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Gobierno aprueba rebajar alquiler y carga fiscal a turismo, bares y comercio

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Gobierno aprueba rebajar alquiler y carga fiscal a turismo, bares y comercio

Madrid, 22 dic (EFE).- El Gobierno central ha aprobado un paquete de medidas de apoyo al turismo, la hostelería y el pequeño comercio, entre ellas una rebaja de los alquileres y ayudas fiscales, un «ambicioso» plan con un impacto estimado de unos 4.220 millones de euros.

MEDIDAS APROBADAS:

este marte en el consejo de ministros y que ha explicado la titular de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien ha considerado que estos sectores merecen una especial protección debido a su impacto en la economía y en el empleo hasta que puedan recuperar su actividad con normalidad una vez superada la crisis sanitaria.

Según sus cálculos, habrá cerca de 2.000 millones de euros en ayudas mediante la reducción de los alquileres, la exención en el pago de las cuotas a la Seguridad Social por sus trabajadores y rebajas fiscales.
Y otros 2.000 millones en apoyos a través de «moratorias en los pagos y alivios en las cargas financieras que tienen que soportar» las empresas, según la ministra portavoz.

Montero ha explicado que el Gobierno central no puede entregar un «cheque» a los miles de negocios que hay por todo el país, pero ha insistido en que las medidas aprobadas hoy son «una forma de expresar» esas ayudas directas que reclaman los empresarios.
El decreto ley aprobado en consejo de ministros especifica que en el caso de los locales comerciales propiedad de «grandes tenedores» -es decir, con más de diez inmuebles- se obligará a los dueños a rebajar en un 50 % la renta al negocio mientras esté vigente el estado de alarma en caso de que la negociación entre ambas partes no haya fructificado.

La medida está previsto que beneficie a 190.000 empresas: 33.000 vinculadas al sector turístico y 157.000 locales comerciales, según datos oficiales.
En el caso de quienes cuentan con menos de 10 inmuebles, el Ejecutivo creará un «incentivo fiscal» que permitirá a estos propietarios desgravarse toda la cuantía que rebajen en la renta del inquilino y que, por tanto, dejen de percibir.
«Esta rebaja podrá computar como gasto deducible en el IRPF durante el primer trimestre de 2021», ha precisado Montero.
Además, también se da luz verde al aplazamiento de impuestos de pymes y autónomos en sus declaraciones de liquidación y autoliquidación hasta un máximo de 30.000 euros, lo que en la práctica les permitirá «no tener que pagar en abril y aplazarlo hasta octubre».
También habrá una reducción de la tributación en el sistema de módulos del IRPF, que en el caso de quienes trabajen en los sectores del turismo, la hostelería y el comercio alcanzará el 35 %.

El Ejecutivo, asimismo, pretende «potenciar el consumo en restaurantes» ampliando el ámbito de la exención fiscal que gozan los vales de comida de los bares físicos a los pedidos de comida a domicilio, una medida adoptada pensando en el auge del teletrabajo.
En el bloque de medidas laborales, el decreto también exonerará una parte de las cotizaciones sociales de sus trabajadores (del 85 % en el caso de las empresas de menos de 50 empleados y del 75 % para las que tienen más).

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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