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#GÜRTEL| Éstas son las condenas de todos los acusados por amañar contratos de #Fitur

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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a penas de entre 3 y 13 años de prisión a 11 de los 13 acusados de amañar contratos entre la Generalitat Valenciana y la trama Gürtel para el montaje del expositor de la Comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

El Alto Tribunal Valenciano condena a la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, a los considerados “cabecillas” de la trama Gürtel, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Cándido Herrero, a varios exaltos cargos de la Administración Autonómica y a trabajadores de las empresas de Correa por asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.

La Sala absuelve a la exconsellera de Turismo Angélica Such y a Juan Bover, exjefe de servicio de infraestructuras turísticas de la Conselleria, de prevaricación administrativa, único delito por el que estaban acusados.

En la sentencia, notificada hoy a las partes, el Tribunal, considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las edificios de FITUR entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.

El grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios.

Las mercantiles de Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes.

Tales importes eran admitidos por la Administración Autonómica (Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa.

Estas mercantiles, según recoge la sentencia de 558 páginas, cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Climent, tenían información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos, contratos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.

La sentencia, notificada hoy a las partes, recoge las siguientes penas para los condenados:

-FRANCISCO CORREA: 13 años de prisión

Asociación ilícita

3 años de prisión
13.500 euros de multa
9 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación)

1 año de prisión
Multa de 3,9 millones de euros

Malversación de caudales públicos (delito continuado)

6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

Cohecho activo

3 años de prisión
Multa de 5.000 euros
8 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

-PABLO CRESPO SABARIS: 13 años y 3 meses

Asociación ilícita

2 años y 6 meses de cárcel
Multa de 11.250 euros
7 años y seis meses de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación)

1 año de prisión
Multa de 3,9 millones de euros

Malversación de caudales públicos (delito continuado)

6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

Falsedad documental

1 año y 9 meses de prisión
Multa de 6.750 euros

Cohecho activo

2 años de prisión
Multa de 2.400 euros
7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

-ÁLVARO PÉREZ ALONSO: 12 años y 3 meses de cárcel

Asociación ilícita.

18 meses de prisión.
Multa de 11.250 euros

Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación)

1 año de prisión
Multa de 3,9 millones de euros

Malversación de caudales públicos (delito continuado)

6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

Falsedad documental

1 año y 9 meses de prisión
Multa de 6.750 euros

Cohecho activo

2 años de prisión
Multa de 2.400 euros
7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

-ISABEL JORDÁN: 6 años de prisión

Asociación ilícita

18 meses de prisión
Multa de 11.250 euros

Prevaricación administrativa

7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Tráfico de influencias

ABSUELTA

Malversación de caudales públicos (delito continuado)

3 años de prisión
7 años de inhabilitación absoluta

Falsedad documental

1 año y 6 meses de prisión
Multa de 6.000 euros

-CÁNDIDO HERRERO MARTÍNEZ: 4 años y cuatro meses de cárcel

Asociación ilícita

16 meses de prisión
5.850 euros de multa.

Prevaricación administrativa

5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Tráfico de influencias

ABSUELTO

Malversación de caudales públicos

1 año y 6 meses de prisión
3 años de inhabilitación absoluta

Falsedad documental

1 año y 6 meses de prisión
Multa de 3.600 euros

-MÓNICA MAGARIÑOS PÉREZ: 3 años de prisión

Asociación ilícita

12 meses de prisión
1.800 euros de multa

Prevaricación administrativa

5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Tráfico de influencias

ABSUELTA

Malversación de caudales públicos

2 años de prisión
5 años de inhabilitación absoluta

-MILAGROSA MARTÍNEZ 9 años de prisión

Prevaricación administrativa

9 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Malversación de caudales públicos

6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

Cohecho pasivo

3 años de prisión
5.000 euros de multa
8 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

-RAFAEL BETORET: 6 años de prisión

Prevaricación administrativa

7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Malversación de caudales públicos y falsedad documental

6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

-ISAAC VIDAL:
7 años de prisión

Prevaricación administrativa

5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Malversación de caudales públicos

4 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

falsedad documental

3 años de prisión
2.700 euros de multa
2 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

-JORGE GUARRO: 4 años de prisión

Prevaricación administrativa

5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Malversación de caudales públicos

4 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

-ANA GRAU: 3 años de prisión

Prevaricación administrativa

4 años, tres meses y un día de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Falsedad documental

3 años de prisión
900 euros de multa
2 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Malversación de caudales públicos

ABSUELTA

– ANGÉLICA SUCH:

Prevaricación administrativa

ABSUELTA

-JUAN BOVER:

Prevaricación administrativa

ABSUELTO

La Sala condena además, a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal y Jorge Guarro a indemnizar solidariamente a la Generalitat Valenciana con 272.000 euros.

La sentencia establece la responsabilidad subsidiaria de las mercantiles Orange Market, Easy Concept Comunicación, Boomerangdrive y Servimadrid Integral, que deberán hacer frente al pago de dicha indemnización si los condenados anteriormente citados no abonan la parte que les corresponde.

La Sala de lo Civil y Penal prohíbe contratar con el sector público a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau por lo que se acuerda comunicar la sentencia a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y al órgano equivalente en la Comunidad Valenciana.

El Tribunal ordena, por otro lado, el comiso de bienes de la sociedad Orange Market S.L., por importe de casi dos millones de euros 1.938.000 y el comiso del reloj, valorado en 2.400 euros, con el que fue obsequiada la exconsellera de Turismo condenada.

El juicio por esta pieza separada del “caso Gürtel” comenzó en marzo de 2015 y quedó visto para sentencia un año después tras 65 sesiones.

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Anestesia en perros y gatos: qué ocurre durante la operación y cómo reducir los riesgos

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La pregunta que más temen los dueños de mascotas cuando dejan a su perro o gato en el veterinario es siempre la misma: ¿y si no se despierta? Conocer cómo se prepara la anestesia, quién vigila al animal durante la cirugía y qué cuidados necesita al despertar ayuda a afrontar la intervención con más tranquilidad.

La anestesia veterinaria es mucho más que conseguir que un animal se duerma para poder operarlo. Requiere valorar su estado de salud, adaptar los medicamentos y las dosis a sus necesidades y supervisar su evolución antes, durante y después de la intervención.

«Una de las principales preocupaciones de las familias de los animales a los que anestesiamos es que no despierten. Es un temor comprensible, y está en nuestras manos explicarles qué ocurre mientras su pequeño está bajo los efectos de la anestesia», explica Agustín Martínez, veterinario especializado en anestesia y manejo del dolor.

El especialista recuerda que «dormir a un animal es muy fácil, anestesiarlo ya no lo es tanto», porque cada paciente necesita una atención individualizada.

Cómo preparar a un perro o un gato antes de la anestesia

Antes de una operación, conviene conocer qué valoración realizará el equipo veterinario y qué pruebas pueden ser necesarias. Los antecedentes, la edad, el estado de salud y el tipo de intervención son factores que ayudan a decidir cómo proceder.

En función de cada caso, pueden recomendarse análisis de sangre u otras exploraciones. No todos los animales necesitan las mismas pruebas, por lo que es importante compartir con el veterinario cualquier información relevante sobre la salud y el comportamiento de la mascota.

También conviene preguntar cómo se adaptará el protocolo anestésico al paciente. Los medicamentos y las dosis deben elegirse teniendo en cuenta sus características y el procedimiento que se va a realizar.

Martínez define este enfoque como una «anestesia a la carta», en la que se consideran tanto las necesidades del animal como las circunstancias que rodean la intervención y su recuperación.

Quién vigila al animal mientras está anestesiado

Durante la cirugía, el perro o el gato necesita una vigilancia continua. Los equipos de monitorización permiten registrar parámetros importantes, pero también resulta fundamental que profesionales cualificados supervisen esos datos y puedan actuar ante cualquier cambio.

Por eso, una de las preguntas que los propietarios pueden plantear antes de la intervención es quién será responsable de la anestesia y de controlar al animal durante la operación.

Conocer cómo se realiza esta vigilancia permite comprender mejor los cuidados que recibirá la mascota mientras su familia espera fuera de la clínica.

El despertar también forma parte de la anestesia

Que la cirugía haya terminado no significa que el proceso anestésico haya concluido. La recuperación necesita seguimiento y el equipo veterinario debe comprobar que el animal evoluciona adecuadamente antes de decidir cuándo puede volver a casa.

No todos los perros y gatos se recuperan al mismo ritmo. Por eso, es importante que los profesionales valoren su estado y expliquen a la familia qué evolución cabe esperar y qué cuidados serán necesarios después.

Si el despertar se prolonga o surgen dudas, los propietarios pueden pedir información sobre cómo está evolucionando su compañero y cuándo será seguro trasladarlo al domicilio.

La recuperación, subraya Martínez, «no es un detalle secundario, sino una parte más de la anestesia».

Qué preguntar al veterinario antes de una operación

Para afrontar una intervención con mayor tranquilidad, las familias pueden plantear cuatro cuestiones básicas:

  • Valoración previa: cómo se ha evaluado el estado de salud del perro o el gato y qué pruebas necesita.
  • Anestesia individualizada: cómo se adaptarán el protocolo, los medicamentos y las dosis a sus características.
  • Vigilancia durante la cirugía: quién supervisará la anestesia y cómo se controlará su evolución.
  • Recuperación: qué seguimiento recibirá al despertar y qué condiciones debe cumplir antes de regresar a casa.

También es recomendable pedir una explicación de los riesgos específicos de cada caso. Ninguna intervención está exenta de riesgos, pero disponer de información clara ayuda a comprender las decisiones del equipo veterinario.

Cuando un perro o un gato necesita una operación, el miedo de su familia es comprensible. Informarse sobre la preparación, la monitorización y la recuperación permite afrontar ese momento con mayor conocimiento y saber qué cuidados recibirá el animal en cada fase del procedimiento.

 

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