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Juan Roig dona 70 millones de su sueldo a la economía valenciana y nacional

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comité dirección Mercadona

El presidente de Mercadona, Juan Roig, reinvertirá este año casi 70 millones de euros, procedentes de su sueldo al frente de la cadena de supermercados y de dividendos, en reactivar la economía valenciana y nacional, así como en labores sociales y de mecenazgo, según han informado a Europa Press en fuentes de la compañía.

En concreto, Roig destinará a la sociedad su retribución de 9,7 millones de euros de 2019 (4,6 millones de euros una vez descontados impuestos), así como el dividendo percibido a cuenta de los resultados de 2018 de la cadena valenciana (65 millones de euros).

Mercadona repartió el pasado año un dividendo de 130 millones de euros con cargo a los resultados de 2018, de los cuales 65 millones de euros corresponden a Roig a través de su sociedad patrimonial Inmo Alameda, que cuenta con una participación del 50,66% de Mercadona, y en la que también renunció al dividendo (2,4 millones de euros).

Tanto Roig como su esposa, la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, dueños del 80% de Mercadona, dedican parte de su patrimonio a mecenazgo y reinvierten una parte importante de los dividendos y de su patrimonio personal, 50 millones de euros en 2019, a través del ‘Proyecto Legado’ en sus diferentes iniciativas (Emprendimiento, Formación, Deporte, Entretenimiento, Arte y Cultura), con la previsión de alcanzar los 76 millones para este año, de los cuales casi 70 millones de euros corresponden a Roig y el resto a su esposa.

De hecho, las mismas fuentes han indicado que esta cifra podría elevarse, teniendo en cuenta, por ejemplo, la inversión de Roig en el Valencia Arena, cuyas obras arrancarán previsiblemente en junio, o después de conocerse que la Fundación Trinidad Alfonso, entidad presidida por él mismo, ha doblado la ayuda a los integrantes del Proyecto FER 2020 y destinar de su patrimonio personal más de 800.000 euros adicionales para motivar a los deportistas ante el reto del Covid-19.

El compromiso de Roig y su mujer, que se inició hace una década, nace del convencimiento de ambos de que «el verdadero éxito parte de la generosidad de compartir y poner al servicio de los demás los conocimientos y recursos de los que cada uno dispone», señaló el presidente de Mercadona en la rueda de prensa de resultados.

En su caso, lo hace a través de Marina de Empresas, Fundación Trinidad Alfonso, Valencia Basket Club, L’Alqueria del Basket, Licampa 1617 (Valencia Arena) y Fundación Hortensia Herrero, entre otros.

Mercadona destaca en las cuentas remitidas al Registro Mercantil, facilitadas por Infoempresa, que la retribución de Roig «es acorde con su liderazgo y experiencia personal y está en línea con la que se satisface en el mercado para compañías comparables».

En total, el consejo de administración de la cadena de supermercados valenciana percibió una retribución de 15 millones de euros en 2019, frente a los ocho millones de euros repartidos un año antes.

384 MILLONES PARA EMPLEADOS.

Por otro lado, los 90.000 empleados de Mercadona han recibido un total de 384 millones de euros, de los cuales 340 millones de euros proceden del reparto de beneficios de 2019, cuando ganó 623 millones de euros (+5%) y otros 44 millones de euros por la prima con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19.

En marzo de este año, Mercadona redujo un 95% sus beneficios debido a que los costes para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus se incrementaron un 25%, con 100 millones de euros más de lo previsto, aunque elevó un 14% la facturación en un contexto marcado por el Covid-19.

La empresa, que reforzó su plantilla con la contratación de 600 nuevas personas, claves para seguir asegurando los procesos logísticos, principalmente, reconoció el esfuerzo de los trabajadores, con una prima del 20% del sueldo (44 millones de euros).

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Ordenan reabrir el caso de Marta del Castillo

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el cuco marta del castillo

Reabren el caso de Marta del Castillo por posible intrusismo en el informe del móvil de Miguel Carcaño

La Audiencia de Sevilla ha ordenado reabrir la investigación por posible intrusismo profesional en el caso Marta del Castillo, uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años. El tribunal insta al Juzgado de Instrucción número 7 a practicar nuevas diligencias para determinar si el informe pericial sobre el teléfono móvil de Miguel Carcaño, asesino confeso de la joven sevillana, fue encargado por el juzgado o aportado por una de las partes.

La decisión revoca el sobreseimiento provisional dictado el 14 de marzo de 2025 y confirmado el 29 de mayo, dando la razón al recurso interpuesto por Pedro de la Torre, presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA).


El origen del recurso: el perito no estaba colegiado

La denuncia se centra en la actuación del perito Manuel Huerta de la Morena, autor del informe pericial sobre el móvil de Carcaño. Según el CPITIA, Huerta no era ingeniero técnico en informática ni estaba colegiado, lo que podría constituir un delito de intrusismo profesional. Además, se le acusa de haber mostrado en medios de comunicación imágenes vinculadas a la causa judicial.

La Audiencia de Sevilla descarta continuar la investigación por revelación de secretos, al entender que el caso de Marta del Castillo ha tenido una exposición mediática masiva desde 2009, y no se aprecia información nueva de carácter reservado. Además, el artículo 201.1 del Código Penal exige denuncia del agraviado o su representante, que en este procedimiento “no existe”.


El debate: ¿un informe informático requiere título habilitante?

En relación con el presunto delito de intrusismo, el tribunal destaca que el artículo 403 del Código Penal exige dos elementos: ejercer actos propios de una profesión y carecer del título correspondiente.
En este sentido, recuerda que el perito “no firmó el informe como ingeniero informático”, sino como representante de la empresa Lazarus Technology, sin atribuirse expresamente esa condición.

No obstante, la Audiencia subraya que aún se desconoce si el equipo forense incluía a algún titulado en informática ni si el informe fue encargado por el juzgado o aportado por una parte, cuestiones que considera determinantes para decidir si la conducta constituye delito.

El tribunal cita la Ley 12/1986, que reconoce a los ingenieros técnicos la competencia para realizar “peritaciones, valoraciones, tasaciones, informes, estudios, planes y proyectos”, un argumento que refuerza la posición del CPITIA.


El juzgado deberá decidir en 12 días

La Audiencia de Sevilla ordena ahora que el Juzgado de Instrucción número 7 practique, en un plazo de 12 días, las diligencias necesarias para aclarar si el informe fue o no encargado judicialmente y si participó algún profesional titulado.
Tras ello, el juzgado deberá resolver “con entera libertad de criterio” si procede mantener el sobreseimiento o continuar la investigación.

 

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