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Los sindicatos amenazan con una posible huelga en la Agencia Tributaria en plena campaña de la Renta

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huelga agencia tributaria

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), CCOO y UGT van a presentar un conflicto colectivo ante la Agencia Tributaria (AEAT) para negociar mejoras laborales y salariales, coincidiendo con el inicio de la campaña para presentar la declaración de la renta.

El conflicto colectivo, que se formalizará mañana, pretende reactivar la negociación para negociar un nuevo convenio colectivo, que lleva año y medio denunciado, así como un acuerdo para la carrera profesional, pendiente de desarrollo desde el año 2007.

«Si desde la Agencia Tributaria no se atienden nuestras reivindicaciones, nos veremos obligados a convocar movilizaciones y no descartamos la huelga en plena campaña de la renta«, han advertido desde CSIF.

Qué reclaman los sindicatos para no ir a la huelga

La plantilla de la Agencia Tributaria también reclama el desarrollo del teletrabajo, así como la negociación de la apertura del servicio telefónico anunciado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sin concretar las retribuciones ni regular los puestos de trabajo.

«Si no se refuerza la plantilla, los trabajadores que atiendan por las tardes se retraerán de las actividades dirigidas a la lucha contra el fraude», ha advertido el sindicato a través de un comunicado. Asimismo, desde CSIF consideran que se debe revisar la productividad cuyo reparto prima al colectivo de inspectores, discriminando al resto de la plantilla.

El sindicato ha reclamado también las mejoras de las condiciones laborales para el colectivo de Vigilancia Aduanera, catalogando este destino como profesión de riesgo y reforzando los medios materiales y humanos desarrollando una verdadera Policía Fiscal, «una necesidad que se ha puesto en evidencia tras los trágicos sucesos conocidos en la provincia de Cádiz».

Según CCOO, con este conflicto colectivo se quiere dejar en evidencia las deficitarias condiciones de trabajo en una organización fundamental para el funcionamiento del Estado, la lucha contra el fraude fiscal y el combate diario al narcotráfico y el crimen organizado.

Declaración de la Renta 2023: todas las novedades que debes saber

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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