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Valencia

Fin de la imposición del valenciano o sectarismo: la ley educativa pasa su primer debate

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Fin imposición valenciano
Vista general del hemiciclo de Les Corts Valencianes durante el debate parlamentario de cinco leyes de gran peso político sobre materias como la memoria histórica, el plurilingüismo, la Agencia Antifraude o la gestión de la televisión autonómica con las que el PP y Vox dan el primer paso de lo que supondrá la columna vertebral de su programa de gobierno en la Comunitat Valenciana. EFE/Manuel Bruque

València, 17 abr (OP-EFE).- La nueva ley educativa que impulsan el PP y Vox ha vivido este miércoles su primer debate en el pleno de Les Corts, donde los socios de gobierno han defendido que acabará con «la imposición del valenciano» en las aulas y la oposición la llevará a los tribunales por «sectaria» y buscar eliminar esta lengua en los colegios.

La denominada proposición de ley reguladora de la libertad educativa derogará la ley de Plurilingüismo de 2018, que fijó un mínimo del 25 % en castellano y valenciano a todo el alumnado, para volver al modelo de las dos líneas, establecer el derecho de las familias a elegir la lengua base y dar certificaciones automáticas del valenciano al cursar la materia.

En la defensa de la propuesta, el diputado del PP Juanfran Pérez Llorca ha indicado que el objetivo es que se tengan en cuenta las singularidades de la Comunitat Valenciana, donde ningún territorio se sienta «discriminado, como hasta ahora», tras ocho años de «imposición» del valenciano, que quieren cambiar por su «promoción».

El diputado del PP ha acusado a la izquierda de «generar rechazo a una lengua muy bonita, que se tiene que cuidar», lo que no se puede hacer con «imposición», y ha replicado a las acusaciones de la oposición de que esta ley es una «infamia» que «infamia es negar que los padres puedan votar la elección de la lengua» en que estudian sus hijos.

La diputada de Vox Julia Llopis ha afirmado que este ley «antepone el interés del alumno y la libertad de las familias por encima de cualquier interés político» y frente a la «descomunal imposición lingüística»; respeta «por igual» el valenciano y el castellano; y evitará las «barreras lingüísticas» para el alumnado que llega de otros países.

Por el contrario, el socialista José Luis Lorenz ha reprochado que PP y Vox busquen «instaurar el pensamiento único» y quitar oportunidades a los niños y niñas «eliminando el valenciano de las aulas», pues con esta ley el alumnado no tendrá los mismos derechos, porque no conseguirá tener las mismas oportunidades.

Ha recordado que el proyecto lingüístico de cada centro lo determina el consell escolar, en el que están representadas las familias; ha criticado que se quiera volver al modelo de antes de 2015, basado «en la segregación»; y ha asegurado que el objetivo es hacer desaparecer de las aulas el valenciano, la principal seña de identidad de los valencianos.

El diputado de Compromís Gerad Fullana ha afirmado que medio millón de alumnos dejarán de estudiar valenciano gracias a esta ley «de confrontación, de la vergüenza y racista», contra la que lucharán en los tribunales, y ha acusado a PP y Vox de impulsar con ella la «segregación» del valenciano, porque no les gusta lo que «huele» a esta lengua.

Tras el debate, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha señalado en los pasillos de Les Corts que van a cambiar el modelo de «inmersión lingüística», que ha conllevado que cada vez se use menos en la calle el valenciano, a uno «equilibrado», en el que no será la Conselleria quien «decida» la lengua base de la enseñanza, sino los padres.

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Valencia

La jueza vuelve a citar al alto cargo de confianza de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La investigación judicial sobre la gestión de la reciente emergencia en la Comunitat Valenciana vuelve a intensificarse. La magistrada instructora ha decidido citar por segunda vez a la mano derecha del president Carlos Mazón, después de que la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, entregara al juzgado una serie de mensajes de WhatsApp que abren nuevas incógnitas sobre la toma de decisiones durante el episodio crítico.

Los WhatsApp de Pradas reactivan la investigación

La documentación aportada por Pradas la semana pasada ha tenido un efecto inmediato en el proceso judicial. Según fuentes del caso, los mensajes revelan intercambios directos con el alto cargo de Presidencia, en los que se habría tratado información relevante sobre la evolución de la emergencia y la valoración de un posible confinamiento preventivo, finalmente descartado.

Estos mensajes han llevado a la instructora a convocar un nuevo interrogatorio para esclarecer qué datos recibió el asesor de Mazón, cómo los interpretó y qué argumentos dio a la consellera para no activar medidas más restrictivas.

Qué pretende aclarar la jueza

La magistrada busca concretar cuatro puntos:

  1. El tipo de avisos o informes que manejaba el asesor.

  2. Si existía riesgo real que justificara el confinamiento en algún municipio afectado.

  3. El criterio técnico o político utilizado para desaconsejar esa medida.

  4. La coordinación entre Consellerias y Presidencia durante las primeras horas de la emergencia.

Fuentes jurídicas señalan que la intención es determinar si hubo alguna omisión de información, valoración errónea o interferencia política en decisiones que pudieran haber afectado a la seguridad de la población.

Crece la presión sobre el Consell

La nueva citación supone un revés para el equipo de Mazón, que insiste en que la gestión se realizó siguiendo criterios técnicos y con absoluta transparencia. Sin embargo, la aparición de los WhatsApp ha generado inquietud en el seno del Consell, que teme que la causa derive en nuevas declaraciones o peticiones de documentación.

La oposición, por su parte, reclama al president que dé explicaciones públicas y remarca que los mensajes “muestran contradicciones” entre las versiones ofrecidas hasta ahora por distintos cargos del Gobierno valenciano.

El proceso judicial continúa abierto

La jueza mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias a medida que se analice el contenido completo de las conversaciones aportadas por Pradas. El juzgado está también a la espera de recibir informes técnicos de distintos departamentos del Consell, así como las comunicaciones oficiales emitidas durante la emergencia.

Mientras tanto, el Consell considera que la investigación sigue su curso normal y pide “prudencia” para no interferir en el procedimiento.

 

 

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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