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Hortensia Herrero también restaurará la capilla de la comunión de San Nicolás

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El Arzobispado de Valencia y la Fundación Hortensia Herrero han firmado un convenio para continuar con las mejoras de la Iglesia de San Nicolás. Después de la restauración de las fachadas y vidrieras, en una primera actuación, y la restauración de los frescos, el templo de la calle Caballeros verá ahora restaurada la Capilla de la Comunión.

El presupuesto de esta intervención asciende a un millón de euros y correrá a cargo de la Fundación Hortensia Herrero, que ya asumió los costes de la anteriores intervenciones. Las obras arrancarán en las próximas semanas y está previsto que terminen antes de final de año.

El equipo de rehabilitación, además, será el mismo. La empresa EMR, bajo la dirección de Carlos Campos, se hará cargo de la rehabilitación estructural. En cuanto a la parte pictórica, el encargado de renovar su imagen será el equipo de restauradores, coordinado por la catedrática e investigadora del Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV, Pilar Roig.

“La restauración de la Capilla de la Comunión de la iglesia de San Nicolás viene a complementar las intervenciones realizadas por la Fundación Hortensia Herrero entre los años 2012 y 2016. Las obras tienen por objetivo asegurar las condiciones óptimas de conservación de los elementos decorativos y pictóricos de la capilla una vez restaurados, así como la recuperación de los ventanales de la fachada gótica de la zona de la plaza de San Nicolás”, explica el arquitecto Carlos Campos.

Ítalo Mazzoleni, arquitecto del equipo del estudio de Carlos Campos, explicó en la rueda de prensa de presentación que “los problemas que se propone resolver corresponden principalmente a garantizar la impermeabilización de la cubierta y resolver las humedades procedentes del suelo. Ambas han producido importantes daños en los revestimientos interiores de los muros y de las pinturas de las pechinas”. Mazzoleni matizó que los trabajos “tiene por objetivo la mejora de las condiciones de la cubierta y de los espacios interiores, acometiendo también aspectos de la estructura de madera de la misma”.

san nicolás,

Por último, apuntó que ” otro espacio a intervenir corresponde  a la fachada gótica existente hacia la plaza de san Nicolás, donde se propone la restauración de la misma, recuperando los dos ventanales góticos existentes en dicho paramento”.

Si en la anterior actuación primaba el aspecto pictórico, la intervención que se realizará en la Capilla de la Comunión destacará también su parte arquitectónico y estructural, ya que se van a restaurar los parámetros verticales, bóvedas y arcos, además de la cubierta y los pavimentos de la misma.

Pilar Roig, por su parte, ha señalado que, por lo que respecta a la parte pictórica, “prácticamente todos los ámbitos decorativos de la capilla están dañados a causa de la humedad. Hay que corregir los problemas de filtraciones y, una vez, hecho eso, se procederá a las tareas propias de restauración. Además de los procesos de limpieza y consolidación de los elementos decorativos se van a reintegrar los faltantes pictóricos”.

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El novio de Ayuso ante el Supremo: “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. El fiscal general me había matado públicamente”

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El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por la filtración del correo electrónico en el que su defensa admitía “dos delitos fiscales”.


“El fiscal general me había destrozado públicamente”

Visiblemente afectado, González Amador relató ante el tribunal el impacto que tuvo aquella publicación.

“Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente”,
declaró, girándose hacia el fiscal general durante su testimonio.

El empresario aseguró que, hasta la filtración, confiaba en resolver el caso “de forma discreta y con una pena asumible”, pero todo cambió “cuando el asunto saltó a la luz pública”.


De una negociación fiscal a un caso mediático

Según explicó ante el Supremo, su intención inicial era alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para cerrar el procedimiento por fraude fiscal. Sin embargo, el correo filtrado —en el que su abogado fiscalista, Carlos Neira, reconocía la existencia de “dos delitos contra la Hacienda Pública”— acabó difundido en medios de comunicación en marzo de 2024.

“Cuando vi mi expediente tributario y el correo en la prensa, llamé a mi abogado. Me dijo: ‘La presunción de inocencia se ha roto. Estamos en otra dimensión’”, ha recordado González Amador.

A partir de ese momento, según su testimonio, “todo el Gobierno comenzó a llamarle delincuente confeso”, lo que le causó “un daño irreparable” a nivel personal y profesional.


El juicio a García Ortiz y las tensiones institucionales

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sigue en el Supremo tras la querella presentada por González Amador por revelación de secretos. El proceso ha vuelto a poner el foco en las tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, así como en el papel de la Fiscalía General en casos con implicaciones políticas.

Durante la sesión, se recordaron también las declaraciones previas de altos cargos de la Comunidad de Madrid, como el jefe de Gabinete de Ayuso, que reconoció haber advertido de que “el fiscal general iría p’alante”.

 Un juicio histórico en la democracia española

El juicio a Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, marca un hecho sin precedentes en la historia democrática española.
El proceso, que se celebra en el Tribunal Supremo, estará presidido por siete magistrados de la Sala de lo Penal, encargados de determinar si García Ortiz filtró un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía una supuesta defraudación a Hacienda.

Pese a la gravedad de la acusación, el juez Ángel Hurtado ha decidido que el fiscal general mantenga su cargo mientras dure el proceso judicial, que se prevé se alargue durante dos semanas.


El origen del caso: el correo del abogado de González Amador

Todo comenzó el 2 de febrero de 2024, cuando Carlos Neira, abogado del empresario Alberto González Amador, remitió a la Fiscalía un correo electrónico con una propuesta de pacto.
En él se reconocía la posibilidad de que su cliente hubiera cometido un delito contra la Hacienda Pública.

Durante más de un mes, el contenido de ese correo permaneció reservado. Sin embargo, el 12 de marzo de 2024, varios medios de comunicación publicaron que la pareja de Ayuso podría haber defraudado dinero al fisco.
Al día siguiente, desde la Comunidad de Madrid, el portavoz Miguel Ángel Rodríguez negó esa versión y aseguró que fue la Fiscalía la que había propuesto el pacto.
Esa misma noche, según la investigación, se habría producido la presunta filtración del correo.


La posición del fiscal general

Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, García Ortiz negó “rotundamente” haber filtrado información confidencial.
El magistrado instructor, no obstante, considera que existen “indicios razonables” de que la filtración pudo salir de la Fiscalía.

El propio Alberto González Amador ha asegurado que la publicación del correo electrónico vulneró su derecho a la intimidad y afectó a su reputación:

“Todo eso me ha ido lastrando”, declaró ante el tribunal.


Un proceso sin retransmisión pública

Aunque se trata de un juicio inédito en España, el Tribunal Supremo ha decidido no retransmitir las sesiones en directo.
A lo largo del proceso declararán unos cuarenta testigos, entre ellos políticos, periodistas y miembros de la Guardia Civil.
El último en declarar será el propio Álvaro García Ortiz, quien sigue al frente de la Fiscalía General del Estado durante la vista.


Qué consecuencias puede tener el juicio

Si el Tribunal Supremo declarara culpable al fiscal general, la sentencia podría implicar:

  • Entre 4 y 6 años de cárcel,

  • 12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público,

  • y una multa superior a los 400.000 euros.

Por el momento, el proceso continúa abierto, y se espera que el fallo se conozca antes de final de mes.


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