VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) – La Fiscalía Provincial de Valencia solicita cinco años de prisión para el concejal socialista del Ayuntamiento de Sagunto y exalcalde, Francisco Crispín, y otros dos años más de cárcel para cuatro técnicos municipales por gastar el dinero destinado a uniformidad que contempla el convenio del consistorio a compras personales.

El juzgado de Instrucción número 4 de la localidad, que instruyó la causa, ya ha dictado auto de apertura de juicio oral, por un presunto delito de prevaricación, falsificación de documento público, malversación contra el ex primer edil y malversación contra el resto de procesados.

Para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran corresponder, el juzgado fija en 1.200 las relativas a Crispín entre 600 y 1.200 a cada uno de los técnicos incluidos. En el caso de no prestar la fianza, acuerda el embargo de bienes suficientes para cubrirlas.

La causa se inició a raíz de la denuncia del actual concejal de Transparencia, quien puso de manifiesto presuntas irregularidades por aspectos relacionados con la gestión del Ayuntamiento en anteriores legislaturas por el abono de facturas emitidas por tiendas de ropa con cargo al Ayuntamiento, comercios en los que se venden trajes de vestir o artículos deportivos de marca que no se corresponden con la ropa de trabajo que la corporación debe facilitar a los empleados que prestan servicios en puestos que impliquen un desgaste de prendas superior a lo normal o requieran medidas de protección, según el convenio de relaciones laborales, para lo que existe una partida presupuestaria.

Además, afirmaba que no se concretan los artículos comprados sino a conceptos genéricos como «vestimenta de caballero para el servicio de inspección o suministro de equipamiento».

Según consta en el escrito fiscal, el convenio del consistorio establece que la corporación facilitará la adecuada ropa de trabajo a los empleados que presten servicios en puestos que impliquen un desgaste de prensas superior a lo normal o requieran especiales medidas de seguridad y protección, por el que los acusados tenían una asignación de 300 euros bianuales para ese gasto.

De acuerdo con el ministerio público, los acusados disponían de un crédito en establecimientos del municipio donde acudían en distintas fechas y adquirían prendas de vestir, zapatos u otros objetos «tanto para ellos como para sus familiares que no se correspondían con la incluido en las facturas y en muchos casos ni siquiera eran prendas de vestir de uso diario» para el desempeño de su trabajo.

En el caso de Crispín, según el escrito de Fiscalía, adquirió zapatillas, anorak, un pantalón y sudadera de la talla 13, un balón de fútbol y visor carabina y una bala, pantalones de marca o camisas. La situación se repite con el resto de técnicos investigados.

La fiscal pide cinco años de cárcel para el exalcalde por los delitos de prevaricación, malversación y falsificación, junto con inhabilitación para el ejercicio de empleo de técnico municipal y jefe de sección, más una multa y la privación definitiva de la plaza de técnico o incapacidad para obtener el mismo o análogo puesto por el tiempo de la condena, y al resto de los acusados dos años de cárcel, multa y suspensión por dos años de empleo por malversación.