Síguenos

PORTADA OFFICIAL PRESS

GÜRTEL | ‘El Bigotes’ asegura que Camps ordenaba cobrar los actos de campaña del PPCV a empresarios

Publicado

en

(EUROPA PRESS)-El responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, ha afirmado que el expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps era la persona que dio la orden al exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, de que la trama Gürtel facturase los actos de campaña de 2007 y 2008 del PP valenciano a otros empresarios.

Según ha explicado durante su declaración en el juicio por la presunta financiación del PPCV, en la reunión que se mantuvo con Costa para concretar cómo cobrar los servicios prestados por Orange Market a los ‘populares’ valencianos, Pérez ha dicho que existe una «importante» cuestión.

«Cuando yo le digo a Ricardo Costa que es una barbaridad hacer esto, ante la presión que ejerzo Ricardo llamó a la persona que consultaba siempre todo y le dijo que había problemas importantes y esa persona que le dice eso es Francisco Camps».

Tanto el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, como el ‘número dos’, Pablo Crespo han afirmado que fue Costa el que les indicó que si «querían cobrar» tenía que facturar los eventos a «determinados empresarios» sin concretar quién había tomado esta decisión

AMIGUITO DEL ALMA
Su abogado, José Javier Vasallo, ha pedido que precise quién fue la persona que instauró ese sistema de facturación en el PP valenciano, ante lo que Pérez ha dado el nombre del expresidente valenciano. «Es el único que podía hacerlo, era el que me pedía el trabajo siempre porque yo le lloraba, era mi amigo en esa época, recuerde la famosa llamada en la que me llamaba mi amiguito del alma», ha añadido.

Pérez –para el que Fiscalía pide 27 años de cárcel– ha dicho que había veces que no podía hablar con el expresidente valenciano y entonces lo hacía con su jefa de gabinete en la Generalitat Ana Michavila –calificada como una persona «bastante desagradable»– . También lo hacía con otras personas de «su guardia pretoriana» enumerando igualmente al exvicepresidente de la Comunitat Valenciana Vicente Rambla o al propio Ricardo Costa.

«Yo hablaba con el que pillaba y me desahogaba y pataleaba para que me pagaran», ha respondido. «Yo iba como fuese a conseguir que la empresa cobrara», ha dicho Pérez, que ha insistido en que él nunca ha «visto facturas». «Yo era el correveidile, me decían que saliera corriendo y procurara los hechos y yo iba a conseguir que me pagaran y sacar la empresa a flote pero no veía facturas. Cualquiera que me conozca sabe que no las he tocado», ha apostillado.

«A MI ME DABAN CACA DE VACA»
En referencia a Rambla –acusado por delitos electorales y falsedad de documento mercantil– ha asegurado que le suplicó que le dieran trabajo porque solo le daban «las migajas» en siete años. «No me daban ni cacahuetes, a mi me daban heces, caca de vaca», ha ironizado al respecto.

Todo esto para decir que Rambla no era el que mandaba en Valencia porque «no se mojaba por nada ni por nadie» y que solo seguía las órdenes de Francisco Camps y Ana Michavila. Incluso ha mencionado como alto responsable que mandaba en la región al expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino y ha apuntado que «el resto eran todos unos mandados».

«Se ha pintado con que Alvarito se lo comía todo y no se comía ni las mondas», ha dicho visiblemente molesto. «Rambla llamaba por teléfono y decía ‘que Alvarito está aquí pidiendo trabajo’ y le decían que me diesen otro acto, otro cacahuete al mono», ha añadido.

TENÍA UNA TARJETA COMO «CUALQUIER EMPLEADO DEL PP»
Pérez ha relatado cómo empezó a trabajar con el PP valenciano, y lo ha enmarcado tras el hartazgo de trabajar para el PP nacional, a cuya sede acudía con normalidad. «Tenía una tarjeta como cualquier empleado del PP, sin pasar los controles de seguridad, y la tengo por si alguien la necesita», ha indicado.

Según ha dicho, tras una «bronca» que tuvo con Belén Bajo, la responsable de prensa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llamó a Correa «llorando» para comunicarle que «no aguantaba más». Esto coincidió con un encuentro con Francisco Camps –al que había conocido a través del yerno del exjefe del Ejecutivo José María Aznar, Alejandro Agag– que le ofreció trabajo en Valencia para realizar la campaña que le llevó a la Presidencia de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, ha puntualizado que cuando llegó a Valencia ya conocía «a mucha gente» porque llevaba mucho tiempo trabajando para Correa y «todo el mundo del PP de España quería trabajar con nosotros».

«El primer contacto con Valencia es Víctor Campos», en relación al exconsejero valenciano, sobre el que ha dicho que se corresponde con las iniciales ‘V.C.’ que aparecen en un documento Excel que obra en el sumario de la causa relacionado con la deuda de la formación política. «Las iniciales seguramente corresponden con él», descartando a Costa, tal y como ha apuntado Crespo.

«He trabajado muchísimo con Adela Pedrosa que, aunque ella se escurría mucho, era la secretaria general y Ricardo Costa recibía órdenes de Pedrosa» y ha asegurado que tenía que «estar al corriente» de las formas de pago. Pedrosa, que no se encuentra en este procedimiento judicial, es actualmente secretaria segunda de la Mesa del Senado y su nombre ya ha aparecido en la declaración del ‘número dos’ de la Gürtel como una de las personas con las que se había reunido el responsable de Orange Maket.

COSTA LE LLAMABA «PAJARÍN»
La buena relación entre Costa y ‘El Bigotes’ también se ha visto durante la sesión de este viernes cuando se ha reproducido una conversación telefónica entre ambos donde se escuchaba al político llamar «pajarín» a su interlocutor. Al contrario, Pérez ha dicho que el exdirigente ‘popular’ era «muy escrupuloso» y que estaba «en desacuerdo con la forma de obrar».

Pérez, al igual que han hecho anteriormente Correa y Crespo, ha reconocido que el PP de la Comunitat Valenciana pagó los actos de campañas y eventos que realizó Orange Market con dinero en negro. «¿De manera repetida?», ha preguntado el fiscal Anticorrupción Carlos Alba, a lo que ha contestado con un «sí» rotundo.

«Se realizaron de tres maneras: en efectivo, mediante facturas con conceptos que no eran los que respondían y mediante facturas correctas», ha concretado, al mismo tiempo que ha recalcado que todos los trabajos que facturaron se realizaron. El problema, según ‘El Bigotes’ «que no se facturaba a quién se tenía que facturar».

Posteriormente ha precisado que eran los empresarios quiénes pagaban «siempre» en metálico y que había una «persona de confianza de los empresarios» que llamaba al contable de Orange Market, Cándido Herrero –también acusado– para concretar las aportaciones.

EL «EMPRESARIO DE LAS MAGDALENAS»
Ha dicho que en una ocasión lo hizo personalmente el empresario Enrique Ortíz, uno de los empresarios que han confesado, al cuál se ha referido como el «empresario de las magdalenas», ya que su apellido coincide con una marca que comercializa este dulce. En este sentido, ‘El Bigotes’, ha enfatizado que en este juicio no están todos los industriales que han participado en la financiación del PP valenciano y que tampoco se pregunta cómo se agradecía a estos cuando «soltaban la mandanga».

A preguntas del abogado del Estado, Edmundo Bal, ha relatado que fueron, Vicente Rambla, David Serra, Victor Campos y alguien de la consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda que dirigía el fallecido José Ramón García Antón los que le decían que les iban a pagar en ‘b’.

Advertisement
Click para comentar

Tienes que estar registrado para comentar Acceder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

PORTADA OFFICIAL PRESS

El Tribunal Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado y le impone una fianza de 150.000 euros

Publicado

en

Álvaro García Ortiz
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. El magistrado instructor de la Sala Segunda, Ángel Hurtado, le ha impuesto una fianza de 150.000 euros para asegurar posibles responsabilidades civiles. Si no la abona en el plazo de cinco días, se procederá al embargo de bienes.

El caso se basa en la filtración, presuntamente autorizada o coordinada por García Ortiz, del contenido confidencial de un correo electrónico relacionado con la investigación fiscal sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, se acusa al fiscal general de haber facilitado esa información a un medio de comunicación, lo que constituiría un delito de revelación de secretos cometido por autoridad.


El proceso judicial

La decisión del magistrado llega semanas después de que la Sala de Apelación del propio Supremo confirmara el procesamiento de García Ortiz. El tribunal considera que existen indicios suficientes para sentarlo en el banquillo y juzgar si su actuación supuso una violación del deber de confidencialidad inherente a su cargo.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que actúa como acusación particular, solicita una condena de seis años de prisión para el fiscal general. Sin embargo, el magistrado ha rechazado su suspensión cautelar del cargo, aunque ha remitido el auto a la Inspección Fiscal para que determine si procede alguna medida administrativa.


Respaldo del Gobierno y críticas de la oposición

Pese a la apertura de juicio, el Gobierno ha reiterado su plena confianza en Álvaro García Ortiz y ha defendido su presunción de inocencia. Así lo ha afirmado la ministra portavoz, quien ha subrayado que el fiscal general «siempre ha defendido la verdad y ha perseguido el delito».

Por el contrario, la oposición ha exigido su dimisión inmediata. Desde el Partido Popular, se considera que la situación es insostenible desde el punto de vista ético y político. Su portavoz en el Congreso ha señalado que en un país democrático, el fiscal general debería haber renunciado ya al cargo.


La Fiscalía también recurre

En paralelo, la propia Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso contra el auto de apertura de juicio oral. La teniente fiscal sostiene que la instrucción ha vulnerado derechos fundamentales y no ha respetado las garantías procesales necesarias. Por ello, solicita el archivo del caso.

La causa se encuentra ahora en una fase clave: a la espera de que se determine la fecha del juicio y de que la Inspección Fiscal valore si es procedente adoptar medidas disciplinarias internas contra García Ortiz.


Claves del caso

  • Imputado: Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

  • Delito atribuido: Revelación de secretos

  • Fianza: 150.000 euros, a abonar en cinco días

  • Condena solicitada: 6 años de prisión (por parte de APIF)

  • Reacciones: Apoyo del Gobierno, duras críticas del PP y Compromís

  • Estado actual: Auto de apertura de juicio oral firme; pendiente de fecha


Este juicio marca un precedente inédito en la historia reciente del Ministerio Fiscal en España y pone bajo escrutinio público el papel institucional del fiscal general, su relación con el Gobierno y los límites legales de su actuación.

 

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Continuar leyendo