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GÜRTEL | Agentes de la UDEF confirman que gran parte de los actos electorales del PP de Camps se pagaron en negro

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(EUROPA PRESS)-Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que participaron en la investigación de la trama Gürtel han confirmado este martes ante el titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, que parte de los actos electorales del PP de la Comunitat Valenciana liderado por Francisco Camps se pagaron en negro.

Los investigadores, que han comparecido como testigos en el juicio por la presunta financiación ilegal de los ‘populares’ valencianos, han ratificado los informes que elaboraron y han explicado que los eventos que fueron contratados con la empresa de la trama Gürtel Orange Market fueron sufragados de forma ilegal. La red corrupta organizó los eventos y los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 para la formación política regional.

Uno de los agentes ha indicado que en la contabilidad de las empresas del ‘cabecilla’ de la trama, Francisco Correa, se hizo una distinción entre el dinero que se abonó dentro del «circuito legal» y el que se entregó de forma opaca. Según ha explicado, en uno de los documentos en formato Excel almacenado en el pendrive incautado al presunto contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo, los pagos se diferenciaron en dos columnas denominadas ‘Alicante’ y ‘Barcelona’.

REDUCCIONES DE DEUDA

El agente ha señalado que en ‘Alicante’ se incluyen aquellas «reducciones de deuda» que se han abonado con «dinero perteneciente al circuito legal» y para cuyos servicios se ha emitido una factura con liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA); mientras que en ‘Barcelona’ se apunta todo «lo contrario».

Ha concretado que los importes que aparecen en ‘Alicante’ hacen referencia a las facturas emitidas al PP regional por el conjunto de actos que realizó Orange Market; pero también a las que se mandaron a constructores que eran «adjudicatarios en la zona de análisis», en referencia a la Comunitat Valenciana, y que disminuyeron la deuda del partido. Nueve empresarios acusados en este juicio reconocieron, primero ante la Fiscalía Anticorrupción y después ante el juez, haber sufragado irregularmente los actos electorales de los ‘populares’ valencianos.

Este policía también ha afirmado que analizaron correos electrónicos enviados al ‘número dos’ de la Gürtel, Pablo Crespo, en el que se hacen mención a los ingresos en ‘Barcelona’. Asimismo, ha asegurado que el contable de Orange Market, Cándido Herrero, era conocedor de las formas de pago porque era la persona que elaboró esta documentación.

Precisamente, Herrero admitió en su declaración como acusado en este juicio la diferenciación de pagos que hacía la trama, aunque destacó que se encontró con este «sistema de trabajo» cuando entró en Orange Market. «Existen unas hojas donde ponen una serie de nombres y cosas que si Barcelona, que si Alicante y esa misma hoja es después para mi», subrayó.

LAS SIGLAS

Por otro lado, este investigador ha recordado que en dicho informe se hacía mención a unos nombres y pseudónimos que supuestamente hicieron aportaciones para sufragar estos servicios, además de las mercantiles constructoras, y que el equipo de la UDEF interpretó que hacían referencia a políticos y empresarios. Así, ‘El Príncipe’ se atribuyó a Felipe Almenar Manteca, vinculado a la sociedad CYES Infraestructuras SA; ‘Sonia’, a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo; ‘El Cantante’, a Rafael Martínez Berna, vinculado con el Grupo empresarial Villalba; o ‘El Tuerto’, al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra.

El otro agente que ha confirmado este martes los pagos en ‘b’ del PP de la Comunitat Valenciana ha enfatizado que el 80 por ciento de los pagos a Orange Market se apuntaron en la columna de ‘Barcelona’. También que en la contabilidad de la Gürtel aparecían escritas otras letras y siglas como ‘P’, que relacionaron con el partido y ‘PROV’, que identificaron como las sedes provinciales del PP en Alicante, Valencia y Castellón que pagaron a Orange Market.

Otro de los agentes de la UDEF, que también ha testificado este martes en la vista oral, y que participó en los registros de las oficinas de la Gürtel, ha aseverado que en el pendrive de Izquierdo aparece con claridad la «dinámica» de movimientos de fondos entre Orange Market y las empresas de Francisco Correa entre 2007 y 2009, año en el que estalló la trama. Unos traspasos que nutrían la contabilidad «ajena a la ilegalidad», ha asegurado.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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