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Inés Arrimadas abandona la política y cierra la puerta a entrar en el PP

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Inés Arrimadas abandona política

Inés Arrimadas abandona la política tras una década al servicio en Ciudadanos. La portavoz del partido de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados lo hará público en una rueda de prensa hoy mismo. Esta decisión coincide con la de no concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Ademas, diversas fuentes confirmanha rechazado el ofrecimiento de Alberto Núñez Feijóo para concurrir en las listas del PP

Inés Arrimadas abandona la política y cierra la puerta a entrar en el PP

En una entrevista reciente con este periódico, Arrimadas ya anunció que «nunca» ficharía por el PP. Lo hizo consciente de que aportaba una declaración taxativa a la hemeroteca. En cuanto a su futuro político, evitaba despejarlo. Dicho de otra manera: se reservaba la posibilidad de volver a concurrir a las generales para intentar revalidar su escaño de diputada en el Congreso.

Arrimadas dice adiós en un momento muy predecible, ya que ni siquiera formaba parte de la Ejecutiva del Partido. Un cargo que abandonó cuando, tras la refundación, dejó paso a Adrián Vázquez y Patricia Guasp. De hecho, ni siquiera estuvo en el escenario en el momento en el que su partido afirmaba que no concurría a las elecciones municipales.

Vida antes de la política

Antes de entrar en política, se dedicó a la consultoría. Licenciada en Derecho y Administración de Empresas –estudió en Sevilla–, trabajó durante seis años en las firmas MAT y D’Aleph. Arrimadas tiene 41 años; entró en política con apenas 30.

Recientemente, Arrimadas y su marido, Xavier Cimá –exdiputado de CiU al que conoció en Barcelona– se han mudado a Jerez, donde nació la expresidenta de Ciudadanos y donde viven sus padres. Hasta este momento, vivía a caballo entre Jerez y Madrid. Allí pasaba los fines de semana y los días en que no hay actividad parlamentaria.

De esta manera, Arrimadas cierra su etapa política que comenzó en el 2011, tras afiliarse junto a Albert Rivera, después de acudir a un mitin con una amiga. En un principio, colaboró como portavoz de juventud, pero en 2012 se cogió una excedencia en su empresa para concurrir a las autonómicas catalanas. Fue elegida diputada y su grupo la nombró portavoz adjunta.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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