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Japón declara la emergencia sanitaria en Tokio ante el récord de contagios

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Tokio, 7 ene (EFE).- El Gobierno de Japón declaró hoy la emergencia sanitaria en Tokio y tres prefecturas adyacentes, lo que permitirá a las autoridades tomar nuevas medidas restrictivas para frenar el aumento récord de contagios de coronavirus.

El primer ministro nipón, Yoshihide Suga, anunció este jueves la activación de esta disposición legislativa «debido a la grave sensación de peligro ante la rápida expansión nacional (del virus)», durante una reunión con el equipo gubernamental de respuesta a la pandemia.

La declaración de emergencia conllevará nuevas restricciones en los horarios de apertura de establecimientos comerciales considerados no esenciales, así como la petición a los ciudadanos de permanecer en casa, aunque sin incluir el confinamiento obligatorio, entre otras medidas.

UN ESTADO DE EMERGENCIA «LIMITADO»

La iniciativa afecta a las prefecturas de Tokio, Kanagawa, Saitama y Chiba, y estará en vigor desde este viernes hasta el 7 de febrero, según anunció Suga tras someter la medida a consulta en la Dieta (Parlamento) de Japón y reunirse con el panel de expertos sanitarios del Gobierno.

«Nuestra prioridad es la protección de la vida de los ciudadanos», dijo Suga, quien había detallado antes que el nuevo estado de emergencia se concentrará en una serie de acciones clave y será «más limitado» que el que estuvo en vigor la pasada primavera, durante la primera ola de contagios.

Las principales medidas serán promover el teletrabajo con la meta de extenderlo al 70 % de los empleados, reducir la escala de eventos multitudinarios, acortar los horarios de apertura de bares y restaurantes, y recomendar a los ciudadanos no salir de casa después de las 20 horas, explicó Suga.

El Gobierno no dispone de herramientas legislativas para imponer el confinamiento ni para obligar a establecimientos comerciales a cumplir sus recomendaciones, por lo que empleará un sistema de incentivos económicos para que los negocios dejen de servir alcohol a las 19 horas y cierren a las 20.

En torno al 60 % de los nuevos contagios en Tokio se dan en bares y restaurantes, según los datos que maneja el Gobierno citados por Suga en rueda de prensa.

El primer ministro nipón también apuntó a la posibilidad de que el estado de emergencia se prolongue más de un mes «si no se consiguen controlar las infecciones».

ACELERACIÓN DE LA TERCERA OLA DE CONTAGIOS

El Ejecutivo nipón ha vuelto a recurrir al estado de emergencia para tratar de frenar la aceleración de los contagios que se observa en todo el país, con Tokio a la cabeza.

La capital nipona reportó este jueves 2.447 nuevas infecciones, lo que supone un nuevo récord y casi un millar de contagios más que el máximo anterior registrado en la víspera, mientras que en todo Japón hoy se superaron por primera vez los 7.000 contagios.

Tokio aglutina en torno a la cuarta parte de contagios totales de covid-19 en el país, unos 267.000, con 3.859 fallecimientos, según los últimos datos disponibles.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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