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El juez que investiga las agresiones del 9 d’Octubre aparta de la causa al Ayuntamiento de València

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VALÈNCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) – El Juzgado de Instrucción número 15 de València, que investiga los altercados violentos ocurridos en la capital el pasado 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, ha apartado de la causa al Ayuntamiento mientras ha incluido como acusación popular a Movimiento contra la Intolerancia.

Así consta en diferentes resoluciones, facilitadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en las que se indica que el consistorio no puede ejercer de acción particular en este procedimiento porque no hubo daños en el mobiliario urbano. También indica que Movimiento contra la Intolerancia puede personarse si aporta una fianza de 1.500 euros.

Sobre la postura del Ayuntamiento, el juez recuerda que inicialmente se creía que los hechos podían ser constitutivos de un delito de daños causados al mobiliario urbano, con lo que se ofrecieron acciones al consistorio.

El Ayuntamiento se personó y durante la investigación se ha tenido conocimiento por medio del propio consistorio que no consta la existencia de daños en bienes de titularidad municipal, con lo que ha acordado apartarlo de la causa como acusación particular.

Respecto a Movimiento contra la Intolerancia, pidió personarse en la causa y el juez lo acepta porque su legitimación es «incuestionable». En este sentido recuerda que en los procesos por delitos perseguibles de oficio, como sucede en este caso, cualquier ciudadano español puede mostrarse parte actora hasta el momento de la calificación, ejercitando la acción penal e interviniendo durante todo el procedimiento desde la fase de investigación hasta el juicio oral.

Este derecho de acción penal –agrega– se ostenta con total independencia de que la persona haya sido agraviada u ofendida por los hechos que se persiguen o resulte completamente ajena a los mismos.

El ciudadano ejercita así el derecho de acción popular, constitucionalmente reconocido, que deriva de la propia naturaleza pública de los hechos delictivos. Es un derecho reservado a ciudadanos españoles que se integra en el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva.

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Buenas noticias para millones de trabajadores: así será la subida salarial de los funcionarios

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El Gobierno de España prepara una nueva subida salarial para los funcionarios a partir de 2026, con el objetivo de que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. El Ministerio de Función Pública ya ha iniciado las negociaciones con los principales sindicatos (CSIF, UGT y CCOO) para establecer un acuerdo plurianual 2026-2028 que contemple incrementos en línea con la evolución de los precios.

📈 Subida salarial vinculada al IPC y con componente fijo y variable

Según fuentes del Ejecutivo, el nuevo marco incluirá un aumento fijo anual y otro variable, vinculado a la inflación y al crecimiento económico. De esta forma, los sueldos de los más de 3,5 millones de empleados públicos se ajustarían a la evolución real del coste de la vida.

El propósito es evitar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años, marcada por una fuerte subida de precios pese al incremento del salario mínimo y de los sueldos públicos desde 2022.

🏛️ Un plan para tres años: 2026, 2027 y 2028

El acuerdo plurianual fijará la hoja de ruta de las retribuciones del sector público durante tres ejercicios consecutivos. Aunque las cifras exactas aún no se han cerrado, el Ministerio asegura que las subidas estarán en línea con la inflación, tal como se ha venido aplicando en los últimos pactos salariales.

Los sindicatos reclaman que no haya un año de congelación salarial, recordando que el anterior acuerdo cubría el periodo 2022-2024. Por ello, piden que el nuevo marco incluya efectos retroactivos para 2025, además de mejoras en teletrabajo, jubilación y jornada laboral.

💬 Posturas sindicales ante la propuesta

  • UGT defiende que 2025 debe tener una subida diferenciada y rechaza que quede fuera del nuevo acuerdo.

  • CCOO considera “positivo” el avance, aunque critica el retraso del Gobierno en iniciar las conversaciones.

  • CSIF, por su parte, insiste en que se concreten las cifras cuanto antes y que se incorporen nuevos derechos laborales.

💼 Un impulso para el empleo público y la estabilidad económica

Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la estabilidad del empleo público y compensar el impacto de la inflación en el poder de compra de los trabajadores de la Administración. El acuerdo se espera que se concrete en las próximas semanas y se enmarque dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2026.

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