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EU pide 10 años de cárcel para Castedo y Alperi y 13 para Ortiz por el supuesto amaño del PGOU de Alicante

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EU pide 10 años de cárcel para Castedo y Alperi y 13 para Ortiz por el supuesto amaño del PGOU de Alicante

ALICANTE, 14 Feb. (EUROPA PRESS) –

La acusación particular ejercida por Esquerra Unida en la rama del caso Brugal relativa al presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante solicita penas que suman diez años de prisión para los exalcaldes ‘populares’ Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y 13 años para el empresario Enrique Ortiz, acusados de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. Además, a Castedo le atribuye prevaricación.

En su calificación provisional, la acusación particular solicita además para Castedo, Alperi y Ortiz una multa que cifra en 42.200.911 euros.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, también se solicitan penas para otros seis acusados entre los que se encuentran el hermano de la exalcaldesa, José Luis Castedo, y el del constructor, Virgilio Ortiz.

En el escrito de acusación, de 41 páginas, el abogado de Esquerra Unida señala que los tres acusados «principales de la trama» son los autores «intelectuales y materiales» de los delitos imputados, que tenían como objetivo «conseguir un PGOU que favoreciera los intereses» del empresario y de otros investigados en la causa.

Al respecto, el documento desgrana los distintos cargos que se imputan a los acusados, en base a los informes policiales derivados de la investigación del caso Brugal, en los que «se pone de manifiesto la influencia ejercida» por Ortiz sobre Castedo y Alperi y sobre funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, para que el empresario pudiera «imponer sus intereses» en la confección del PGOU.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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