La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha explicado que la Conselleria de la que ella es titular ya implementa cláusulas de responsabilidad fiscal por las que si las empresas operan en paraísos fiscales, estas corporaciones no pueden optar a gestionar las residencias de personas mayores.

Tras una reunión con miembros de la asociación Oxfam Intermón y de la plataforma «Campanya per una Justicia Fiscal», Oltra ha señalado que «igual que cualquier persona paga el 21 % de IVA, no es normal que grandes corporaciones hagan sistemáticamente hagan fraude fiscal a través de los paraísos fiscales».

Por ello, ha sostenido que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ya está implementando la ley aprobada en la pasada legislatura, y ha comentado que espera que esta medida «se extienda al resto de Administraciones, como ya ha hecho el Ayuntamiento de València».

La vicepresidenta ha resaltado la necesidad de que las Administraciones Públicas «sean las primeras en impulsar aquellos modelos productivos que son respetuosos con el medio ambiente, pero también con las personas y que sean fiscalmente responsables».

«O las empresas se adaptan a la ley o no podrán contratar con la Administración, y creo que merece la pena adaptarse», ha resaltado Oltra, quien ha afirmado que esta es una lucha por la igualdad y por la elusión fiscal, al tiempo que ha asegurado que entre estas cláusulas también se encuentran algunas sobre criterios sociales, laborales o medioambientales.

La consellera ha agradecido el trabajo previo de Oxfam Intermón y ha mencionado la guía que elaboró el colectivo y que envió a todas las Administraciones Públicas.

Al respecto, la representante de Oxfam Intermón en la Comunitat Valenciana y coordinadora de la plataforma, Jimena Medina, ha asegurado que ven «con mucho gusto» los cambios en materia de justicia fiscal, a la par que ha comentado que estas transformaciones «también se pueden hacer desde lo local cuando hay voluntad política por blindar derechos».

Así, ha asegurado que esta se enmarca en la «reivindicación de acabar con la desigualdad, de que todos contribuyamos a sostener el estado de bienestar y de que paguemos lo que nos corresponde».

Asimismo, ha manifestado que más allá de otros criterios, las empresas «también tienen que ser responsables fiscalmente y contribuir con los que les corresponde» en el pago de los impuestos. EFE