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ESTUDIO| Estas son las claves para evitar el fracaso escolar

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epidemia salud mental infantil

MADRID/VALÈNCIA, 1 Abr.- Diferenciar entre trastorno del espectro autista y trastorno específico del lenguaje es clave para evitar el fracaso escolar, es fundamental un diagnóstico preciso por parte de un profesional y el trabajo diario con el niño, la familia y su entorno, explica la doctora Carolina Colomer, directora clínica del Servicio de Neurorrehabilitación Pediátrica del Hospital Vithas Nisa Virgen del Consuelo de València.

La confusión entre los diagnósticos de ambas patologías se genera porque en los dos casos el niño se puede relacionar con el entorno a través del lenguaje. En los bebés, balbucear, llorar o emitir sonidos ya implica una forma de llamar la atención e intentar transmitir algún deseo o sentimiento. Esta primera etapa de desarrollo del lenguaje es fundamental y constituye una base para un correcto progreso del lenguaje en el futuro, pero en ocasiones no lo garantiza.

La doctora Colomer explica que «existen dos trastornos del neurodesarrollo que resultan muy complicados de distinguir durante la infancia con respecto a cómo se desarrolla la comunicación. Estamos hablando del trastorno del espectro autista (TEA) y el trastorno específico del lenguaje (TEL). Aunque la comunicación es un factor fundamental a considerar para averiguar ante qué trastorno nos encontramos, también habría que valorar otras muchas habilidades cognitivas».

El trastorno específico del lenguaje (TEL) se manifiesta en un retraso en su adquisición en niños que no tienen discapacidad auditiva ni sufren ningún otro problema en su desarrollo.

Por su parte, el trastorno del espectro autista (TEA) es un grupo de afecciones caracterizadas por la alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje con diferentes grados de afectación, así como un repertorio de intereses y actividades restringidos, estereotipados y repetitivos.

Según la Dra. Colomer, «la confusión entre los diagnósticos de ambas patologías se genera porque en los dos casos el niño no se puede relacionar con el entorno a través del lenguaje, ya sea porque se encuentra alterado, sea escaso o por su ausencia total. Además, puede presentar problemas para comprender lo que otras personas le dicen. Como consecuencia, el niño suele aislarse y evadirse, evitando así relacionarse con el medio social».

Fuente: Europa Press

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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