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Consumo

Francia ya prohíbe por ley los castigos físicos a menores

Publicado

hace 9 años

en

Francia ha aprobado una nueva ley que prohíbe los castigos físicos a niños y que obligará a los padres a buscar otras medidas para disciplinar a sus hijos. En este sentido, este hecho supone de nuevo, un triunfo para la crianza respetuosa.

Si bien el abuso infantil ya era ilegal en Francia, los castigos físicos en niños continuaban sin ser sancionados o prohibidos, motivos por los que hace casi dos años este país fue duramente criticado por no legislar en contra de ellos.

De acuerdo con un estudio realizado durante aquella época, en Francia el 82% de las personas se oponía a prohibir los azotes a los niños y el número de personas que había confesado haberle pegado a un menor era el 67%.

En esa ocasión, el Consejo de Europa les hizo una advertencia como consecuencia de la denuncia de la ONG británica Approach que recibió Francia, por la ausencia de una prohibición específica de todo tipo de castigos corporales a niños.

Al respecto de esta nueva ley en Francia, aprobada el 22 de diciembre, Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General de la ONU, declaró lo siguiente: «La adopción de esta nueva ley marca un compromiso muy importante hacia la protección contra la violencia de más de 14 millones de niños viviendo en Francia. Ponerle fin a tratos crueles, degradantes y humillantes es un componente indispensable de una estrategia nacional comprensiva para la prevención y eliminación de la violencia infantil. Establece las bases para una cultura de respeto a lo derechos de los niños, salvaguarda la dignidad física y la integridad física de los niños, y alienta la disciplina positiva y la educación infantil a través de medios no violentos.»

En 1979, Suecia fue el primer país es establecer una prohibición específica de los castigos físicos y el maltrato hacia los niños y desde entonces alrededor de 50 países han seguido sus pasos, incluyendo España, donde es delito pegar a un menor. Por el momento, cabe seguir trabajando para que en el resto de países también sea así.

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Consumo

Consumo propone una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por infracciones en su actividad

Publicado

hace 1 día

en

27 octubre, 2025

De

Alquiler seguro

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro, tras la apertura de un expediente sancionador el pasado mes de marzo. La medida se enmarca dentro de las actuaciones del departamento que dirige Pablo Bustinduy para garantizar la protección de los consumidores en el ámbito de la vivienda y el alquiler.

Expediente sancionador a Alquiler Seguro

Según fuentes del Ministerio, el expediente se abrió por presuntas irregularidades en la gestión de contratos de arrendamiento y prácticas comerciales, que podrían haber vulnerado derechos de los inquilinos o propietarios. Tras la investigación, el área de Consumo ha propuesto una multa de 3,6 millones de euros, que todavía debe resolverse de forma definitiva tras los trámites administrativos pertinentes.

Esta acción se suma a otras inspecciones realizadas por el Ministerio en el sector inmobiliario y de alquiler, con el objetivo de reforzar la transparencia y las garantías legales en la relación entre propietarios, agencias y arrendatarios.

Protección de los consumidores en el sector del alquiler

El Gobierno ha destacado que las políticas impulsadas por Consumo y Agenda 2030 buscan fortalecer los derechos de los usuarios frente a posibles abusos o cláusulas abusivas en los contratos de arrendamiento. En los últimos meses, se han intensificado los controles sobre empresas dedicadas a la intermediación y gestión de viviendas en alquiler.

Con esta propuesta de sanción, el Ministerio pretende enviar un mensaje de advertencia al sector para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y fomentar un mercado del alquiler más justo y equilibrado.

Contexto del mercado del alquiler en España

El mercado de la vivienda en alquiler ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, donde la demanda sigue superando a la oferta. Ante esta situación, el Ejecutivo busca reforzar la supervisión de las empresas que operan en este ámbito y evitar prácticas que puedan perjudicar a los consumidores.

 

 

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