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Valencia

Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para el hermano de Ximo Puig por estafa y falsedad documental

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francis puig
El empresario castellonense y hermano del president de la Generalitat Francis Puig( a la dcha de la imagen, acompañado por su abogado Javier Falomir) a su llegada a la Ciudad de la Justicia de valencia. EFE/ Manuel Bruque

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cuatro años de prisión para Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, por presuntos delitos de falsedad documental y estafa agravada. También pide tres años de cárcel para Juan Enrique Adell Bover, socio del empresario en varios proyectos audiovisuales.

Según el escrito presentado por la fiscal Adoración Cano, se les acusa de haber cobrado de forma indebida un total de 185.402,72 euros mediante facturas presuntamente falsas y simulación de gastos a través de varias empresas del sector audiovisual, entre ellas Mas Mut Produccions, Kriol, Canal Maestrat y Nova CB.

El caso Francis Puig: una denuncia del PP que derivó en una acusación por fraude

La investigación se inició en 2019 por denuncia del Partido Popular

El procedimiento arrancó en 2019 tras una denuncia del Partido Popular en la que se apuntaban posibles delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y fraude fiscal. Sin embargo, tras seis años de instrucción, la causa ha quedado centrada en un presunto fraude de subvenciones públicas. Aunque la cuantía investigada no alcanza el umbral de 120.000 euros exigido para ese tipo penal, la Fiscalía considera que sí se produjo una estafa agravada y falsedad en documento mercantil.

El escrito de acusación ha sido notificado este lunes a las partes y se centra en el presunto uso fraudulento de ayudas públicas concedidas por la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya para el fomento del valenciano y el catalán, entre 2015 y 2019.

Subvenciones para fomentar el valenciano y el catalán bajo sospecha

Facturas duplicadas, empresas ficticias y conceptos genéricos

Durante ese periodo, tanto Francis Puig como Adell Bover habrían solicitado ayudas públicas para la producción y difusión en valenciano y catalán en programas de televisión, radio y prensa escrita o digital. La Fiscalía sostiene que simularon gastos empresariales mediante facturación cruzada y duplicada, utilizando conceptos genéricos que no están justificados ni pagados a proveedores reales.

En concreto, Francis Puig, como administrador de Comunicacions dels Ports S.A., habría elaborado un sistema para inflar los gastos declarados a la administración con el objetivo de obtener más subvenciones de las que les correspondería.

Además, el Ministerio Público considera que Masmut Produccions S.L. era una empresa ficticia, creada con la única finalidad de captar fondos públicos. Según la Fiscalía, las facturas emitidas desde esta sociedad no reflejaban actividad real ni fueron destinadas a los objetivos contemplados en las convocatorias de ayudas.

Las cantidades reclamadas por Anticorrupción

110.691 € de la Generalitat Valenciana y 74.710 € de la Generalitat de Catalunya

Las ayudas supuestamente fraudulentas obtenidas por Masmut Produccions de la Generalitat Valenciana ascienden a 58.866,69 euros, distribuidos de la siguiente forma:

  • 2015: 23.234,12 €

  • 2016: 16.960,03 €

  • 2017: 12.072,70 €

  • 2018: 6.599,84 €

Por otra parte, según Anticorrupción, la Generalitat de Catalunya otorgó subvenciones por un total de 51.825,28 euros, a pesar de que esta administración indicó al juzgado que “no hay posibilidad de coincidencia ni duplicidad” con las ayudas valencianas. Sin embargo, la Fiscalía considera que también esas ayudas deben reintegrarse a las arcas públicas catalanas:

  • 2015: 9.883,35 €

  • 2016: 9.679,86 €

  • 2017: 16.629,65 €

  • 2018: 15.632,42 €

El total que reclama la Fiscalía asciende a 185.402,72 euros en subvenciones supuestamente obtenidas de forma irregular entre ambas comunidades autónomas.

El proceso judicial avanza hacia juicio

Se espera que se fije fecha para el juicio en los próximos meses

El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción es el paso previo a la apertura de juicio oral. Tanto Francis Puig como Juan Enrique Adell Bover tendrán que responder ante la justicia por estos hechos. Las defensas de ambos empresarios niegan cualquier irregularidad y aseguran que todas las facturas son reales y corresponden a trabajos ejecutados.

Mientras tanto, el caso ha cobrado relevancia pública por el vínculo familiar de Francis Puig con Ximo Puig, quien presidió la Generalitat Valenciana entre 2015 y 2023. Aunque no está implicado judicialmente, el asunto ha reavivado el debate político sobre el uso de las subvenciones públicas y el control de las ayudas al sector audiovisual.

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Valencia

Una «histórica» manifestación recorre València por la vivienda como «toque de atención» a todos los gobiernos

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Miles de personas recorren las calles del centro bajo la lluvia para exigir alquileres asequibles, mejores sueldos y unos servicios públicos fuertes. Los sindicatos advierten de que las movilizaciones continuarán hasta conseguir cambios

Valencia ha vivido este miércoles una de las movilizaciones más multitudinarias de los últimos años por el derecho a la vivienda y la mejora de las condiciones laborales. Una manifestación que ha recorrido las principales calles del centro de la ciudad durante la jornada de huelga general del 11 de noviembre y que los sindicatos y organizaciones convocantes han calificado de «histórica».

La marcha ha arrancado a las 18.00 horas y ha avanzado por las calles comerciales del centro, con una importante concentración de manifestantes que ha llegado a desbordar la calle Colón hasta alcanzar la plaza del Ayuntamiento. La lluvia no ha frenado a los asistentes, que han participado protegidos con paraguas y chubasqueros.

La protesta ha servido como un mensaje directo a todas las administraciones, tanto actuales como futuras, para reclamar soluciones ante el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad laboral y el deterioro de los servicios públicos.

La cabecera de la manifestación ha estado encabezada por una pancarta con el lema ‘Habitatge. Salaris. Serveis Públics. Pensions. 11N Vaga General’. A lo largo del recorrido se han escuchado consignas como «Violencia es no llegar a fin de mes», «Queremos vivir, no sobrevivir» y «Els carrers seran sempre nostres».

También han llamado la atención los mensajes de las pancartas, con reivindicaciones como ‘La vivienda tiene que ser un derecho real, no un sueño’ y ‘Se busca artículo 47 en la Constitución’. Algunos participantes han llevado llaves de cartón y otros objetos simbólicos para denunciar las dificultades de acceso a una vivienda.

Los sindicatos advierten de que no será la última movilización

La secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, se ha mostrado satisfecha con el seguimiento de la jornada de huelga y ha destacado la participación registrada tanto durante los piquetes informativos como en la manifestación de la tarde.

«No va a ser la última, evidentemente. Hasta que no se solucionen los problemas de la clase trabajadora», ha advertido.

García Alcolea ha insistido en que las principales reivindicaciones pasan por conseguir salarios dignos, garantizar que la vivienda sea un derecho y no un negocio y defender los servicios y las pensiones públicas.

También ha criticado la postura de la patronal por negarse a cerrar acuerdos colectivos mientras las empresas generan importantes beneficios económicos. A su juicio, la riqueza debe repartirse entre quienes contribuyen a producirla.

Por su parte, el secretario general de UGT PV, Tino Calero, ha calificado las dificultades para acceder a una vivienda como un «problema nuclear». También ha alertado de que los salarios actuales no permiten llegar a final de mes y de que se está consolidando la figura del trabajador pobre.

Calero ha reclamado a las administraciones y a los partidos políticos propuestas «serias» y «realistas» para facilitar el acceso a una vivienda digna, además de acuerdos laborales que permitan mejorar los sueldos.

Un toque de atención a todos los gobiernos

La movilización ha reunido a representantes de CCOO, UGT, Intersindical, CGT, CNT y COS, además de colectivos y plataformas vinculados a la defensa del derecho a la vivienda, como la PAH, el Sindicat de Llogateres, el Sindicat de l’Habitatge y Entrebarris.

Beatriu Cardona, de Intersindical, ha definido la jornada como histórica y ha asegurado que los movimientos ciudadanos no permitirán que se pierdan derechos conquistados.

«No consentiremos que ningún derecho que hemos conseguido se nos sea robado», ha señalado, antes de comprometerse a continuar las movilizaciones hasta conseguir salarios y pensiones dignas y unos servicios públicos fuertes.

Desde CGT, Juan Ramón Ferrandis ha considerado que la jornada supone un «punto de inflexión» y un toque de atención tanto para el Gobierno actual como para los que puedan llegar en el futuro.

La representante de CNT, Mar Bueno, ha destacado la colaboración entre los sindicatos laborales y los movimientos por la vivienda como una fórmula para hacer frente a lo que considera una situación de injusticia social.

Los movimientos por la vivienda reclaman bajar los alquileres

Las plataformas por el derecho a la vivienda también han tenido un papel protagonista en la manifestación.

Andrea Leixos, portavoz del Sindicat de Llogateres de Valencia, ha defendido que la movilización ha conseguido paralizar distintos ámbitos de la actividad económica y ha reclamado medidas para frenar la subida de los alquileres y los desahucios.

Desde la PAH, José Luis González ha definido la protesta como un «acto rabioso de protesta» contra una situación que, según ha denunciado, está condicionando la vida de miles de personas.

Por su parte, Pablo Fuster, de Entrebarris, ha insistido en que la convocatoria no responde a intereses partidistas, sino a un proceso de reivindicación social que pretende que la vivienda deje de ser un negocio.

La jornada de movilizaciones del 11N también ha tenido reflejo en Alicante y Castellón de la Plana, donde se han celebrado manifestaciones con reivindicaciones similares.

Los convocantes han dejado claro que la protesta de este miércoles no supone un punto final. Su intención es mantener la presión sobre las administraciones hasta conseguir avances en vivienda, salarios, pensiones y servicios públicos.

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