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Fernando Simón: «Quedan pocas semanas, no hagamos que se conviertan en un infierno»

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Madrid, 18 feb (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este jueves que «ya queda menos» y que de aquí a pocas semanas podríamos estar «en una situación realmente buena», por lo que ha instado a no permitir que «se conviertan en un infierno».

Así se ha expresado en una rueda de prensa conjunta para dar cuenta de la evolución de la pandemia con la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, al ser preguntados si consideran que las comunidades están desescalando las medidas demasiado deprisa.

El epidemiólogo ha recordado que hay siete comunidades con una incidencia menor a los 250 casos por cada 100.000 habitantes cuando la media nacional es de 320.

Y aunque sigue siendo un «dato muy malo», a medida que ese umbral desciende y se rebaja el nivel de alerta «alguna de las medidas se puede modificar, cambiar o relajar de alguna forma», lo cual no implica, sin embargo, que se rebajen las demás: «cuantas más medidas se rebajan por un lado, mejor hay que aplicar las que quedan», ha advertido.

«Queda ya poco, queda menos, cada día que pasa es un día que ganamos a la epidemia y ahora es claro: tenemos una vacuna de la que cada vez va llegando en más cantidad, con lo cual es más probable que de aquí a pocas semanas estemos en una situación realmente buena», ha subrayado.

Pero «lo que no podemos hacer es que estas pocas semanas que nos quedan se conviertan en un infierno en lugar de un camino tranquilo y relajado hacia una buena situación».

También Calzón ha querido lanzar un mensaje de optimismo al decir que «merece la pena el esfuerzo». «Ahora sí que queda menos, no podemos estropear todo lo que hemos conseguido hasta ahora», ha abundado.

Por otra parte, y ante la divergencia de resoluciones que están dictando los tribunales en distintas comunidades sobre el cierre decretado de la hostelería, Simón ha recordado que la sentencia desfavorable del TSJPV ha supuesto «un problema para las herramientas de control» de la transmisión que tiene esta comunidad.

Pero no ha sido así en Navarra o Cantabria, «entre otras cosas, porque la evidencia que se acumula día a día sobre el impacto de las reuniones sociales en bares o en casas es cada día mayor».

«Ya es obvio, no hay prácticamente duda; de hecho, en nuestro país se observa una correlación bastante importante desde el momento en que se toma la medida del cierre de la restauración y de las grandes reuniones sociales con el control de la transmisión», ha reiterado.

Por lo que ha confiado en que los tribunales acaben aceptando este tipo de medidas para preservar la salud pública.

Sobre este mismo asunto, Calzón ha querido reiterar el apoyo del Ministerio a las distintas restricciones que imponen las comunidades, «a veces tan duras como ésta, para el bien común».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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