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GÜRTEL | Agentes de la UDEF confirman que gran parte de los actos electorales del PP de Camps se pagaron en negro
Publicado
hace 8 añosen
(EUROPA PRESS)-Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que participaron en la investigación de la trama Gürtel han confirmado este martes ante el titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, que parte de los actos electorales del PP de la Comunitat Valenciana liderado por Francisco Camps se pagaron en negro.
Los investigadores, que han comparecido como testigos en el juicio por la presunta financiación ilegal de los ‘populares’ valencianos, han ratificado los informes que elaboraron y han explicado que los eventos que fueron contratados con la empresa de la trama Gürtel Orange Market fueron sufragados de forma ilegal. La red corrupta organizó los eventos y los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 para la formación política regional.
Uno de los agentes ha indicado que en la contabilidad de las empresas del ‘cabecilla’ de la trama, Francisco Correa, se hizo una distinción entre el dinero que se abonó dentro del «circuito legal» y el que se entregó de forma opaca. Según ha explicado, en uno de los documentos en formato Excel almacenado en el pendrive incautado al presunto contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo, los pagos se diferenciaron en dos columnas denominadas ‘Alicante’ y ‘Barcelona’.
REDUCCIONES DE DEUDA
El agente ha señalado que en ‘Alicante’ se incluyen aquellas «reducciones de deuda» que se han abonado con «dinero perteneciente al circuito legal» y para cuyos servicios se ha emitido una factura con liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA); mientras que en ‘Barcelona’ se apunta todo «lo contrario».
Ha concretado que los importes que aparecen en ‘Alicante’ hacen referencia a las facturas emitidas al PP regional por el conjunto de actos que realizó Orange Market; pero también a las que se mandaron a constructores que eran «adjudicatarios en la zona de análisis», en referencia a la Comunitat Valenciana, y que disminuyeron la deuda del partido. Nueve empresarios acusados en este juicio reconocieron, primero ante la Fiscalía Anticorrupción y después ante el juez, haber sufragado irregularmente los actos electorales de los ‘populares’ valencianos.
Este policía también ha afirmado que analizaron correos electrónicos enviados al ‘número dos’ de la Gürtel, Pablo Crespo, en el que se hacen mención a los ingresos en ‘Barcelona’. Asimismo, ha asegurado que el contable de Orange Market, Cándido Herrero, era conocedor de las formas de pago porque era la persona que elaboró esta documentación.
Precisamente, Herrero admitió en su declaración como acusado en este juicio la diferenciación de pagos que hacía la trama, aunque destacó que se encontró con este «sistema de trabajo» cuando entró en Orange Market. «Existen unas hojas donde ponen una serie de nombres y cosas que si Barcelona, que si Alicante y esa misma hoja es después para mi», subrayó.
LAS SIGLAS
Por otro lado, este investigador ha recordado que en dicho informe se hacía mención a unos nombres y pseudónimos que supuestamente hicieron aportaciones para sufragar estos servicios, además de las mercantiles constructoras, y que el equipo de la UDEF interpretó que hacían referencia a políticos y empresarios. Así, ‘El Príncipe’ se atribuyó a Felipe Almenar Manteca, vinculado a la sociedad CYES Infraestructuras SA; ‘Sonia’, a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo; ‘El Cantante’, a Rafael Martínez Berna, vinculado con el Grupo empresarial Villalba; o ‘El Tuerto’, al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra.
El otro agente que ha confirmado este martes los pagos en ‘b’ del PP de la Comunitat Valenciana ha enfatizado que el 80 por ciento de los pagos a Orange Market se apuntaron en la columna de ‘Barcelona’. También que en la contabilidad de la Gürtel aparecían escritas otras letras y siglas como ‘P’, que relacionaron con el partido y ‘PROV’, que identificaron como las sedes provinciales del PP en Alicante, Valencia y Castellón que pagaron a Orange Market.
Otro de los agentes de la UDEF, que también ha testificado este martes en la vista oral, y que participó en los registros de las oficinas de la Gürtel, ha aseverado que en el pendrive de Izquierdo aparece con claridad la «dinámica» de movimientos de fondos entre Orange Market y las empresas de Francisco Correa entre 2007 y 2009, año en el que estalló la trama. Unos traspasos que nutrían la contabilidad «ajena a la ilegalidad», ha asegurado.
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La Fiscalía archiva la denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata por «falta de competencia»
Publicado
hace 12 horasen
23 enero, 2026
Viernes, 23 de enero de 2026. El recorrido de la denuncia contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual, acoso, lesiones y trata de seres humanos a dos exempleadas de su servicio doméstico ha llegado a su fin, al menos en España. Diez días después de abrir diligencias de investigación preliminares, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes su archivo por la «falta de competencia y jurisdicción» de los tribunales españoles para conocer los hechos, que habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas en 2021.
Decisión de archivo y posibilidad de acudir a otros tribunales
En un decreto de archivo de ocho páginas, la teniente fiscal Marta Durántez da por finalizadas sus diligencias en una resolución que no es recurrible y recuerda que las dos denunciantes, si así lo consideran, pueden «reproducir su denuncia ante los órganos judiciales» de los países donde presuntamente ocurrieron los hechos.
Además, recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «no corresponde a España investigar hechos cometidos fuera de sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo». Esta ha sido la justificación clave para el archivo de las diligencias.
Argumentos jurídicos sobre la competencia internacional
El decreto añade que, aunque el delito de trata de seres humanos se persigue extraterritorialmente, requiere que el procedimiento se dirija contra un español y que existan elementos de conexión material con España, como que las víctimas sean nacionales o residan en el país. En este caso, constata que «las víctimas son extranjeras», que «no residen en España» y que «los hechos se atribuyen a países plenamente competentes» para investigarlos.
Asimismo, señala que los denunciados —además de Julio Iglesias, un ciudadano brasileño y otro colombiano que trabajan para él— tampoco residen en territorio español.
La resolución detalla que la Audiencia Nacional ha confirmado en otros casos similares que España «no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país», especialmente cuando las víctimas y los presuntos autores son extranjeros y los hechos pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron. También aclara que ninguna de las denunciantes viajó en algún momento con el cantante a su casa de Ojén (Málaga), como se había creído inicialmente.
La Ley de Justicia Universal y las limitaciones de jurisdicción
La teniente fiscal repasa la aplicación del artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la territorialidad de los juzgados y tribunales españoles. Recuerda que la reforma de 2014 restringió la justicia universal, introduciendo limitaciones para investigar hechos ocurridos en el extranjero, y subraya que el Tribunal Supremo exige «conexiones relevantes» con España y evitar «interferencias» con otras jurisdicciones.
En cualquier caso, el decreto no entra a valorar si los hechos examinados tienen carácter delictivo y se centra exclusivamente en la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar el caso.
La denuncia de las exempleadas y las acusaciones
La denuncia presentada por dos antiguas trabajadoras —una empleada del hogar y una fisioterapeuta— sostiene que ambas sufrieron tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un entorno de control y acoso continuo, según la información adelantada por ElDiario.es y Univisión.
La organización Women’s Link Worldwide asesoró a ambas en la estrategia judicial y criticó el archivo de la denuncia, calificando la decisión de la Fiscalía de «lamentable» por considerar que se pierde la oportunidad de investigar los hechos y valorar todas las pruebas aportadas.
Una de las exempleadas afirmó haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y mencionó penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos habrían ocurrido en 2021, cuando la más joven tenía 22 años.
Investigación periodística y testimonios
La investigación periodística contactó con 15 exempleadas del servicio doméstico y otras profesionales que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en propiedades situadas en República Dominicana (Punta Cana), Bahamas (Lyford Cay) y España (Málaga).
La empleada que asegura haber sufrido penetraciones afirma que el artista, que entonces tenía 77 años, la llamaba a su habitación al finalizar la jornada laboral. «Me usaba casi todas las noches», relató en entrevistas con los medios investigadores, añadiendo que «me sentía como un objeto, como una esclava». Según su testimonio, estos encuentros se producían con la presencia y participación de otra empleada con superioridad jerárquica.
De acuerdo con la investigación, las personas afectadas describen «condiciones de aislamiento, conflictos laborales, estructura jerárquica del personal y un clima de tensión ambiental» derivado del carácter del artista.
Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales fueron entrevistadas durante más de un año y ofrecen testimonios considerados consistentes, según la publicación, que asegura que sus declaraciones han sido contrastadas con pruebas documentales como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos.
Julio Iglesias publica mensajes de ‘WhatsApp’ enviados por sus exempleadas para demostrar la “falsedad” de la denuncia
El cantante Julio Iglesias ha hecho públicos en ‘Instagram’ los mensajes que supuestamente recibió en ‘WhatsApp’ por parte de las dos extrabajadoras que le han denunciado por presunta agresión sexual para así demostrar la “falsedad” de las acusaciones. Lo hace también como respuesta a la Fiscalía que, según el artista, “no le permite ejercer” su defensa al no proporcionarle “el acceso formal a la denuncia”.
En un comunicado que ha emitido en la citada red social, Iglesias ha justificado la publicación de las conversaciones con sus exempleadas alegando que, tras la negativa de la Fiscalía, es el “único medio” que le permite “ejercer legítimamente” su derecho a la defensa “y dejar constancia de los hechos denunciados”.
“La evidencia es clara: las comunicaciones de ‘WhatsApp’ enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse demuestran que la información difundida carece de veracidad”, ha exclamado el cantante, que también ha criticado que “es muy grave” que “la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas”.
En este contexto, Iglesias ha insistido en el comunicado de ‘Instagram’ que “todo tiene un límite”. “Es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”, ha reiterado.
Finalmente, el cantante ha explicado que adjunta “algunas de las conversaciones” de ‘WhatsApp’ “que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática” a la que, según ha dicho, está siendo sometido. En concreto, ha publicado varios ‘pantallazos’ con supuestos mensajes de sus exempleadas, fechados en los años 2021, 2022 y 2023.
Petición a la Fiscalía para acceder a la denuncia
Precisamente, Iglesias ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le remita la denuncia en su contra por las presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico asegurando que es “insólito” que no disponga de una copia de la misma.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación de Iglesias asegura que es una “paradoja que el único interesado que no la conoce” sea el artista, algo “insólito” de acuerdo con el “ordenamiento jurídico constitucional” español.
Este nuevo escrito llega después de que la Fiscalía haya señalado que no procede estimar la personación de Iglesias en las diligencias de investigación preprocesales, como así solicitó el abogado del cantante.
Fue este lunes cuando el abogado de Iglesias pidió al Ministerio Fiscal que le tuviera por personado en las diligencias de investigación al tiempo que solicitó que se diera carpetazo a las mismas por “la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos”.
Reacción del cantante ante las acusaciones
El cantante, por su parte, publicó el pasado viernes un mensaje en su cuenta en Instagram en el que afirmaba que esas acusaciones son “absolutamente falsas” y que le causan “una gran tristeza”. “Nunca había sentido tanta maldad”, exclamó, advirtiendo de que aún le quedan “fuerzas” para que la gente conozca “toda la verdad” y también para defender su “dignidad ante un agravio tan grave”.
La denuncia de las exempleadas
Según la investigación realizada por ‘elDiario.es’ en colaboración con Univisión Noticias, una de las exempleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.
Así se desprende de la investigación realizada durante tres años, en los que se ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.
La empleada que ha asegurado haber sufrido penetraciones sostiene que el artista español, que en ese momento tenía 77 años, la llamaba a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. “Me usaba casi todas las noches”, dice en una entrevista con los medios investigadores.
Las acusaciones a Julio Iglesias
“Me sentía como un objeto, como una esclava”, añade. Estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.
De acuerdo con la investigación, en las entrevistas las personas afectadas hablan de “condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias”.
Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales “fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables”, recoge la publicación que asegura que “sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos”.
Los hechos descritos por dos de las trabajadoras habrían tenido lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) supuestamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman esas dos extrabajadoras.
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