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Inditex acuerda un salario mínimo de 18.000 euros para todos los trabajadores de sus tiendas

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outlet Zara Madrid

Inditex ha llegado a un acuerdo con los sindicatos fijando un salario mínimo fijo desde 18.000 euros a todos los trabajadores de sus tiendas de las diferentes marcas del grupo de toda España.

Este jueves ha finalizado el proceso de negociaciones desde que comenzó el pasado mes de octubre con un acuerdo que según indica en un comunicado UGT, «soluciona alguna de las injusticias que se producían en el grupo, y por fin empieza un camino de homogeneidad en las distintas marcas y territorios».

Con estas cantidades hay territorios en España que tendrán una subida de más de 6.000 euros al año, lo que supone una subida media de un 20%; los territorios con salario más bajo llegan a un 40%.

Los nuevos mínimos salariales se empezarán a cobrar en la nómina de marzo de 2023 con carácter retroactivo desde el 1 de enero y podrán revalorizarse en 2024 y 2025 según el IPC real del año anterior.

Además, según los sindicatos, todos los trabajadores cobrarán ya este mes el incentivo de hasta mil euros pactado en diciembre y se elevará al 1,4% el mínimo del porcentaje del sistema de comisiones para todas las cadenas (actualmente, la comisión por venta oscila entre el 0,8%, la marca que menos tiene, y 1,2% la que más).

Igualmente, se han pactado otras mejoras sociales como 450 euros por nacimiento de cada hijo, hasta 170 euros al mes de ayuda guardería por hijo y otro tanto para pago del comedor de guardería; 200 euros anuales en material escolar para cada hijo de 3 a 18 años, hasta 500 euros de ayuda por estudios universitarios para cada uno de ellos y 200 euros mensuales de ayuda por cada familiar a cargo, hasta segundo grado, con grados de dependencia 1 y 2.

Además se regulará el disfrute de descansos de calidad (fines de semana libres) y se revisará la clasificación en las distintas cadenas del grupo.

Sobre el trabajo en festivos y domingos, para los trabajados fuera de la jornada ordinaria, se abonarán 12 euros por hora más una hora libre, o 24 euros la hora sin devolución. Para quienes tengan los domingos incluidos en su jornada semanal, se abonarán 10 euros la hora.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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