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Polémica: el juez Castro manda a Ayuso “al psiquiatra” y desata las críticas

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juez Castro Ayuso
La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Isabel Díaz Ayuso ha reaccionado con contundencia desde el plató del programa de AR al polémico comentario del juez José Castro, quien este fin de semana en laSexta Xplica aseguró que la presidenta de la Comunidad de Madrid “debería someterse a tratamiento psiquiátrico”.

El magistrado, conocido por haber instruido el caso Nóos, calificó a Ayuso de “absurda” y añadió que “lo único que dice son estupideces”, aunque matizó que se trataba de una opinión personal y no de una valoración judicial. Castro hizo referencia además al caso que afecta a la pareja de Ayuso, al recordar que “si su pareja manda un correo a la Fiscalía reconociendo delitos contra la Hacienda Pública, no se lo inventa ni la Fiscalía ni la jueza, es ridículo pensar lo contrario”.

Ayuso denuncia una campaña de “guerra psicológica”

Durante la emisión de Telecinco, Ana Rosa Quintana le mostró a Ayuso las imágenes y ella respondió asegurando que este tipo de ataques los sufre “todos los días desde hace seis años”.

“Recibo insultos muy personales. Me he dado cuenta de que es una guerra psicológica, de intentar destruirme anímicamente”, afirmó.

La presidenta madrileña defendió que no tiene causas judiciales abiertas: “En los tribunales no tengo nada. No aparezco en ninguna sentencia, ni en autos de nada, porque no tengo nada. Por eso van por lo personal, porque en lo electoral tampoco lo llevan fácil”.

Ayuso acusó al Gobierno central de “fabricar relatos” y de intentar “poner bombas en su propia casa”: “Lo hacen con Nacho Cano, con familiares y con amigos cercanos. La idea es acabar contigo en el ánimo para que un día digas ‘no puedo más’”.

Críticas al Gobierno y al caso de su pareja

Sobre la investigación que afecta a su pareja, Ayuso insistió en que “esto va mucho más allá” y acusó directamente a Pedro Sánchez de “haber echado al monte” contra jueces y fiscales: “Lo hace para salvar de posibles delitos de corrupción a su hermano, a su mujer, a Ábalos y a Santos Cerdán”.

Unas declaraciones impropias de un juez

Las palabras del juez Castro han generado un intenso debate político y mediático. Más allá de las simpatías o críticas hacia la gestión de Ayuso, el hecho de que un magistrado, incluso retirado, califique públicamente a una presidenta autonómica como alguien que “debería someterse a tratamiento psiquiátrico” resulta un comentario desafortunado y grave.

Se trata de una expresión que no solo descalifica políticamente, sino que banaliza los problemas de salud mental, en un contexto donde cada vez más se intenta desestigmatizar la atención psiquiátrica. Que un juez recurra a este tipo de afirmaciones erosiona la confianza en la neutralidad de la justicia y abre un frente innecesario en el terreno de la confrontación personal.

 

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El Congreso rechaza prolongar el cierre de la Central Nuclear de Cofrentes: en juego 180.000 empleos y 450 millones de euros

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centrales nucleares prealerta de emergencia

El Pleno del Congreso ha rechazado la propuesta para prolongar la vida útil de la Central Nuclear de Cofrentes, manteniendo así 2030 como fecha definitiva de su cierre. La decisión ha generado preocupación en el ámbito empresarial y político valenciano, dado el fuerte impacto económico y laboral que supondrá el apagado de la planta.


Un cierre con consecuencias económicas y laborales

Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Valencia, el cierre de Cofrentes podría afectar a hasta 180.000 empleos, entre directos e indirectos, y repercutir en la actividad de más de 12.000 empresas de la Comunitat Valenciana.
Además, se calcula que el cese anticipado de la central implicará la pérdida de alrededor de 450 millones de euros en inversión prevista para los próximos años, así como una reducción significativa en la actividad económica de las comarcas del interior de Valencia.


Debate político sobre la energía nuclear

La propuesta de prolongar la actividad de Cofrentes fue impulsada por el Partido Popular, que defendía la necesidad de garantizar el suministro eléctrico y proteger el tejido industrial valenciano. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el Gobierno y sus socios parlamentarios, mientras que Junts optó por abstenerse, lo que resultó determinante para mantener el cierre en 2030.

Desde el Ejecutivo se insiste en que la medida responde al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que establece una transición ordenada hacia las energías renovables y el abandono progresivo de la energía nuclear en España.


Un futuro incierto para la zona y la industria valenciana

El cierre de Cofrentes plantea retos para la economía valenciana, especialmente en el sector industrial, que podría enfrentar mayores costes energéticos y una pérdida de competitividad. A su vez, el desmantelamiento de la central requerirá una planificación detallada para garantizar la seguridad, la gestión de residuos y la reubicación laboral de los trabajadores.

Mientras tanto, las administraciones locales y regionales piden que se implementen planes de reindustrialización y transición justa que permitan mantener el empleo y aprovechar el potencial energético de la Comunitat Valenciana con nuevas inversiones en energías renovables e innovación tecnológica.


El debate sobre Cofrentes sigue abierto: mientras unos defienden el cierre como un paso necesario hacia un modelo energético sostenible, otros alertan del impacto socioeconómico que supondrá para miles de familias y empresas valencianas.

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