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Muere Ignacio Redondo, director jurídico de Caixabank, en un accidente

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Ignacio Redondo
Ignacio Redondo-Fundación Fide

El director de la asesoría jurídica de CaixaBank, Ignacio Redondo, falleció en un accidente de moto ocurrido a última hora de la tarde de este sábado en la isla balear de Formentera.

Fuentes de la compañía han confirmado la información adelantada por el diario El Confidencial sobre el fallecimiento de Redondo, de 47 años y director de la asesoría jurídica de la entidad desde 2010.

«Desde la entidad -han dicho las citadas fuentes- lamentamos enormemente su pérdida. Era una persona muy querida en Caixabank, además de un profesional muy admirado y un ejemplo de dedicación y servicio. Nos unimos al dolor de su familia y amigos».

En otro apunte de Twitter, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha lamentado su muerte en accidente de tráfico y ha enviado su pésame a la familia.

Redondo conducía la moto con la que sufrió el accidente a la entrada de Sa Sequí al chocar contra una furgoneta cuando se dirigía a La Savina, según ha informado el Consell de Formentera.

Ignacio Redondo

Abogado del Estado, fue el número uno de su promoción. Redondo fue también profesor asociado de Derecho Administrativo en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona entre 2008 y 2011, y participó en el programa de empresas de ESADE.

También fue secretario del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (Tearc), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública que resuelve las reclamaciones económico-administrativas que se presentan contra las distintas Administraciones.

En 2007 Redondo dejó el puesto para convertirse en el secretario general de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en sustitución de Jaime de Almenar. En 2010 se incorporó a La Caixa como director de Asesoría Jurídica, bajo la presidencia de Isidro Fainé.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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