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Valencia

Fin de la imposición del valenciano o sectarismo: la ley educativa pasa su primer debate

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Vista general del hemiciclo de Les Corts Valencianes durante el debate parlamentario de cinco leyes de gran peso político sobre materias como la memoria histórica, el plurilingüismo, la Agencia Antifraude o la gestión de la televisión autonómica con las que el PP y Vox dan el primer paso de lo que supondrá la columna vertebral de su programa de gobierno en la Comunitat Valenciana. EFE/Manuel Bruque

València, 17 abr (OP-EFE).- La nueva ley educativa que impulsan el PP y Vox ha vivido este miércoles su primer debate en el pleno de Les Corts, donde los socios de gobierno han defendido que acabará con «la imposición del valenciano» en las aulas y la oposición la llevará a los tribunales por «sectaria» y buscar eliminar esta lengua en los colegios.

La denominada proposición de ley reguladora de la libertad educativa derogará la ley de Plurilingüismo de 2018, que fijó un mínimo del 25 % en castellano y valenciano a todo el alumnado, para volver al modelo de las dos líneas, establecer el derecho de las familias a elegir la lengua base y dar certificaciones automáticas del valenciano al cursar la materia.

En la defensa de la propuesta, el diputado del PP Juanfran Pérez Llorca ha indicado que el objetivo es que se tengan en cuenta las singularidades de la Comunitat Valenciana, donde ningún territorio se sienta «discriminado, como hasta ahora», tras ocho años de «imposición» del valenciano, que quieren cambiar por su «promoción».

El diputado del PP ha acusado a la izquierda de «generar rechazo a una lengua muy bonita, que se tiene que cuidar», lo que no se puede hacer con «imposición», y ha replicado a las acusaciones de la oposición de que esta ley es una «infamia» que «infamia es negar que los padres puedan votar la elección de la lengua» en que estudian sus hijos.

La diputada de Vox Julia Llopis ha afirmado que este ley «antepone el interés del alumno y la libertad de las familias por encima de cualquier interés político» y frente a la «descomunal imposición lingüística»; respeta «por igual» el valenciano y el castellano; y evitará las «barreras lingüísticas» para el alumnado que llega de otros países.

Por el contrario, el socialista José Luis Lorenz ha reprochado que PP y Vox busquen «instaurar el pensamiento único» y quitar oportunidades a los niños y niñas «eliminando el valenciano de las aulas», pues con esta ley el alumnado no tendrá los mismos derechos, porque no conseguirá tener las mismas oportunidades.

Ha recordado que el proyecto lingüístico de cada centro lo determina el consell escolar, en el que están representadas las familias; ha criticado que se quiera volver al modelo de antes de 2015, basado «en la segregación»; y ha asegurado que el objetivo es hacer desaparecer de las aulas el valenciano, la principal seña de identidad de los valencianos.

El diputado de Compromís Gerad Fullana ha afirmado que medio millón de alumnos dejarán de estudiar valenciano gracias a esta ley «de confrontación, de la vergüenza y racista», contra la que lucharán en los tribunales, y ha acusado a PP y Vox de impulsar con ella la «segregación» del valenciano, porque no les gusta lo que «huele» a esta lengua.

Tras el debate, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha señalado en los pasillos de Les Corts que van a cambiar el modelo de «inmersión lingüística», que ha conllevado que cada vez se use menos en la calle el valenciano, a uno «equilibrado», en el que no será la Conselleria quien «decida» la lengua base de la enseñanza, sino los padres.

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Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia

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falsa médica tratamientos estéticos Valencia
Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia-GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Zubar’, ha investigado a una mujer de 36 años por realizar cientos de tratamientos estéticos sin estar habilitada para ello, en distintos centros de la provincia de Valencia y, en algunos casos, en su propio domicilio.

Investigación iniciada tras una denuncia en Sueca

Tras una denuncia presentada en marzo por parte de una profesional de la rama sanitaria en la que exponía que una persona estaba realizando tratamientos con fines estéticos en una peluquería de la localidad de Sueca (Valencia), sin ningún tipo de control sanitario y no estando habilitada para ello, la Guardia Civil dio comienzo a la investigación, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Continuando con la investigación, los agentes comprobaron cómo esta persona estaba actuando en múltiples establecimientos de la provincia, donde se presentaba como doctora y realizaba numerosos tratamientos estéticos como aumento de labios y pómulos, rinomodelación o infiltraciones de toxina botulínica, entre otros. Asimismo, a través de sus redes sociales, la investigada difundía los tratamientos realizados.

Titulación en odontología pero sin autorización para medicina estética

De ese modo, los agentes localizaron los centros donde desarrollaba estas actividades y averiguaron que la supuesta doctora estaba graduada en odontología por una universidad privada. Una vez que los agentes contactaron con las autoridades sanitarias competentes en materia de estética y en competencia profesional, para solicitar información acerca de la potestad de la citada facultativa para realizar este tipo de tratamientos, se comprobó que solo están reservados en exclusividad a los médicos especialistas en medicina estética, existiendo conformidad por parte del Colegio de Médicos con el Colegio de Estomatología y Odontología.

De los testimonios recogidos por los agentes, tanto de los centros donde había desarrollado la actividad la investigada, como de varias clientas que se habían realizado tratamientos estéticos, se comprobó que esta persona había realizado cientos de tratamientos.

Más de 80 clientas y 180 tratamientos documentados

80 clientas registradas y más de 180 tratamientos

Contaba, al menos, con 80 clientas registradas en los centros, y con más de 180 tratamientos de toxina botulínica en tercio superior y ácido hialurónico, documentados y firmados por la presunta doctora. Algunas de las clientes manifestaron haberse realizado tratamientos en el propio domicilio particular de la supuesta doctora.

Igualmente, se comprobó que la mayoría de los centros, donde la supuesta doctora había realizado los tratamientos estéticos, no presentaban la licencia administrativa correspondiente, autorizada y emitida por la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana, para ofertar y realizar estos tratamientos (Permiso U48).

Además, muchos de estos centros no disponían de ningún tipo sistema de refrigeración para mantener los productos, medios para la correcta gestión de los residuos biológicos generados, así como de las condiciones legalmente exigidas para poder ofertar dichos tratamientos.

Delitos investigados y posible riesgo para la salud pública

Por tal motivo, se procedió a investigar a la supuesta doctora, una mujer de 36 años, por un delito de intrusismo profesional, un delito contra la salud pública mediante suministración de medicamentos (toxina botulínica), así como un delito de falsedad documental.

Cabe destacar que no se ha podido constatar la legalidad y trazabilidad de los productos sanitarios suministrados, por lo que se presupone que fueron adquiridos por la supuesta doctora de una manera ilegal no siguiendo los cauces legales, tanto para su obtención como para su manipulación.

Recomendaciones de la Guardia Civil antes de someterse a tratamientos estéticos

Por ello, la Guardia Civil aconseja a los usuarios interesados en este tipo de tratamientos que, antes de realizarlos, procedan a asesorarse por profesionales cualificados, evitando de este modo poner en riesgo su salud. La mala aplicación de un tratamiento estético por parte de una persona no autorizada para ello y sin garantías de que el producto esté bien conservado, recuerda, puede llegar a costarle la vida.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Sueca y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca.

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