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#GÜRTEL| Éstas son las condenas de todos los acusados por amañar contratos de #Fitur

Publicado

hace 9 años

en

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a penas de entre 3 y 13 años de prisión a 11 de los 13 acusados de amañar contratos entre la Generalitat Valenciana y la trama Gürtel para el montaje del expositor de la Comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

El Alto Tribunal Valenciano condena a la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, a los considerados “cabecillas” de la trama Gürtel, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Cándido Herrero, a varios exaltos cargos de la Administración Autonómica y a trabajadores de las empresas de Correa por asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.

La Sala absuelve a la exconsellera de Turismo Angélica Such y a Juan Bover, exjefe de servicio de infraestructuras turísticas de la Conselleria, de prevaricación administrativa, único delito por el que estaban acusados.

En la sentencia, notificada hoy a las partes, el Tribunal, considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las edificios de FITUR entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.

El grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios.

Las mercantiles de Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes.

Tales importes eran admitidos por la Administración Autonómica (Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa.

Estas mercantiles, según recoge la sentencia de 558 páginas, cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Climent, tenían información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos, contratos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.

La sentencia, notificada hoy a las partes, recoge las siguientes penas para los condenados:

-FRANCISCO CORREA: 13 años de prisión

Asociación ilícita

3 años de prisión
13.500 euros de multa
9 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación)

1 año de prisión
Multa de 3,9 millones de euros

Malversación de caudales públicos (delito continuado)

6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

Cohecho activo

3 años de prisión
Multa de 5.000 euros
8 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

-PABLO CRESPO SABARIS: 13 años y 3 meses

Asociación ilícita

2 años y 6 meses de cárcel
Multa de 11.250 euros
7 años y seis meses de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación)

1 año de prisión
Multa de 3,9 millones de euros

Malversación de caudales públicos (delito continuado)

6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

Falsedad documental

1 año y 9 meses de prisión
Multa de 6.750 euros

Cohecho activo

2 años de prisión
Multa de 2.400 euros
7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

-ÁLVARO PÉREZ ALONSO: 12 años y 3 meses de cárcel

Asociación ilícita.

18 meses de prisión.
Multa de 11.250 euros

Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación)

1 año de prisión
Multa de 3,9 millones de euros

Malversación de caudales públicos (delito continuado)

6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

Falsedad documental

1 año y 9 meses de prisión
Multa de 6.750 euros

Cohecho activo

2 años de prisión
Multa de 2.400 euros
7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

-ISABEL JORDÁN: 6 años de prisión

Asociación ilícita

18 meses de prisión
Multa de 11.250 euros

Prevaricación administrativa

7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Tráfico de influencias

ABSUELTA

Malversación de caudales públicos (delito continuado)

3 años de prisión
7 años de inhabilitación absoluta

Falsedad documental

1 año y 6 meses de prisión
Multa de 6.000 euros

-CÁNDIDO HERRERO MARTÍNEZ: 4 años y cuatro meses de cárcel

Asociación ilícita

16 meses de prisión
5.850 euros de multa.

Prevaricación administrativa

5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Tráfico de influencias

ABSUELTO

Malversación de caudales públicos

1 año y 6 meses de prisión
3 años de inhabilitación absoluta

Falsedad documental

1 año y 6 meses de prisión
Multa de 3.600 euros

-MÓNICA MAGARIÑOS PÉREZ: 3 años de prisión

Asociación ilícita

12 meses de prisión
1.800 euros de multa

Prevaricación administrativa

5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Tráfico de influencias

ABSUELTA

Malversación de caudales públicos

2 años de prisión
5 años de inhabilitación absoluta

-MILAGROSA MARTÍNEZ 9 años de prisión

Prevaricación administrativa

9 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Malversación de caudales públicos

6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

Cohecho pasivo

3 años de prisión
5.000 euros de multa
8 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

-RAFAEL BETORET: 6 años de prisión

Prevaricación administrativa

7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Malversación de caudales públicos y falsedad documental

6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

-ISAAC VIDAL: 7 años de prisión

Prevaricación administrativa

5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Malversación de caudales públicos

4 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

falsedad documental

3 años de prisión
2.700 euros de multa
2 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

-JORGE GUARRO: 4 años de prisión

Prevaricación administrativa

5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Malversación de caudales públicos

4 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

-ANA GRAU: 3 años de prisión

Prevaricación administrativa

4 años, tres meses y un día de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Falsedad documental

3 años de prisión
900 euros de multa
2 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Malversación de caudales públicos

ABSUELTA

– ANGÉLICA SUCH:

Prevaricación administrativa

ABSUELTA

-JUAN BOVER:

Prevaricación administrativa

ABSUELTO

La Sala condena además, a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal y Jorge Guarro a indemnizar solidariamente a la Generalitat Valenciana con 272.000 euros.

La sentencia establece la responsabilidad subsidiaria de las mercantiles Orange Market, Easy Concept Comunicación, Boomerangdrive y Servimadrid Integral, que deberán hacer frente al pago de dicha indemnización si los condenados anteriormente citados no abonan la parte que les corresponde.

La Sala de lo Civil y Penal prohíbe contratar con el sector público a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau por lo que se acuerda comunicar la sentencia a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y al órgano equivalente en la Comunidad Valenciana.

El Tribunal ordena, por otro lado, el comiso de bienes de la sociedad Orange Market S.L., por importe de casi dos millones de euros 1.938.000 y el comiso del reloj, valorado en 2.400 euros, con el que fue obsequiada la exconsellera de Turismo condenada.

El juicio por esta pieza separada del “caso Gürtel” comenzó en marzo de 2015 y quedó visto para sentencia un año después tras 65 sesiones.

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Qué es el Plan Auto 2030 y cómo puedes optar a hasta 7.000 euros para comprar un coche

Publicado

hace 3 días

en

14 noviembre, 2025

De

Revisión coche y documentación

La industria española del automóvil atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Tras años ocupando una posición destacada en el panorama internacional como segundo fabricante europeo y octavo del mundo, España ha perdido parte de su peso industrial, superada ahora por Brasil. La caída de la demanda en Europa y el frenazo en la producción han llevado al sector a movilizarse como no lo hacía desde hace décadas.

Un sector en retroceso desde la pandemia

Antes del Covid, la automoción europea vendía alrededor de 19 millones de vehículos al año; actualmente apenas alcanza los 15 millones. Este desplome ha tenido un impacto directo en España: las fábricas nacionales producen dos millones de vehículos menos que hace unos años, una pérdida que equivaldría a mantener paradas las 16 plantas españolas durante un año completo.

Ante esta situación, las principales asociaciones del automóvil, encabezadas por Anfac, han logrado unir a fabricantes, concesionarios, agentes sociales, eléctricas, comunidades autónomas e instituciones para elaborar un diagnóstico común y una propuesta de actuación. El resultado es el Plan Auto 2030, un programa integral que cuenta con sintonía por parte del Ministerio de Industria, liderado por Jordi Hereu, y que busca frenar el deterioro del sector.

Por qué el sector reclama el Plan Auto 2030

El mensaje de la industria es claro:
si no se venden más coches en España, las fábricas no podrán mantener los volúmenes actuales de producción.

Para evitarlo, el sector pide al Gobierno un plan nacional que combine medidas de apoyo industrial y un nuevo impulso a la demanda mediante ayudas directas a la compra. Este paquete de estímulos deberá corregir los errores del actual Moves, que ha generado retrasos, incertidumbre y diferencias de aplicación entre comunidades autónomas.

Cómo funcionarían las ayudas: hasta 7.000 euros para vehículos electrificados

Aunque el Gobierno aún no ha presentado la versión definitiva del Plan Auto 2030, las líneas generales ya están consensuadas. Para los compradores particulares, las claves serían las siguientes:

Ayudas directas descontadas en la factura

El sector reclama que los incentivos se apliquen de forma inmediata, restándose del precio final del coche en el concesionario. Esto eliminaría la espera de meses o incluso años que actualmente sufren los beneficiarios del Moves.

Vehículos beneficiados

Las ayudas estarían enfocadas principalmente a:

  • Coches eléctricos 100 %

  • Híbridos enchufables

  • Posible inclusión de híbridos no enchufables, pero con cuantías inferiores

Cuantía estimada

La propuesta mantiene cifras similares a las del Moves, con ayudas que oscilarían entre 4.000 y 7.000 euros en función del vehículo y las condiciones de achatarramiento.

Exención en el IRPF

Uno de los objetivos del plan es que las ayudas no tributen en la declaración de la renta, eliminando así una de las principales barreras del Moves.

Gestión centralizada

El sector exige que los fondos se gestionen de forma estatal y no autonómica, para evitar desigualdades entre regiones y retrasos como los actuales, que han dejado a miles de compradores sin cobrar pese a tener aprobada la ayuda.

Los fallos del Moves que el Plan Auto 2030 quiere corregir

El Moves se ha visto afectado por diversos problemas:

  • Largas esperas para cobrar las ayudas, que en ocasiones superan los dos años.

  • Comunidades que aún no han puesto en marcha la convocatoria.

  • Otras regiones que se han quedado sin fondos meses atrás.

  • Incertidumbre para miles de compradores que no saben si cobrarán la subvención aprobada.

El Plan Auto 2030 se inspira en modelos regionales de éxito, como el Plan Reinicia Auto impulsado en la Comunitat Valenciana tras la dana, donde las ayudas fueron rápidas, directas y eficaces.

Un riesgo para miles de compradores del Moves

Las asociaciones del automóvil alertan de que el Moves actual corre el riesgo de quedar abandonado si no se habilita una nueva partida presupuestaria. Sin esos fondos, miles de beneficiarios podrían no llegar a recibir nunca las ayudas prometidas, incluso aunque ya estuvieran aprobadas.

Un plan decisivo para el futuro de la automoción en España

El Plan Auto 2030 se presenta como una herramienta clave para revitalizar la demanda, sostener la producción, acelerar la electrificación y asegurar la posición estratégica de España en el sector. En un momento de transición tecnológica y competencia global, la industria considera que el país se juega una parte esencial de su tejido económico.

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