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El Hospital Peset de València bate récord en trasplante renal

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El Hospital Universitario Doctor Peset ha realizado en la madrugada del 8 al 9 de diciembre su trasplante renal número 1.000 a un hombre de 45 años con insuficiencia renal crónica por enfermedad poliquística. El paciente, que llevaba desde 2015 en hemodiálisis, se encuentra aún hospitalizado y evoluciona favorablemente.
Esta cifra redonda coincide con el año de máxima actividad trasplantadora de este centro sanitario público valenciano, que, con 67 trasplantes en lo que va de 2017, batirá su propio récord, que estaba en 62 injertos anuales.
«Llegar a los 1.000 trasplantes supone un gran logro para este hospital porque somos conscientes que detrás de cada trasplante hay una historia y un paciente que mejora su expectativa y su calidad de vida. El programa de trasplante renal es el paradigma del trabajo en equipo, un ejemplo que da una proyección de futuro a este centro y que plantea nuevos retos no solo a los equipos directamente implicados en el trasplante sino al conjunto del hospital», ha señalado Francisco M. Dolz, gerente del Departamento de Salud de Valencia-Doctor Peset.
En la intervención, de algo más de dos horas, ha participado un equipo de casi 15 personas entre especialistas de Urología, Cirugía Vascular, Nefrología, Anestesiología, Enfermería, técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería, celadores, Coordinación de Trasplantes y personal de limpieza. A ellos hay que sumar los Servicios Centrales implicados en el seguimiento y manejo del paciente trasplantado como son Farmacia, Radiología, Anatomía Patológica, Microbiología, Medicina Nuclear o Análisis Clínicos.
De manera casual, en el equipo que ha realizado el trasplante número 1.000 se encontraban dos de los profesionales que participaron en el primer trasplante realizado en el Hospital Universitario Doctor Peset el 1 de noviembre de 1996. Concretamente, los dos profesionales son María Jesús Lidón, enfermera de Nefrología y coordinadora de trasplantes del centro desde principios de los años 90, y el doctor Juan Vidal, que actualmente es el jefe de Servicio de Urología del Hospital Universitario Doctor Peset.
Este centro sanitario público valenciano fue acreditado en junio de 1996 como centro trasplantador renal de donante cadáver y el 1 de noviembre de dicho año se efectuó el primer trasplante a una mujer de 56 años. En estas dos décadas, la actividad trasplantadora ha sido creciente hasta alcanzar más de 60 trasplantes renales anuales en los últimos tres años.
Como centro trasplantador, el Hospital Universitario Doctor Peset fue pionero a nivel nacional en la utilización de donantes con criterios expandidos (órganos de donantes de más de 60 años o con comorbilidades añadidas), así como en la introducción de la biopsia renal (a cargo del Servicio de Anatomía Patológica) en la evaluación histológica de los riñones procedentes de este tipo de donantes.
Otro de los campos en los que destaca el centro valenciano es en la realización de trasplante renal con órganos de donantes pediátricos de menos de 3 años de edad que se implantan en bloque en receptores adultos. Las exigencias técnicas de este tipo de trasplante han convertido al Hospital Universitario Doctor Peset en centro de referencia para la derivación de estos órganos, no solo a nivel nacional sino también de países como Portugal, Italia o Francia.
Igualmente, el Peset fue pionero en la realización del primer trasplante renal de donante en asistolia (en parada cardíaca) en la Comunitat Valenciana en enero de 2008, un programa que en la actualidad representa casi la cuarta parte de los trasplantes renales.
De hecho, este centro ha realizado hasta la fecha un total de 47 trasplantes renales de donantes en asistolia, de los cuales 18 se han efectuado en 2017, lo que representa el 27% de la actividad trasplantadora del presente año. Así, el riñón del trasplante número 1.000 procedía de una donación en asistolia controlada.
En julio de 2014, el Hospital Universitario Doctor Peset inició el programa de trasplante renal de donante vivo y ya ha realizado 21 trasplantes de este tipo con excelentes resultados. Además, participa en el programa de intercambio nacional de órganos para el trasplante renal de pacientes hiperinmunizados como consecuencia de transfusiones, embarazo o trasplantes renales previos, con el fin de incrementar sus expectativas de trasplante.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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