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Valencia

Juicio Imelsa| Las declaraciones más destacadas: «No me esperaba este castañazo»

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El yonqui del dinero, Marcos Benavent. EFE/Kai Försterling
Banquillo de los acusados (el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, a la izq, entre otros) en el segundo juicio por el caso Imelsa. EFE/ Ana Escobar/Archivo
Sigue desde Official Press el caso del Juicio Imelsa:

València, 13 mar (EFE).- Las sesiones del segundo juicio del caso Imelsa, celebrado desde el pasado mes de enero en la Audiencia de Valencia, han dejado significativas frases pronunciadas. A continuación recogemos algunas de las frases pronunciadas por los procesados, testigos y letrados en las últimas semana:

Mariano López, el suegro del «yonqui del dinero»

Uno de los testigos más relevantes de este juicio -y procesado en otra de las piezas- ha sido Mariano López, exsuegro del exgerente de Imelsa y autodenominado ‘yonqui del dinero’. El exsuegro de Marcos Benavent explicó al tribunal: «Benavent me contó que estaba grabando a varias personas de su entorno, no me dijo por qué».

«Las grabaciones las guardó en un disco duro externo que estaba conectado a un ordenador de mi propiedad, que estaba en una casa de campo en la que veraneábamos mi mujer y yo y a la que venía Marcos con mi hija».

«Lo pasé todo a un lápiz de memoria, ahí me di cuenta de que estaban los audios que me contó Benavent; escuché unos cuantos, me di cuenta de que… uf… Me pareció relevante y lo guardé», explicó. Concluyó su relato añadiendo que «el disco duro al final dejó de funcionar y hace años que está en la basura».

Emilio Pérez, el letrado de Alfonso Rus

Sobre la pericial «estrella» de la causa, un informe sobre los discos que llegaron a la Fiscalía, Pérez pidió al tribunal que se incorporase a la causa un análisis de los «artefactos informáticos» que dieron origen al caso Imelsa y que fue realizado, según ha explicado, el pasado diciembre.

El exgerente de Imelsa que «no cree en las casualidades», Marcos Benavent

El segundo día de juicio se conoció la sentencia de la primera de las piezas, en la que el autodenominado «yonqui del dinero» fue condenado a 7 años y 10 meses prisión.

«No me esperaba este castañazo. Yo no creo en las casualidades», declaró en referencia a que ese era el día previsto para su declaración, que fue pospuesta.

Sobre su posible entrada en prisión, Benavent dijo: «Que entren los malos».

Rus, expresidente de la Diputación de Valencia

Tras conocer esta condena, Alfonso Rus afirmó que Benavent «ya se apañará». Ha añadido que él siempre ha dicho que «quien la hace, que la pague».

Sobre el caso Imelsa, en general, opinó que «el montaje político lo hizo la consellera y el suegro». Cree que Rosa Pérez Garijo, que entonces era diputada provincial y consejera en Imelsa, cambió el contenido de la memoria portátil o «pendrive» en el que estaban las grabaciones. También que «mandó lo que dio a gana» a los medios de comunicación y luego a la Fiscalía. «Se demostrará que la cadena de custodia se la han pasado por el forro», aseguró.

Francisco Javier Cañizares, el «zombi» de mantenimiento 

Uno de los supuestos trabajadores «zombis» de la empresa pública Imelsa,

Cañizares era uno de los supuestos trabajadores «zombis» de la empresa pública Imelsa. Solicitó al inicio del juicio un nuevo abogado de oficio porque «quería decir la verdad» y aseguraba sentirse obligado a «decir que trabajaba en Imelsa», cuando, según ha dicho, él se dedicaba a tareas de mantenimiento en la sede del PSOE.

«Quieren que diga que he trabajado en Imelsa y yo no he trabajado en Imelsa, he trabajado en el partido socialista de mantenimiento», insistió antes de que el tribunal acordase juzgarle en una pieza separada.

OTROS ARREPENTIDOS

Eva Luisa Sarrión, una vecina de Xàtiva que fue contratada en Imelsa, admitió que nunca fue a trabajar, como Manuel Gómez, un hombre que fue contratado en Ciegsa tras encontrarse en paro con 60 años y pedir «trabajo a todo el mundo que tenía alrededor», incluido Alfonso Rus.

«Estuve en Ciegsa a disposición para cualquier cosa, pero me mandaban a trabajar a la sede del PP de Valencia», reconoció, lo mismo que Antonio Gil Monteagudo.

El subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio

El que fue jefe de la oposición a Rus en la Diputación y después subdelegado del Gobierno en Valencia aseguró en el juicio que «los consejeros del PP tenían cuatro asesores, el PSPV dos e IU, uno».

«Me costó encontrar a gente porque el contrato era de solo cuatro meses, y yo ya no volvía a ir en las listas del PSPV al Ayuntamiento de València porque me iba a Les Corts. A través de una conocida contacté con Carolina de Miguel, socióloga, y fue una sorpresa ver que había trabajado para el PSOE de Madrid».

OTROS TESTIGOS: Administrativos de Imelsa

Algunos de los administrativos de Imelsa, que fueron citados como testigos en este juicio, explicaron cómo tras la llegada de María Escrihuela a la dirección de Recursos Humanos la gestión de las nóminas dejó de estar externalizada: «Más o menos sabíamos si alguien trabajaba o no».

«Escrihuela me dijo que preguntase a la empresa que controlaba los fichajes de los trabajadores si se podía alterar el registro. Porque si fichaba un empleado aparecía un marcador negro y si ese fichaje se manipulaba salía en rojo. La empresa me dijo que no, y yo tampoco pregunté por qué se quería saber esto», explicó una testigo.

LOS AGENTES DE LA UCO

Uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil testificó que Marcos Benavent,les dijo que «Alfonso Rus y otras personas» le advirtieron a finales de 2014 de que se le investigaba y que debía «dejarlo todo solucionado» e irse del país.

Además, indicó que «Benavent explica en una de sus declaraciones, en 2015, que una de las cosas que hizo como gerente de Imelsa fue contratar a personal que realmente no desempeñaba ninguna función en la empresa».

El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar

El actual presidente de la Diputación de Valencia explicó al tribunal que supo, con el paso del tiempo, que llegó a tener asignados hasta cuatro asesores entre 2011 y 2014 sin saberlo.

«Lo sé por los acontecimientos posteriores. Tuve asesores asignados incluso cuando dejé de ser portavoz socialista y miembro del consejo de administración de Imelsa. Yo sé que nunca nombré a ninguno», dijo Gaspar.

El fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado

El fiscal anticorrupción Fernando Maldonado dijo en su informe final del caso Imelsa que la historia de esta empresa pública -y de Ciegsa- «es la historia de una traición, del uso en beneficio propio del dinero de todos los españoles», concretamente unos 235 millones de euros. Maldonado agregó que «asusta pensar todo lo que se ha podido hacer» con estos fondos.

«Gracias a la investigación se han incoado 11 piezas separadas, ya disponemos de una sentencia condenatoria y nos quedan a todos largos juicios todavía», agregó.

Las defensas de Rus y Benavent

El abogado de Alfonso Rus, Emilio Pérez Mora, acusó a la Fiscalía Anticorrupción de «jugar con las cartas marcadas», en referencia a los audios que grabó Marcos Benavent y que esta parte considera nulos.

El abogado de Benavent, Juan Carlos Navarro, sobre el dispositivo donde su cliente guardó grabaciones durante años: «decir que el disco duro estaba en un lugar en el que varias personas podían tener acceso al mismo, o que Benavent no lo recogió o que nunca denunció para recuperarlo es parchear la realidad, porque en situaciones de divorcio es mejor salir por piernas, dejándose incluso hasta la medalla de la comunión»

 

Valencia, 6 mar (EFE).- LAS CONDENAS

El que fue socio de Marcos Benavent, Rafael García Barat, ha sido condenado a 9 años y 2 meses de cárcel por la adjudicación irregular del servicio de Bibliobús y el espectáculo Metamorphosis del MuVim; la funcionaria de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València Francisca Tamarit ha sido condenada a 5 años y 6 meses por la adjudicación del Bibliobus y Jaime José Úbeda, también socio de Benavent, a 3 años y un mes de prisión por las irregularidades en Metamorphosis y por blanqueo de capitales en la firma Berceo, que compartía con el «yonki del dinero».

Otro de los socios de Benavent, José Estarlich, ha sido condenado a 7 meses y una multa de 50.000 euros, y los empresarios José Antonio Toledo y Francisco Javier Márquez a 10 y 5 meses de prisión, respectivamente.

SE AVALAN LAS GRABACIONES

El tribunal avala las grabaciones que efectuó Benavent durante años y que dieron inicio a esta causa, e inadmite todas las dudas que sembraron las defensas sobre la custodia, volcado y posible manipulación de las mismas.

«Se concluye que las transcripciones de las grabaciones realizadas por el Sr. Benavent Vicedo de conversaciones particulares en las que intervenía, se corresponden con el material efectivamente entregado, tanto en el pendrive Kingston, como en el pen drive Intenso», señala el tribunal en su sentencia, una cuestión que vuelve a estar de actualidad por haber sido planteada de nuevo por las defensas que actúan en el segundo de los juicios del caso Imelsa, que comenzó este lunes.

«Una vez efectuada la grabación en el servidor de los equipos de la UCO, se trabajó en todo momento con copias. Los pendrives están incorporados a las actuaciones, tanto el aportado por doña Rosa (Pérez Garijo), como el aportado por don Mariano (López, exsuegro de Benavent), habiéndose comprobado que los audios de las presentes actuaciones son coincidentes».

«El propio Sr. Benavent, en sus declaraciones, admitió tanto su autoría como su contenido. Con relación a la manipulación, que según su defensa llevó a cabo, y que no ha sido acreditada de forma alguna, lo cierto es que en el acto de la vista, Benavent únicamente declaró que, una vez incorporadas las grabaciones desde la grabadora y desde los teléfonos móviles al ordenador, él cortaba y eliminaba las partes de las conversaciones que, según él, no servían para nada», añaden los magistrados.

LA LLEGADA DE BENAVENT A IMELSA

El tribunal concluye que «a partir de la salida del acusado Marcos Benavent de la Fundación Jaume II, en julio de 2007, y su incorporación a la empresa pública Imelsa, la entidad Themática Events -de la que era copropietario junto con García Barat- empezó a recibir contratos públicos de Imelsa, sin expediente administrativo, ni publicidad».

En relación a la adjudicación del servicio de Bibliobus, la sentencia relata cómo «se concertaron García Barat y Francisca Tamarit, jefa de servicio de Acción Cultural de la Concejalía de Cultura de València, para evitar la concurrencia y publicidad en la contratación, y con el propósito de predeterminar la adjudicación de las contrataciones a las empresas Themática Events S.L y Liberty Iceberg SL, en 2008 y del 2009».

CONTACTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

«Tamarit, en su intervención en los expedientes tramitados para dichas contrataciones, emitió sin excepción, informes favorables. Incumpliendo, a sabiendas, el art 74.2 de la ley de Contratos del Sector Público, y acudiendo a la modalidad contractual del contrato menor».

Asimismo, se insiste en que la actuación de Tamarit «estaba presidida por la voluntad de favorecer el enriquecimiento del acusado Rafael García Barat por la adjudicación fraudulenta de las contrataciones».

Respecto al espectáculo Metamorphosis, se explica que se enmarcó en la exposición En-Arborar, que se desarrolló en el MuVim desde el 15 de diciembre de 2011 hasta el 7 de enero de 2012.

EL ESPECTÁCULO METAMORPHOSIS

«La facturación total por la exposición, en la que estaba integrado el espectáculo Video Mapping Metamorphosis, supuso, según la información contable aportada por Imelsa/Divalterra, la cantidad de 349.073,34 euros, y con IVA, 404.423,90 euros».

«El control de la licitud de estas operaciones se realizaba por Benavent Vicedo, gerente de Imelsa, dado que, desde el 2010, las facturas no entraban en intervención de la Diputación, y como no superaban los 50.000 euros, su pago era autorizado directamente por el gerente».

«Themática Events SL -entidad de la que Benavent era copropietario-, en el evento Video Mapping Metamorphosis subcontrató los servicios, obteniendo importantes beneficios en perjuicio de la empresa pública, al incluir sobrecostes y servicos ficticios en parte de las facturaciones asumidas por Imelsa».

EL RASTRO DEL DINERO

Para ello el acusado Marcos Benavent, gerente de Imelsa y titular de forma encubierta de casi el 40 % de la entidad Themática Events SL, se concertó con su socio en aquella entidad, el acusado Rafael García Barat, «con la finalidad de lucrarse a costa del erario público, para adjudicar dicha contratación de forma directa».

Además, «ambos acusados se concertaron para que las empresas subcontratadas por Themática Events facturaran por partidas y directamente a Imelsa» un total de 93.186,54 euros.

EL CHALET EN JÁVEA

Con estos fondos, Benavent adquirió, a través de la firma Berceo Mantenimientos (que controlaba al 99%), un dúplex en Jávea (Alicante), una plaza de garaje y un trastero por un precio total de 192.600 euros.

El acusado Jaime José Ubeda Merino, administrador de la entidad Berceo Mantenimientos SL, que «era conocedor del origen del dinero, actuó de común acuerdo con Benavent para incorporar al patrimonio de éste, el dinero obtenido de la facturación emitida por Themática Events SL a Imelsa».icia por su exsuegro en 2014.

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Valencia

La jueza de la dana pide a la periodista que comió con Mazón los datos de la tarjeta con la que pagó el parking

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Maribel Vilaplana Mazón parking
La periodista Maribel Vilaplana (d) a su llegada a los Juzgados de Catarroja, a 3 de noviembre de 2025, en Catarroja, Valencia Jorge Gil - Europa Press VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado requerir a la periodista Maribel Vilaplana, que comió el día de las riadas con el ‘president’ de la Generalitat ahora en funciones, Carlos Mazón, los datos de la tarjeta con la que pagó el parking de la Glorieta donde dejó su coche.

Qué solicita exactamente la jueza a Maribel Vilaplana

Así consta en una providencia dictada este miércoles en la que la instructora solicita esta información para que la empresa gestora del aparcamiento pueda remitir al órgano judicial los datos concretos de la hora de entrada y salida del vehículo de la periodista.

La magistrada requiere a la comunicadora que proporcione al Juzgado, “a la mayor brevedad”, una captura de pantalla del asiento contable del pago del estacionamiento en el parking Glorieta de la plaza Tetuán de València, correspondiente al 29 de octubre de 2024. También le pide los dígitos de la tarjeta bancaria utilizada y el tipo de tarjeta con la que efectuó el pago.

La jueza aclara que estos datos serán anonimizados y utilizados exclusivamente para cumplir con el oficio, remarcando que la propia testigo ya había manifestado su voluntad de facilitar dicha información durante su declaración.

El objetivo del requerimiento: reconstruir la cronología del 29O

Una vez se verifiquen los datos proporcionados por Vilaplana, la jueza enviará la documentación a la empresa Interparking para que, en un plazo de tres días, remitan la información oficial sobre la hora exacta de entrada y salida del vehículo aquel 29 de octubre de 2024.

La magistrada ya había solicitado el tique del parking durante la primera declaración de la periodista —realizada por orden de la Audiencia de Valencia—, pero Vilaplana no pudo aportarlo. En su testimonio, explicó que estuvo en el restaurante El Ventorro desde las 15.00 hasta las 18.45 horas, momento en el que se dirigió hacia el aparcamiento acompañada por Mazón, dato que se conoció en fechas recientes.


Las grabaciones del 29 de octubre, nuevas pruebas en la causa

Por otra parte, la instructora ha aceptado en un auto la petición de Intersindical Valenciana para recabar las grabaciones de las comunicaciones realizadas durante el 29 de octubre de 2024 a través del Grupo de Comunicación de Radio V-Valencia del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). Se recogerán, además, sus transcripciones, acotando el periodo a las horas solicitadas por la Fiscalía: entre las 12.00 y las 15.30.

Por qué estas grabaciones son consideradas determinantes

La jueza fundamenta su decisión en el testimonio de un sargento de Bomberos, quien declaró que todas sus comunicaciones estaban grabadas, podían solicitarse y estaban monitorizadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

A juicio de la magistrada, estas grabaciones constituyen documentación esencial de la actuación profesional de los intervinientes. Su análisis se considera clave en el contexto de una investigación penal sobre la gestión de la dana que dejó 229 víctimas mortales y múltiples heridos.

Además, señala que la obtención de estos datos no vulnera la intimidad de los participantes en las comunicaciones, ya que:

  • Son profesionales conocedores de que sus comunicaciones se graban.

  • No se trata de conversaciones de carácter privado.

  • No afecta al secreto de las comunicaciones, dado que el contenido está vinculado a la prestación de un servicio público en una situación de emergencia.


La gestión de la dana, bajo el escrutinio judicial

La decisión de solicitar la información bancaria de la periodista y las grabaciones del 29O se enmarca en un contexto judicial y político especialmente sensible. La cronología exacta de los movimientos del entonces president en funciones, Carlos Mazón, durante las horas críticas de la tragedia, continúa siendo uno de los puntos más relevantes de la investigación.

El papel de la periodista en la reconstrucción de los hechos

Maribel Vilaplana, figura conocida en València y vinculada a distintos ámbitos de la comunicación institucional, se ha convertido en testigo clave porque estuvo con Mazón durante parte de la franja horaria investigada. Su testimonio puede ayudar a esclarecer:

  • Dónde se encontraba Mazón en las horas críticas.

  • A qué hora llegó y salió del restaurante.

  • En qué momento exacto se dirigieron al parking.

  • Cuánto tiempo permaneció su vehículo estacionado en la zona.

La delimitación precisa de estos movimientos es relevante para contrastar con otras fuentes, como grabaciones oficiales, comunicaciones institucionales y testimonios del dispositivo de emergencia.


Un procedimiento judicial que avanza paso a paso

La investigación continúa acumulando documentos, testimonios y pruebas técnicas con el objetivo de reconstruir al detalle lo ocurrido el 29 de octubre de 2024, día en el que una de las mayores tragedias por inundación en la historia reciente de España provocó la muerte de 229 personas.

La jueza insiste en que cada requerimiento se justifica por la necesidad de depurar responsabilidades y entender con claridad si hubo fallos de coordinación, retrasos en la reacción o ausencia de decisiones esenciales durante las horas clave de la emergencia.

Carlos Mazón acompañó a Maribel Vilaplana a un parking tras la comida en El Ventorro, según confirma el entorno de la periodista

 

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