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Detenido un joven de La Pobla de Vallbona implicado en la mayor estructura yihadista conocida en España

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joven La Pobla de Vallbona yihadista
Avenida Principal de Montecolorado, casa en la que vivía el detenido. GOOGLE MAPS

Madrid, 5 ago (OFFICIAL PRESS- EFE). La Guardia Civil considera que los dos detenidos en Benavente (Zamora) y Cullera (Valencia) estaban implicados en la «mayor estructura yihadista conocida en España» en el ámbito de la captación de jóvenes y menores de edad a través de la difusión en redes sociales de contenidos del Dáesh que ellos mismos traducían al español.

Los detenidos, Salim H.S. y Hugo C.M., fueron puestos este viernes a disposición de la jueza de la Audiencia Nacional en funciones de guardia, María Tardón, que decretó su ingreso en prisión provisional a petición de la Fiscalía por presuntos delitos de integración en organización terrorista, adoctrinamiento activo y captación de jóvenes y menores de edad.

El joven de La Pobla de Vallbona, yihadista

El detenido en Cullera, Hugo C. M. , era un joven de la Pobla de Vallbona de 18 años, donde residía en la conocida urbanización Montecolorado.

La operación se ha desarrollado conjuntamente entre el Servicio de Información de la Guardia Civil y la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) marroquí, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción 6, el Juzgado Central de Instrucción 3 (en funciones de Guardia) y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha informado este sábado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Captaban a jóvenes a través de redes sociales

En el marco de las labores de detección temprana de potenciales amenazas de índole terrorista a la Seguridad Nacional, el Servicio de Información de la Guardia Civil inició en 2022 la investigación sobre dos personas que, si bien estaban ubicadas en provincias diferentes, actuaban concertada y coordinadamente en el ámbito virtual para captar y adoctrinar en los postulados del terrorismo yihadista a otros usuarios de redes sociales.

Ambos elaboraban y divulgaban de manera pública contenido terrorista que les permitía identificar y seleccionar a aquellos usuarios más proclives a la radicalización.

Posteriormente, pasaban a formar parte de un grupo privado, administrado por los dos detenidos, en el que se ha identificado a decenas de usuarios en toda España, con más de diez provincias afectadas hasta la fecha.

Las investigaciones han constatado cómo las actividades de proselitismo de los detenidos trascendían el ámbito virtual, habiéndose detectado pintadas en vías públicas en la que éstos exponían los lemas de la organización terrorista Dáesh tales como “DAWLAT AL ISLAM BAQUIYAH”, que significa “Estado Islámico permanece y se expande”.

Los investigados focalizaban sus actividades de adoctrinamiento terrorista mayoritariamente en jóvenes de 18 años y menores de edad, lo que, según la Guardia Civil, indica una clara voluntad de alcanzar a un público especialmente vulnerable a los procesos de radicalización.

Con ese objetivo empleaban una estrategia «multiplataforma», basada en un uso combinado de las principales redes sociales usadas en ese rango de edad.

De este modo, las decenas de usuarios presentes en el grupo privado administrado por ambos, han sido receptores de contenidos audiovisuales, así como mensajes y consignas idóneas para captar y radicalizar nuevos adeptos a la causa terrorista.

La organización terrorista Dáesh

Los investigados llevaron a cabo la edición propia y la traducción de contenidos originales en otros idiomas del ámbito mediático de la organización terrorista Dáesh al español, lo que indica una clara intención de dirigirse a la comunidad joven hispanohablante, facilitando el acceso a contenidos terroristas a los que, en su versión original, se dificultaría su plena compresión.

La actuación sobre las potenciales víctimas que han podido ser identificadas se ha diseñado contando con la participación de personal especialista en la atención e intervención con víctimas menores de edad en un contexto de vulnerabilidad.

Para el éxito de la operación, desarrollada desde mediados de 2022 por el Servicio de Información de la Guardia Civil, ha resultado fundamental la colaboración de la DGST de Marruecos, lo que pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional entre Servicios antiterroristas para poder hacer frente a esta amenaza y en anticipar el paso a la acción de los terroristas.

Las detenciones se han producido en el marco de unas diligencias previas que permanecen secretas y que se iniciaron en noviembre de 2022 en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional por medio de un atestado de la Guardia Civil de intervención de comunicaciones.

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Castigos, intimidación y jornadas de seis horas: la Generalitat cierra el polémico centro de menores de Aspe

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La Generalitat Valenciana ha ordenado el cese de la actividad de Huize Soria, un centro situado en el entorno rural de Aspe (Alicante) que durante alrededor de dos décadas ha acogido a menores neerlandeses con problemas de conducta. La decisión se produce después de una investigación sobre los métodos utilizados con los adolescentes y tras constatar que la instalación no disponía de la autorización administrativa necesaria para funcionar como centro de servicios sociales.

El centro se encuentra en el foco de la polémica después de que una investigación de la televisión pública neerlandesa y posteriores informes recogieran denuncias sobre supuestos castigos, restricciones y medidas consideradas coercitivas contra algunos de los menores. Entre las prácticas denunciadas figuran la reducción de comida como castigo, inmovilizaciones físicas y jornadas de actividades de hasta seis horas.

Denuncias de castigos y jornadas de trabajo

Las primeras denuncias conocidas se remontan al menos a 2021, cuando cinco jóvenes acudieron al Defensor del Menor de Ámsterdam para explicar las condiciones que, según sus testimonios, habían vivido durante su estancia en Huize Soria.

Posteriormente se encargó una investigación independiente a petición de organizaciones asistenciales neerlandesas. Sus conclusiones describieron una “cultura represiva” en el centro y cuestionaron algunas de las medidas restrictivas aplicadas a los jóvenes.

Entre las prácticas denunciadas aparecen la reducción de la cantidad de comida, obligar a algunos jóvenes a permanecer sentados sobre un poste y actuaciones físicas para inmovilizarlos. También se han denunciado restricciones para mantener conversaciones privadas con familiares o tutores y el uso intimidatorio de un perro de seguridad.

Los jóvenes también describieron jornadas de hasta seis horas realizando tareas como retirar malas hierbas, cavar zanjas, plantar árboles o cepillar caballos. El centro defendía estas actividades como parte de su programa basado en el trabajo, la disciplina, el contacto con la naturaleza y el cuidado de animales.

La Generalitat detecta que el centro no tenía autorización

La investigación también puso el foco en la situación administrativa de Huize Soria. La Conselleria de Servicios Sociales envió a su servicio de inspección para comprobar qué actividad se desarrollaba en las instalaciones y requirió a los responsables la documentación necesaria para acreditar su funcionamiento.

La Generalitat constató que Huize Soria no constaba como centro autorizado para prestar servicios sociales, según la información publicada sobre la inspección. Ante esta situación, la Administración valenciana ha ordenado el cese de la actividad y contempla las actuaciones administrativas y legales que correspondan si no se cumple la orden.

Un centro con 20 años de actividad en Aspe

Huize Soria llevaba aproximadamente 20 años vinculado a Aspe y por sus instalaciones habrían pasado alrededor de 265 menores neerlandeses.

El proyecto estaba dirigido a adolescentes con problemas de conducta y, en algunos casos, con antecedentes relacionados con adicciones. Las estancias podían prolongarse entre uno y dos años y el programa combinaba disciplina, actividad física, contacto con animales y tareas en el entorno rural.

El centro también había establecido vínculos con colectivos de la localidad. Según la información publicada, la finca había colaborado con asociaciones de personas con diversidad funcional y con alumnos del IES Villa de Aspe, que acudían a las instalaciones para realizar actividades con los menores y los animales.

El Ayuntamiento de Aspe ha señalado que durante las últimas dos décadas no había tenido conocimiento de problemas graves relacionados con el funcionamiento de Huize Soria y que los incidentes que habían trascendido estaban relacionados principalmente con cuestiones disciplinarias o alguna fuga.

Huize Soria rechaza las acusaciones

La dirección de Huize Soria rechaza las acusaciones sobre sus métodos y defiende el trabajo realizado con jóvenes vulnerables.

La entidad sostiene que mantiene una relación abierta con la localidad de Aspe y que sus instalaciones han acogido a vecinos, estudiantes y profesores, además de colaborar con organizaciones locales. También sostiene que las informaciones difundidas no reflejan adecuadamente el trabajo realizado por sus profesionales.

Según la investigación neerlandesa, algunos organismos de protección de menores retiraron a jóvenes del centro después de conocer las denuncias. Aun así, otras organizaciones continuaron realizando derivaciones durante un tiempo.

El caso también afecta a los traslados desde Países Bajos

La polémica no se limita a las condiciones del centro. La investigación neerlandesa también puso el foco en los procedimientos utilizados para trasladar a menores desde Países Bajos a España.

Desde 2022, los traslados transfronterizos de menores dentro de la Unión Europea requieren el consentimiento previo de las autoridades del país de destino en determinados supuestos. Una investigación neerlandesa señaló que algunas organizaciones realizaron derivaciones a Huize Soria sin contar con esa autorización.

La Inspección de Sanidad y Juventud de Países Bajos (IGJ) había recibido información sobre las denuncias, aunque no tiene competencias para inspeccionar directamente centros situados fuera del país. Según la investigación de Nieuwsuur, su último contacto con las autoridades españolas sobre Huize Soria se remontaba a 2016.

La actuación de la Generalitat abre ahora una nueva fase administrativa sobre la situación del centro en Aspe, mientras continúan examinándose las denuncias sobre las condiciones en las que permanecieron algunos de los menores.

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