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Detenido un joven de La Pobla de Vallbona implicado en la mayor estructura yihadista conocida en España

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joven La Pobla de Vallbona yihadista
Avenida Principal de Montecolorado, casa en la que vivía el detenido. GOOGLE MAPS

Madrid, 5 ago (OFFICIAL PRESS- EFE). La Guardia Civil considera que los dos detenidos en Benavente (Zamora) y Cullera (Valencia) estaban implicados en la «mayor estructura yihadista conocida en España» en el ámbito de la captación de jóvenes y menores de edad a través de la difusión en redes sociales de contenidos del Dáesh que ellos mismos traducían al español.

Los detenidos, Salim H.S. y Hugo C.M., fueron puestos este viernes a disposición de la jueza de la Audiencia Nacional en funciones de guardia, María Tardón, que decretó su ingreso en prisión provisional a petición de la Fiscalía por presuntos delitos de integración en organización terrorista, adoctrinamiento activo y captación de jóvenes y menores de edad.

El joven de La Pobla de Vallbona, yihadista

El detenido en Cullera, Hugo C. M. , era un joven de la Pobla de Vallbona de 18 años, donde residía en la conocida urbanización Montecolorado.

La operación se ha desarrollado conjuntamente entre el Servicio de Información de la Guardia Civil y la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) marroquí, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción 6, el Juzgado Central de Instrucción 3 (en funciones de Guardia) y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha informado este sábado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Captaban a jóvenes a través de redes sociales

En el marco de las labores de detección temprana de potenciales amenazas de índole terrorista a la Seguridad Nacional, el Servicio de Información de la Guardia Civil inició en 2022 la investigación sobre dos personas que, si bien estaban ubicadas en provincias diferentes, actuaban concertada y coordinadamente en el ámbito virtual para captar y adoctrinar en los postulados del terrorismo yihadista a otros usuarios de redes sociales.

Ambos elaboraban y divulgaban de manera pública contenido terrorista que les permitía identificar y seleccionar a aquellos usuarios más proclives a la radicalización.

Posteriormente, pasaban a formar parte de un grupo privado, administrado por los dos detenidos, en el que se ha identificado a decenas de usuarios en toda España, con más de diez provincias afectadas hasta la fecha.

Las investigaciones han constatado cómo las actividades de proselitismo de los detenidos trascendían el ámbito virtual, habiéndose detectado pintadas en vías públicas en la que éstos exponían los lemas de la organización terrorista Dáesh tales como “DAWLAT AL ISLAM BAQUIYAH”, que significa “Estado Islámico permanece y se expande”.

Los investigados focalizaban sus actividades de adoctrinamiento terrorista mayoritariamente en jóvenes de 18 años y menores de edad, lo que, según la Guardia Civil, indica una clara voluntad de alcanzar a un público especialmente vulnerable a los procesos de radicalización.

Con ese objetivo empleaban una estrategia «multiplataforma», basada en un uso combinado de las principales redes sociales usadas en ese rango de edad.

De este modo, las decenas de usuarios presentes en el grupo privado administrado por ambos, han sido receptores de contenidos audiovisuales, así como mensajes y consignas idóneas para captar y radicalizar nuevos adeptos a la causa terrorista.

La organización terrorista Dáesh

Los investigados llevaron a cabo la edición propia y la traducción de contenidos originales en otros idiomas del ámbito mediático de la organización terrorista Dáesh al español, lo que indica una clara intención de dirigirse a la comunidad joven hispanohablante, facilitando el acceso a contenidos terroristas a los que, en su versión original, se dificultaría su plena compresión.

La actuación sobre las potenciales víctimas que han podido ser identificadas se ha diseñado contando con la participación de personal especialista en la atención e intervención con víctimas menores de edad en un contexto de vulnerabilidad.

Para el éxito de la operación, desarrollada desde mediados de 2022 por el Servicio de Información de la Guardia Civil, ha resultado fundamental la colaboración de la DGST de Marruecos, lo que pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional entre Servicios antiterroristas para poder hacer frente a esta amenaza y en anticipar el paso a la acción de los terroristas.

Las detenciones se han producido en el marco de unas diligencias previas que permanecen secretas y que se iniciaron en noviembre de 2022 en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional por medio de un atestado de la Guardia Civil de intervención de comunicaciones.

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Desahucian en Valencia a una familia con dos menores y una anciana enferma en La Malvarrosa

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El lanzamiento se ha ejecutado por orden judicial después de una sentencia de octubre de 2024 por el impago de 5.300 euros de alquiler; el Sindicat d’Habitatge denuncia que la familia no tiene alternativa habitacional

Una familia formada por una pareja, sus dos hijas de 6 y 16 años y una mujer mayor con problemas de salud ha sido desahuciada este lunes de la vivienda en la que residía en el barrio valenciano de La Malvarrosa. El lanzamiento se ha llevado a cabo por orden judicial, después de que el juzgado dictara una sentencia en octubre de 2024 por el impago de las rentas del alquiler.

El desahucio ha generado protestas y concentraciones de miembros del Sindicat d’Habitatge de València, que denuncia la situación de vulnerabilidad de los afectados y asegura que no disponen de una alternativa habitacional.

La familia llevaba viviendo de alquiler en el barrio desde 2008. Según el sindicato, los problemas económicos comenzaron después de que la madre de uno de los adultos enfermara de cáncer y este perdiera su empleo, lo que provocó dificultades para seguir pagando el alquiler.

Una sentencia por 5.300 euros de alquiler impagado

El Juzgado de Primera Instancia número 15 de València estimó el 29 de octubre de 2024 la demanda presentada por la propietaria del inmueble y acordó resolver el contrato de arrendamiento.

La resolución judicial consideró acreditado el impago de las rentas y condenó al arrendatario a abonar 5.300 euros a la propietaria. También le advirtió de que, si no abandonaba la vivienda dentro del plazo legal, se procedería al lanzamiento.

Días antes, el 23 de octubre de 2024, el juzgado ya había rechazado suspender el procedimiento porque consideró que no se había aportado la documentación necesaria para acreditar las circunstancias alegadas por el demandado.

El juzgado rechazó suspender el lanzamiento

La ejecución del desahucio se encontraba pendiente y el pasado 28 de octubre de 2026 el juzgado dictó un nuevo auto en el que rechazaba suspender el lanzamiento.

La parte afectada había solicitado el 15 de octubre la suspensión provisional del desahucio y la aplicación de medidas extraordinarias, alegando una situación de vulnerabilidad económica.

Sin embargo, el magistrado consideró que el informe presentado tenía un valor probatorio muy escaso porque estaba elaborado a partir de las manifestaciones de quien solicitaba la suspensión y no aportaba suficiente acreditación documental.

El juez entendió que la petición pretendía dilatar la ejecución de una sentencia firme y recordó que los ciudadanos, además de derechos, tienen obligaciones que deben cumplir.

Contra ese auto se ha presentado un recurso de reposición, aunque este no tiene efectos suspensivos y, por tanto, no impedía ejecutar el lanzamiento.

El sindicato denuncia la situación de vulnerabilidad de la familia

Desde el Sindicat d’Habitatge de València han lamentado el desalojo y aseguran que la familia no cuenta con una alternativa habitacional.

Según la versión de esta organización, los afectados llevaban residiendo en la vivienda desde 2008 sin problemas hasta que la enfermedad de la madre de uno de ellos y la pérdida del empleo alteraron su situación económica.

El sindicato sostiene que la propiedad ofreció renovar el contrato con una subida del alquiler, una opción que la familia no podía asumir debido a sus circunstancias personales y a las necesidades de cuidados de la mujer mayor y las dos menores.

La organización también ha explicado que el jueves anterior consiguió detener un primer intento de lanzamiento mediante una concentración de unas 30 personas frente al inmueble.

La Policía desplegó un dispositivo desde primera hora

Este lunes, la Policía volvió a desplegar un dispositivo en el barrio desde las seis de la mañana para garantizar la ejecución del desahucio.

El Sindicat d’Habitatge asegura que había aportado dos informes de vulnerabilidad y considera que el lanzamiento no debía haberse producido por la aplicación del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre.

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