 72 horas el destino del imputado por su muerte

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Esther López
Esther López

La investigación del caso Esther López, la joven asesinada en Traspinedo en enero de 2022, da un giro crucial. Una nueva jueza asumirá la decisión sobre si el principal sospechoso, Óscar S.M., será enviado a prisión provisional, tras una audiencia celebrada en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid.

Decisión en 72 horas: prisión provisional o medidas cautelares

La jueza, que acaba de asumir el caso, tiene un plazo de 72 horas para determinar si se modifica la situación del imputado. La Fiscalía considera que las medidas cautelares actuales —retirada de pasaporte y comparecencias semanales— son suficientes, mientras que las acusaciones particulares, representadas por la hermana y los padres de la víctima, argumentan riesgo de fuga y solicitan su ingreso en prisión.

Durante la audiencia, la defensa de Óscar S.M. insistió en que no existen motivos para su encarcelamiento, destacando que el imputado ha cumplido con todas las obligaciones legales y desea esclarecer los hechos. La fiscalía, aunque no apoya la prisión provisional, ha dejado abierta la posibilidad de imponer una fianza de 20.000 euros.

Concentración en Traspinedo: clamor por justicia

Mientras se celebraba la audiencia, familiares, amigos y vecinos de Traspinedo se concentraron frente al edificio judicial portando pancartas con mensajes como «Justicia para Esther». Este tipo de concentraciones se han convertido en habituales cada vez que el caso avanza en los tribunales.

Nuevas pruebas y prórroga de la instrucción

La jueza ha decidido prorrogar la instrucción del caso por seis meses para incorporar nuevas pruebas solicitadas por la defensa. Entre ellas, destacan declaraciones de agentes de la Guardia Civil y el análisis de grabaciones de drones utilizados durante la búsqueda del cuerpo de Esther López.

El relato de los hechos según la instrucción

Según el auto judicial, la madrugada del 13 de enero de 2022, Esther López fue atropellada por el vehículo de Óscar S.M. cerca de una vivienda del imputado en Traspinedo. Aunque la joven sobrevivió inicialmente al atropello, el sospechoso no pidió ayuda y esperó hasta comprobar que había fallecido. Posteriormente, ocultó el cadáver y lo arrojó en un lugar donde fue encontrado el 5 de febrero de 2022.

Una posible fianza de 205.000 euros

Además de las medidas cautelares, la jueza ha exigido a Óscar S.M. una fianza de 205.000 euros para cubrir posibles responsabilidades económicas en caso de condena.

El próximo paso en la búsqueda de justicia

La resolución que tomará la jueza en las próximas horas será clave para el desarrollo del caso y determinará si el imputado afrontará la siguiente fase del proceso judicial desde prisión o bajo las actuales medidas cautelares. Mientras tanto, la familia de Esther López y los vecinos de Traspinedo siguen exigiendo justicia y respuestas sobre lo sucedido aquella fatídica noche.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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