Las principales asociaciones de jueces y fiscales —a excepción de las de corte progresista— han confirmado este martes que mantienen la huelga prevista para los días 1, 2 y 3 de julio, tras la negativa del Gobierno a retirar las reformas que afectan al acceso a la carrera judicial y fiscal y a la estructura del Ministerio Fiscal.

Rechazo a la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal

En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han explicado que, tras la reunión mantenida con representantes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se ha decidido seguir adelante con las movilizaciones.

El comité de huelga exigió la retirada íntegra del proyecto de ley que modificaría el sistema de acceso a ambas carreras, y criticó que el Gobierno pretende aprobarlo sin diálogo ni consenso técnico ni jurídico. También mostraron su firme oposición a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), al considerarla un grave retroceso en la autonomía del órgano.

«El Ministerio no acepta ni lo más lesivo»

Según denuncian las asociaciones convocantes, el Ministerio de Justicia no mostró disposición alguna para modificar el proyecto:

«No aceptó ninguna de nuestras propuestas, no ofreció alternativas ni mostró apertura al diálogo. Incluso llegó a poner en duda el derecho de huelga de jueces y fiscales, reconocido en los últimos años», apuntan.

Pese a la falta de avances, se acordó mantener el contacto con el Ministerio para agotar todas las vías de diálogo. No obstante, confirman que se mantienen las medidas de conflicto colectivo, que incluyen la concentración del próximo sábado frente al Tribunal Supremo, además de los tres días de huelga.

Justicia pedirá al CGPJ un pronunciamiento sobre la huelga

Por parte del Gobierno, fuentes del Ministerio de Justicia han descrito la reunión como «respetuosa y constructiva». Según explican, se detallaron las dos reformas impulsadas por el Ejecutivo y se calificaron de «infundados» los temores expresados por las asociaciones.

El Ministerio también informó de que solicitará un pronunciamiento al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la legalidad de la huelga convocada, dada la «incertidumbre jurídica» que plantea.

La Abogacía llama al consenso para evitar el colapso judicial

El Consejo General de la Abogacía Española se ha sumado a las voces que piden una solución dialogada. Su presidente, Salvador González, ha subrayado que:

«Es imprescindible seguir dialogando hasta el último minuto para definir un modelo de acceso que tenga un respaldo mayoritario. No es momento de huelga ni de acelerar reformas sin consenso».

Durante una reunión con la comisión de Relaciones Institucionales del CGPJ, González transmitió su preocupación por el impacto de una huelga de tres días en la ciudadanía y en el derecho a la tutela judicial efectiva.

Medidas propuestas por la Abogacía para minimizar el impacto

El presidente del Consejo pidió que, en caso de llevarse a cabo la huelga:

• Se avisen con antelación las suspensiones de señalamientos.

• Se refuercen los juzgados posteriormente para evitar colapsos.

• Se amplíen las fechas de vistas suspendidas y se reprogramen con prioridad.

• Se dicten medidas de protección para colectivos vulnerables, como menores, personas con discapacidad o sin recursos económicos.

González concluyó con un mensaje claro:

«Si no se pone remedio, habrá cientos de actuaciones suspendidas que se retrasarán meses e incluso años».

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