Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

El subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, ha acudido a primera hora de la mañana a los juzgados de Catarroja para prestar declaración como testigo en la causa que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. Su testimonio es considerado uno de los más relevantes para esclarecer las decisiones técnicas y operativas adoptadas durante aquella jornada, marcada por una devastadora emergencia que dejó 230 fallecidos.

Un testigo central en la investigación

La responsabilidad técnica bajo el foco

Jorge Suárez, junto al exinspector jefe del Consorcio de Bomberos, José Miguel Basset, aparece como uno de los dos perfiles técnicos sobre los que diversos responsables políticos han desplazado la carga de decisión durante la emergencia.

Señalamientos desde el ámbito político

Tanto la exconsellera de Interior Salomé Pradas, investigada en la causa, como el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, han atribuido parte de la responsabilidad de la gestión al criterio y actuaciones de Suárez y Basset.
Entre los puntos críticos señalados se encuentra el retraso en la activación del Es Alert, que finalmente se emitió a las 20:11 horas. La magistrada instructora considera que el aviso llegó «tarde» y con deficiencias.

Otros testigos, como el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, o el asesor Marco Presa, han apuntado igualmente hacia la cadena técnica de Emergencias.

El papel del Cecopi: centro neurálgico del 29 de octubre

Una reunión clave

El Cecopi —Centro de Coordinación Operativa Integrada— se activó a las 17:00 h del día del temporal. Es en este espacio donde se tomaron o descartaron decisiones fundamentales relativas a evacuaciones, avisos preventivos, coordinación de cuerpos de seguridad y movilización de recursos.

La experiencia acumulada de Suárez

Con treinta años de trayectoria en emergencias de todo tipo —incendios forestales, la DANA de la Vega Baja de 2019 o la gestión de la pandemia—, Suárez es uno de los funcionarios de referencia en este ámbito en la Comunitat Valenciana.
Participó además en la implantación del sistema Es Alert durante la etapa de la exconsellera Gabriela Bravo.

Un episodio procesal llamativo

El intento fallido de personarse en la causa

En los primeros compases de la investigación centralizada en Catarroja, Suárez intentó personarse en el procedimiento y solicitó la suspensión de los plazos procesales hasta acceder al sumario completo.

Un escrito con errores y confusiones procesales

El escrito dirigido inicialmente al Juzgado de Instrucción 9 de València —sin vinculación con la causa— generó confusión, pues no especificaba por qué motivo el funcionario deseaba personarse en el procedimiento de la DANA ni en calidad de qué.
La magistrada de Catarroja llegó incluso a interpretar que Suárez podría ser familiar de una víctima, y pidió aclaraciones antes de resolver.

La petición de paralización del procedimiento no prosperó y la causa continuó su curso.

Señalamientos sindicales y posibles responsabilidades penales

Acusaciones particulares piden investigarlo

La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT), personada como acusación particular, solicitó a la jueza que Suárez fuera investigado.
El sindicato considera que determinadas actuaciones —o la falta de ellas— podrían derivar en responsabilidades penales, especialmente en relación con la gestión de la alerta pública.

Una comparecencia clave para aclarar la cadena de decisiones

La declaración de Suárez es considerada esencial para:

Determinar cómo se tomaron las decisiones

• Qué información se manejaba en tiempo real.

• Qué criterios técnicos se siguieron.

• Quién autorizó o bloqueó determinadas actuaciones.

• Por qué se retrasó el Es Alert.

Contrastar las versiones políticas

Las declaraciones de Pradas, Argüeso y otros responsables se apoyan en que confiaban en los técnicos y carecían de experiencia suficiente en emergencias.

Reconstruir minuto a minuto la gestión de la DANA

La jueza pretende aclarar la cadena de mando, la diligencia de las actuaciones y si existieron omisiones o errores graves.

Lo que puede venir ahora

Tras el testimonio de Suárez, la instructora podría:

Abrir nuevas líneas de investigación

Si de su declaración surgen decisiones no documentadas o discrepancias relevantes.

Citar a más responsables técnicos

Incluyendo mandos intermedios presentes en el Cecopi.

Requerir informes adicionales

Sobre protocolos de avisos, cronología operativa y comunicaciones internas.

Pradas entregará los mensajes de WhatsApp del 29 de octubre de 2024

La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat e investigada en la causa de la dana, Salomé Pradas, ha comunicado al Juzgado de Catarroja, encargado de instruir la gestión de las riadas que dejaron 230 muertos en la provincia de Valencia, que aportará voluntariamente las conversaciones de WhatsApp que mantuvo el 29 de octubre de 2024 con el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón y con su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca.

Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Pradas responde así al requerimiento de la magistrada, que le había solicitado este martes que, en el plazo de un día, comunicara su voluntad de entregar los mensajes intercambiados con Mazón y Cuenca el día de la devastadora dana. La jueza aludía a lo declarado por la propia Pradas en el programa Salvados de LaSexta, donde aseguró que esas conversaciones aún no se habían aportado a la causa.

La defensa asegura “máxima colaboración” con el Juzgado

A través de su defensa, Pradas expone en el escrito que esta parte “en todo momento” ha mantenido una actitud “de máxima colaboración” con el Juzgado, incluso pese a ostentar la posición procesal de persona investigada, con el objetivo firme de “facilitar el esclarecimiento de los hechos objeto de las presentes actuaciones”.

En esta línea, la exconsellera ha comunicado que aportará voluntariamente los WhatsApps, aunque aclara que, debido a la “limitación de tiempo”, ha sido “materialmente imposible” elaborar el documento que permita dar fe de la autenticidad de dichas comunicaciones. Aun así, garantiza que en cuanto esté preparado, lo entregará “de forma inmediata”.

La jueza de la DANA incorpora a la causa dos vídeos sobre la llegada de Carlos Mazón al Cecopi el 29 de octubre

La investigación judicial sobre la gestión de la DANA en la Comunitat Valenciana continúa avanzando. La magistrada del Juzgado de Catarroja que instruye el caso ha decidido añadir al procedimiento dos vídeos que registran la llegada del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de l’Eliana y al edificio donde estaba operativo el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) durante la jornada del 29 de octubre de 2024.

Los archivos audiovisuales han sido remitidos por la Conselleria de Emergencias en respuesta a un oficio de la jueza fechado el 21 de noviembre de 2025. Tras su recepción, los vídeos han quedado formalmente incorporados a la causa mediante diligencia de ordenación.

Qué muestran los vídeos incorporados por la jueza

Los dos archivos aportados recogen distintos momentos de la llegada del expresidente:

• Primer vídeo, de algo más de un minuto, donde se observa el exterior del CCE, el acceso al recinto y la entrada de los vehículos de Presidencia que trasladaban a Mazón y a su equipo.

• Segundo vídeo, de unos veinte segundos, centrado en el acceso de Mazón al edificio del Cecopi acompañado por varios asesores y el saludo al personal que lo recibe.

Ambas grabaciones permiten reconstruir con precisión la secuencia de movimientos del expresidente en torno a las 20:26 y 20:28 horas, momento en el que accede al área del Cecopi tras recorrer el tramo interno del recinto.

La declaración del responsable de seguridad: por qué se conservaron las imágenes

En la misma jornada en que se incorporaron los vídeos, la jueza tomó declaración a un coordinador de prevención y responsable de seguridad física e infraestructuras del CCE, quien compareció como testigo.

El funcionario explicó que fue él mismo quien extrajo las imágenes correspondientes a la llegada del expresidente y que decidió conservarlas más allá del plazo legal de 30 días que marca la normativa de videovigilancia. Según su testimonio, lo hizo “por precaución” y “por su relevancia”, dado que aquel día acudieron al recinto diversas autoridades, entre ellas los Reyes de España.

El testigo detalló que:

• La decisión de guardar las imágenes se tomó junto al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez.

• No existió ninguna instrucción externa ni orden de la Generalitat para preservarlas.

• La selección de las grabaciones que se conservarían se realizó durante la semana siguiente, antes de que venciera el plazo legal de borrado.

• El resto de los vídeos que no se consideraron necesarios fueron eliminados automáticamente una vez transcurridos los 30 días.

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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