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GÜRTEL | Agentes de la UDEF confirman que gran parte de los actos electorales del PP de Camps se pagaron en negro

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(EUROPA PRESS)-Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que participaron en la investigación de la trama Gürtel han confirmado este martes ante el titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, que parte de los actos electorales del PP de la Comunitat Valenciana liderado por Francisco Camps se pagaron en negro.

Los investigadores, que han comparecido como testigos en el juicio por la presunta financiación ilegal de los ‘populares’ valencianos, han ratificado los informes que elaboraron y han explicado que los eventos que fueron contratados con la empresa de la trama Gürtel Orange Market fueron sufragados de forma ilegal. La red corrupta organizó los eventos y los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 para la formación política regional.

Uno de los agentes ha indicado que en la contabilidad de las empresas del ‘cabecilla’ de la trama, Francisco Correa, se hizo una distinción entre el dinero que se abonó dentro del «circuito legal» y el que se entregó de forma opaca. Según ha explicado, en uno de los documentos en formato Excel almacenado en el pendrive incautado al presunto contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo, los pagos se diferenciaron en dos columnas denominadas ‘Alicante’ y ‘Barcelona’.

REDUCCIONES DE DEUDA

El agente ha señalado que en ‘Alicante’ se incluyen aquellas «reducciones de deuda» que se han abonado con «dinero perteneciente al circuito legal» y para cuyos servicios se ha emitido una factura con liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA); mientras que en ‘Barcelona’ se apunta todo «lo contrario».

Ha concretado que los importes que aparecen en ‘Alicante’ hacen referencia a las facturas emitidas al PP regional por el conjunto de actos que realizó Orange Market; pero también a las que se mandaron a constructores que eran «adjudicatarios en la zona de análisis», en referencia a la Comunitat Valenciana, y que disminuyeron la deuda del partido. Nueve empresarios acusados en este juicio reconocieron, primero ante la Fiscalía Anticorrupción y después ante el juez, haber sufragado irregularmente los actos electorales de los ‘populares’ valencianos.

Este policía también ha afirmado que analizaron correos electrónicos enviados al ‘número dos’ de la Gürtel, Pablo Crespo, en el que se hacen mención a los ingresos en ‘Barcelona’. Asimismo, ha asegurado que el contable de Orange Market, Cándido Herrero, era conocedor de las formas de pago porque era la persona que elaboró esta documentación.

Precisamente, Herrero admitió en su declaración como acusado en este juicio la diferenciación de pagos que hacía la trama, aunque destacó que se encontró con este «sistema de trabajo» cuando entró en Orange Market. «Existen unas hojas donde ponen una serie de nombres y cosas que si Barcelona, que si Alicante y esa misma hoja es después para mi», subrayó.

LAS SIGLAS

Por otro lado, este investigador ha recordado que en dicho informe se hacía mención a unos nombres y pseudónimos que supuestamente hicieron aportaciones para sufragar estos servicios, además de las mercantiles constructoras, y que el equipo de la UDEF interpretó que hacían referencia a políticos y empresarios. Así, ‘El Príncipe’ se atribuyó a Felipe Almenar Manteca, vinculado a la sociedad CYES Infraestructuras SA; ‘Sonia’, a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo; ‘El Cantante’, a Rafael Martínez Berna, vinculado con el Grupo empresarial Villalba; o ‘El Tuerto’, al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra.

El otro agente que ha confirmado este martes los pagos en ‘b’ del PP de la Comunitat Valenciana ha enfatizado que el 80 por ciento de los pagos a Orange Market se apuntaron en la columna de ‘Barcelona’. También que en la contabilidad de la Gürtel aparecían escritas otras letras y siglas como ‘P’, que relacionaron con el partido y ‘PROV’, que identificaron como las sedes provinciales del PP en Alicante, Valencia y Castellón que pagaron a Orange Market.

Otro de los agentes de la UDEF, que también ha testificado este martes en la vista oral, y que participó en los registros de las oficinas de la Gürtel, ha aseverado que en el pendrive de Izquierdo aparece con claridad la «dinámica» de movimientos de fondos entre Orange Market y las empresas de Francisco Correa entre 2007 y 2009, año en el que estalló la trama. Unos traspasos que nutrían la contabilidad «ajena a la ilegalidad», ha asegurado.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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