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FGV denuncia la ‘estampida’ que un grupo religioso provocó en el metro de València

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VALÈNCIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) – Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha presentado ante la Policía Nacional una denuncia para la comprobación y averiguación de los hechos ocurridos el pasado sábado por la noche cuando un grupo religioso alteró el orden y la circulación en las instalaciones de Metrovalencia y provocó una estampida en la que una viajera resultó herida en un pie.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, en la denuncia se relata que los hechos ocurrieron a las 22.50 horas, cuando el maquinista de FGV escuchó «tumultos y gritos» procedentes del pasaje y detectó la posterior salida «descontrolada» de personas que estaban en el interior del metro mientras la unidad estaba parada en la estación de Alameda, por lo que tuvo que solicitar la asistencia de seguridad.

El tumulto tuvo su origen en la «actitud y mensajes» que lanzaban un grupo de personas, que utilizaron para ello un megáfono y panfletos referidos a «ciertas consignas religiosas y las consecuencias de no cumplirlas», con frases dirigidas al pasaje, como que eran unos «infieles», «pecadores», que «arderían en el infierno», que «iban a morir todos» y otras similares.

En la denuncia también se explica que, de la «salida caótica» del pasaje en Alameda, alguna persona se lesionó, y queda identificada, al menos una, como damnificada. Asimismo, se apunta que el incidente provocó una detención del tren de 15 minutos de duración en la estación de Alameda.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ya aportó a la Policía Nacional en el momento de los hechos las grabaciones del sistema de seguridad de Metrovalencia de lo ocurrido en la estación y en el interior de la unidad.

Por estos hechos, agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado sábado a nueve personas, todas ellas de nacionalidad alemana y de entre 19 y 42 años, como presuntas autoras de un delito de desórdenes públicos.

Los detenidos, que profesan la religión evangelista, pasaron el domingo a disposición judicial, según la Policía. El juzgado de Instrucción número 6 de València, en funciones de guardia, acordó prisión eludible bajo fianza de 12.000 euros para cada uno de los detenidos, en una causa que queda abierta por un delito de desórdenes públicos y que investigará finalmente el juzgado de Instrucción número 7, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.

Además de los panfletos, los detenidos llevaban mochilas y una cruz de metro y medio, según la Policía. Los agentes acudieron al lugar alertados por llamadas de los ocupantes del convoy, recibidas tanto en el 112 como en la central del 091.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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