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Detenido un joven de La Pobla de Vallbona implicado en la mayor estructura yihadista conocida en España

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joven La Pobla de Vallbona yihadista
Avenida Principal de Montecolorado, casa en la que vivía el detenido. GOOGLE MAPS

Madrid, 5 ago (OFFICIAL PRESS- EFE). La Guardia Civil considera que los dos detenidos en Benavente (Zamora) y Cullera (Valencia) estaban implicados en la «mayor estructura yihadista conocida en España» en el ámbito de la captación de jóvenes y menores de edad a través de la difusión en redes sociales de contenidos del Dáesh que ellos mismos traducían al español.

Los detenidos, Salim H.S. y Hugo C.M., fueron puestos este viernes a disposición de la jueza de la Audiencia Nacional en funciones de guardia, María Tardón, que decretó su ingreso en prisión provisional a petición de la Fiscalía por presuntos delitos de integración en organización terrorista, adoctrinamiento activo y captación de jóvenes y menores de edad.

El joven de La Pobla de Vallbona, yihadista

El detenido en Cullera, Hugo C. M. , era un joven de la Pobla de Vallbona de 18 años, donde residía en la conocida urbanización Montecolorado.

La operación se ha desarrollado conjuntamente entre el Servicio de Información de la Guardia Civil y la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) marroquí, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción 6, el Juzgado Central de Instrucción 3 (en funciones de Guardia) y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha informado este sábado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Captaban a jóvenes a través de redes sociales

En el marco de las labores de detección temprana de potenciales amenazas de índole terrorista a la Seguridad Nacional, el Servicio de Información de la Guardia Civil inició en 2022 la investigación sobre dos personas que, si bien estaban ubicadas en provincias diferentes, actuaban concertada y coordinadamente en el ámbito virtual para captar y adoctrinar en los postulados del terrorismo yihadista a otros usuarios de redes sociales.

Ambos elaboraban y divulgaban de manera pública contenido terrorista que les permitía identificar y seleccionar a aquellos usuarios más proclives a la radicalización.

Posteriormente, pasaban a formar parte de un grupo privado, administrado por los dos detenidos, en el que se ha identificado a decenas de usuarios en toda España, con más de diez provincias afectadas hasta la fecha.

Las investigaciones han constatado cómo las actividades de proselitismo de los detenidos trascendían el ámbito virtual, habiéndose detectado pintadas en vías públicas en la que éstos exponían los lemas de la organización terrorista Dáesh tales como “DAWLAT AL ISLAM BAQUIYAH”, que significa “Estado Islámico permanece y se expande”.

Los investigados focalizaban sus actividades de adoctrinamiento terrorista mayoritariamente en jóvenes de 18 años y menores de edad, lo que, según la Guardia Civil, indica una clara voluntad de alcanzar a un público especialmente vulnerable a los procesos de radicalización.

Con ese objetivo empleaban una estrategia «multiplataforma», basada en un uso combinado de las principales redes sociales usadas en ese rango de edad.

De este modo, las decenas de usuarios presentes en el grupo privado administrado por ambos, han sido receptores de contenidos audiovisuales, así como mensajes y consignas idóneas para captar y radicalizar nuevos adeptos a la causa terrorista.

La organización terrorista Dáesh

Los investigados llevaron a cabo la edición propia y la traducción de contenidos originales en otros idiomas del ámbito mediático de la organización terrorista Dáesh al español, lo que indica una clara intención de dirigirse a la comunidad joven hispanohablante, facilitando el acceso a contenidos terroristas a los que, en su versión original, se dificultaría su plena compresión.

La actuación sobre las potenciales víctimas que han podido ser identificadas se ha diseñado contando con la participación de personal especialista en la atención e intervención con víctimas menores de edad en un contexto de vulnerabilidad.

Para el éxito de la operación, desarrollada desde mediados de 2022 por el Servicio de Información de la Guardia Civil, ha resultado fundamental la colaboración de la DGST de Marruecos, lo que pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional entre Servicios antiterroristas para poder hacer frente a esta amenaza y en anticipar el paso a la acción de los terroristas.

Las detenciones se han producido en el marco de unas diligencias previas que permanecen secretas y que se iniciaron en noviembre de 2022 en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional por medio de un atestado de la Guardia Civil de intervención de comunicaciones.

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Sucesos

17 años y 9 meses de cárcel para el hermano de Antonio Anglés por secuestrar y torturar a un hombre en Valencia

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Un furgón y un coche patrulla de la Guardia Civil. EFE/Manuel Bruque/Archivo

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 17 años y 9 meses de prisión a Mauricio Anglés, hermano de Antonio Anglés, por participar en el secuestro y tortura de un hombre en noviembre de 2021. El condenado, que hace años cambió su identidad, deberá cumplir la pena por los delitos de detención ilegal, lesiones, amenazas, robo con violencia y daños.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia considera acreditada su participación en unos hechos en los que la víctima fue retenida durante varias horas, golpeada y amenazada para exigirle el pago de 200.000 euros.

Junto a Mauricio Anglés han sido condenados otros cinco hombres, con penas similares. El tribunal considera que las pruebas aportadas durante el juicio fueron «plurales, objetivas e idóneas» para desvirtuar la presunción de inocencia.

El secuestro se produjo en Valencia en noviembre de 2021

Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2021, después de varios días de seguimientos a la víctima y de preparativos.

Según recoge la sentencia, los condenados se coordinaron con otras personas no identificadas para capturar al hombre y reclamarle una importante cantidad de dinero.

Los implicados prepararon dos furgonetas y esperaron a la víctima en el Camí Canyada de Roquet. Cuando pasó por la zona, bloquearon su vehículo colocando una furgoneta delante y otra detrás.

Varias personas con ropa oscura, pasamontañas y guantes bajaron de los vehículos y le apuntaron con armas de fuego para obligarle a salir de su coche.

Uno de los integrantes rompió una de las ventanillas y sacó a la víctima por la fuerza. A continuación, varios de los asaltantes comenzaron a golpearle por todo el cuerpo.

Lo trasladaron a una nave de Catarroja

Los agresores introdujeron al hombre en una de las furgonetas, donde lo esposaron, y se desplazaron hasta Catarroja, a una nave que en la investigación aparece identificada como una «cuadra».

La víctima permaneció durante horas dentro del vehículo, herida y engrilletada. Los condenados le quitaron la ropa y sus pertenencias y comenzaron a exigirle 200.000 euros a cambio de su libertad.

Ante la respuesta de la víctima, que aseguraba no disponer de esa cantidad, los secuestradores fueron reduciendo progresivamente el dinero que reclamaban.

Golpes, amenazas y torturas para exigirle dinero

Durante las horas que permaneció retenido, la víctima fue sometida a una violencia extrema.

Según la sentencia, los agresores le golpearon de forma continuada y utilizaron cadenas para azotarle. También le amenazaron con hacer daño a su mujer y a su hijo, al que sabían que llevaba a un colegio privado.

Los secuestradores llegaron a amenazarle con cortarle un dedo. Con unas tenazas le provocaron un corte en un dedo y otro en una oreja, además de clavarle una navaja en uno de los muslos.

La víctima insistía en que no tenía los 200.000 euros reclamados, aunque explicó que podía entregarles 2.000 euros en efectivo que tenía en su domicilio.

Los agresores continuaron golpeándole y amenazándole hasta provocarle un estado de semiinconsciencia. Según recoge la resolución judicial, fue quemado con brasas y le arrojaron un líquido sobre el cuerpo para comprobar si reaccionaba.

Los secuestradores abandonaron a la víctima en Paiporta

Finalmente, los condenados llegaron a la conclusión de que no conseguirían obtener el dinero que buscaban.

La víctima fue liberada y trasladada en la furgoneta hasta Paiporta, donde fue abandonada alrededor de las 22.00 horas.

Los móviles y las cámaras fueron claves para identificar a los acusados

La Audiencia Provincial de Valencia ha destacado el peso de las pruebas tecnológicas utilizadas durante la investigación.

Entre ellas se encuentran los datos obtenidos de teléfonos móviles, las grabaciones de cámaras de seguridad y los registros de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los investigadores pudieron relacionar los teléfonos atribuidos a los acusados con los movimientos realizados durante los días previos y el día del secuestro.

La sentencia también destaca el histórico de geolocalización de una de las furgonetas utilizadas y las imágenes de diferentes cámaras de seguridad.

La defensa de Mauricio Anglés negó su participación

Durante el juicio, Mauricio Anglés negó los hechos y sostuvo que la tarde del secuestro había estado en una bolera y posteriormente en una discoteca.

El tribunal, sin embargo, considera que el conjunto de las pruebas practicadas permite acreditar la participación de los condenados.

La Audiencia también señala que los acusados mantenían algún tipo de relación entre ellos y con determinados vehículos que fueron utilizados para realizar seguimientos a la víctima.

La sentencia añade que varios de los condenados también tuvieron relación con una cuadra que reunía características compatibles con el lugar utilizado durante el secuestro, tanto por su ubicación como por sus accesos.

17 años y 9 meses de prisión

Mauricio Anglés ha sido condenado finalmente a 17 años y 9 meses de cárcel por los delitos de detención ilegal, lesiones, amenazas, robo con violencia y daños.

El condenado es uno de los hermanos de Antonio Anglés, señalado como uno de los principales sospechosos por el triple crimen de Alcàsser y desaparecido desde 1993.

La condena dictada ahora por la Audiencia Provincial de Valencia corresponde a unos hechos ocurridos casi tres décadas después del caso Alcàsser y está relacionada exclusivamente con el secuestro cometido en noviembre de 2021.

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