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Fernando Simón: «Quedan pocas semanas, no hagamos que se conviertan en un infierno»

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Madrid, 18 feb (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este jueves que «ya queda menos» y que de aquí a pocas semanas podríamos estar «en una situación realmente buena», por lo que ha instado a no permitir que «se conviertan en un infierno».

Así se ha expresado en una rueda de prensa conjunta para dar cuenta de la evolución de la pandemia con la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, al ser preguntados si consideran que las comunidades están desescalando las medidas demasiado deprisa.

El epidemiólogo ha recordado que hay siete comunidades con una incidencia menor a los 250 casos por cada 100.000 habitantes cuando la media nacional es de 320.

Y aunque sigue siendo un «dato muy malo», a medida que ese umbral desciende y se rebaja el nivel de alerta «alguna de las medidas se puede modificar, cambiar o relajar de alguna forma», lo cual no implica, sin embargo, que se rebajen las demás: «cuantas más medidas se rebajan por un lado, mejor hay que aplicar las que quedan», ha advertido.

«Queda ya poco, queda menos, cada día que pasa es un día que ganamos a la epidemia y ahora es claro: tenemos una vacuna de la que cada vez va llegando en más cantidad, con lo cual es más probable que de aquí a pocas semanas estemos en una situación realmente buena», ha subrayado.

Pero «lo que no podemos hacer es que estas pocas semanas que nos quedan se conviertan en un infierno en lugar de un camino tranquilo y relajado hacia una buena situación».

También Calzón ha querido lanzar un mensaje de optimismo al decir que «merece la pena el esfuerzo». «Ahora sí que queda menos, no podemos estropear todo lo que hemos conseguido hasta ahora», ha abundado.

Por otra parte, y ante la divergencia de resoluciones que están dictando los tribunales en distintas comunidades sobre el cierre decretado de la hostelería, Simón ha recordado que la sentencia desfavorable del TSJPV ha supuesto «un problema para las herramientas de control» de la transmisión que tiene esta comunidad.

Pero no ha sido así en Navarra o Cantabria, «entre otras cosas, porque la evidencia que se acumula día a día sobre el impacto de las reuniones sociales en bares o en casas es cada día mayor».

«Ya es obvio, no hay prácticamente duda; de hecho, en nuestro país se observa una correlación bastante importante desde el momento en que se toma la medida del cierre de la restauración y de las grandes reuniones sociales con el control de la transmisión», ha reiterado.

Por lo que ha confiado en que los tribunales acaben aceptando este tipo de medidas para preservar la salud pública.

Sobre este mismo asunto, Calzón ha querido reiterar el apoyo del Ministerio a las distintas restricciones que imponen las comunidades, «a veces tan duras como ésta, para el bien común».

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Juicio al ‘clan Pujol’: la Fiscalía reclama más de 100 años de cárcel por blanqueo y asociación ilícita en la Audiencia Nacional

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La Audiencia Nacional inicia este lunes un juicio considerado histórico en España: el proceso penal contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol y sus siete hijos. La Fiscalía sostiene que la familia habría formado, durante décadas, una organización ilícita dedicada a obtener comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones públicas y a ocultar posteriormente ese patrimonio en Andorra.

Antes de que comience la vista, el tribunal evaluará el estado de salud de Jordi Pujol, que recibió el alta hospitalaria el pasado viernes. Está previsto que el exmandatario declare por videoconferencia desde su domicilio en Barcelona, mientras su defensa pide el archivo de la causa alegando que no se encuentra en condiciones físicas ni cognitivas para afrontar el juicio.

El ‘Pujolismo’, ante los tribunales

Para muchos, el caso simboliza el fin de una etapa política conocida como el ‘Pujolismo’, marcada por más de dos décadas de liderazgo en Cataluña. Según la acusación pública, la familia Pujol Ferrusola habría amasado una fortuna gracias al cobro de comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones irregulares y al posterior blanqueo de capitales en entidades bancarias de Andorra.

La Fiscalía imputa al clan diversos delitos, entre ellos asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental, delitos fiscales y frustración en la ejecución. Las penas solicitadas superan los 100 años de cárcel. Para Jordi Pujol se piden 9 años de prisión, mientras que para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, su esposa Mercedes Gironés y su hermano Josep, las penas solicitadas alcanzan hasta 29 años.

El resto de hijos —Oleguer, Mireia, Oriol, Pere y Marta— se enfrentan a peticiones de hasta 8 años de cárcel.

Evaluación médica de Jordi Pujol

El tribunal ha convocado al expresident para una exploración médica por videoconferencia con el objetivo de determinar si procede el archivo de su causa por demencia sobrevenida, tal como solicita su defensa basándose en informes forenses emitidos por la Audiencia Nacional.

Tras esta evaluación, el juicio continuará con dos jornadas dedicadas a cuestiones previas, en las que las defensas intentarán invalidar la causa alegando prescripción y supuestas irregularidades derivadas de la llamada Operación Cataluña.

Un macrojuicio con más de 250 testigos

El juicio se prolongará hasta mayo, con un total de 41 sesiones y la declaración de 254 testigos. Entre martes y jueves está previsto que declaren 11 personas, incluyendo una hija de Jordi Pujol Ferrusola y el asesor fiscal de la familia, Joan Anton Sánchez Carreté.

Además del clan Pujol, se sentarán en el banquillo otros 11 empresarios acusados de pagar comisiones o colaborar en operaciones de blanqueo para ocultar fondos en el extranjero.

La amnistía fiscal y los fondos en Andorra

Buena parte de los hermanos Pujol Ferrusola regularizaron su patrimonio gracias a la amnistía fiscal de 2012, lo que impidió que se les acusara por fraude fiscal debido a la prescripción. No ocurre lo mismo con Jordi y Josep Pujol Ferrusola, a quienes se atribuyen defraudaciones que superarían los 7,7 millones de euros.

La investigación también reveló una cuenta en Andbank acompañada de un documento en el que Jordi Pujol habría reconocido la titularidad de 307 millones de pesetas (1,8 millones de euros) ingresados en el año 2000, una cantidad cuyo fraude presuntamente asociado fue cifrado en 885.651 euros, aunque prescrito.

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