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Valencia

La A.Nacional juzga a un hombre por vincular al rey emérito con el caso Alcàsser

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Madrid, 18 abr (EFE).- La Audiencia Nacional sentará este martes en el banquillo a un hombre acusado de un delito contra la Corona por proferir graves acusaciones contra el rey emérito en una conferencia en la que le vinculó con el caso Alcàsser, y quien sufre síndrome de Asperger que, según el fiscal, no altera sus facultades.

La Fiscalía pide una condena de 720 euros del multa por las expresiones que vertió en una conferencia titulada «Alcasser apócrifo» y que se celebró en un local público del municipio alicantino de Monforte del Cid el 25 de abril de 2019.

Allí, según explica el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, el ahora acusado atribuyó al rey Juan Carlos I «una responsabilidad directa en los hechos conocidos como ‘el asesinato de las niñas de Alcàsser’, en Valencia», sobre el crimen de tres adolescentes de entre 14 y 15 años en 1992.

De acuerdo con el relato del fiscal, que reproduce parte de la conferencia del encausado, éste acusó al rey emérito de violar a una de las niñas, de participar en rituales y orgías y dio a «entender la participación en los crímenes de Alcàsser por parte del rey emérito», entre otras graves acusaciones.

El acusado, según indica la Fiscalía, «ha sido diagnosticado de síndrome de Asperger desde el año 2001, pero dicha patología psiquiátrica no provoca en el acusado alteración alguna en sus facultades cognitivas y volitivas, manteniéndose intactas su capacidad de comprender y querer».

El ministerio fiscal le acusa de un delito contra la Corona, reflejado en los artículos 491.1 y 490 del Código Penal, que castigan las calumnias e injurias contra miembros de la Casa Real.

Éste es uno de los tipos penales que ha sido objeto de debate en el Congreso en varias ocasiones ante la voluntad de algunos grupos de despenalizarlos, e incluso en 2018 el Congreso dio el primer paso para hacerlo ante una iniciativa de Unidas Podemos.

En esta legislatura, el 27 de octubre del año pasado el Congreso se opuso a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por ERC para sacar este delito del Código Penal.

El Ministerio de Justicia anunció en febrero que estudiaba la posibilidad de reformar este y otros tipos penales y Unidas Podemos registró una iniciativa legal para derogar los artículos del Código Penal que recogen este delito.

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Salud y Bienestar

La muerte de la niña de Alzira reabre el debate sobre los riesgos de la anestesia: ¿cuáles son los peligros reales?

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riesgos anestesia
PEXELS

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) ha trasladado sus condolencias a la familia de la niña de 6 años fallecida tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada en Alzira. Además, ha insistido en la importancia de que las sedaciones sean “realizadas exclusivamente por médicos especialistas en Anestesiología y Reanimación”. Estos son los riesgos reales de la anestesia.

Llamamiento a la prudencia y advertencia sobre la falta de información clínica

La SEDAR, en un comunicado, ha hecho un llamamiento a la “prudencia, respeto y responsabilidad institucional”, subrayando que actualmente “se desconocen los datos clínicos y las circunstancias exactas” del suceso. Por ello, remarcan que no pueden valorar causas ni responsabilidades hasta que avance la investigación.

La sedación con fármacos anestésicos generales: un procedimiento de alto riesgo

El organismo científico ha insistido en que las sedaciones que emplean fármacos anestésicos generales son “procedimientos con riesgos potencialmente graves, incluso vitales”. Por ello, recalcan que deben realizarse únicamente por especialistas en Anestesiología y Reanimación, los únicos con formación avanzada en farmacología, fisiología, manejo de la vía aérea, ventilación mecánica y reanimación avanzada.

La SEDAR recuerda que, en los últimos años, ha advertido reiteradamente de un “problema muy serio”: la autorización de sedaciones profundas para ser administradas por profesionales que no son anestesistas. Esto incluye médicos de otras especialidades como neumología, cardiología, digestivo o urgencias, e incluso enfermería, mediante cursos que no equivalen a una especialidad médica completa.

Normativas que permiten sedaciones sin anestesistas: un riesgo para el paciente

Según la SEDAR, estas normativas autonómicas generan un riesgo añadido porque los anestésicos generales pueden provocar “apnea, depresión respiratoria y colapso cardiovascular en cuestión de segundos”. Para la entidad, la administración de estos fármacos “exige la formación avanzada específica” de los anestesiólogos.

“El anestesista es el único profesional con la capacitación completa para realizar sedaciones de forma segura y responder de manera inmediata ante cualquier complicación”, remarcan.

Recomendaciones a los pacientes y mensaje del presidente de SEDAR

La SEDAR recomienda a la ciudadanía que, antes de someterse a una sedación, “pregunten siempre quién la va a realizar y verifiquen que se trata de un médico especialista en Anestesiología y Reanimación”.

El presidente de la sociedad, el doctor Javier García Fernández, ha destacado que “la seguridad del paciente es el compromiso central e irrenunciable de la SEDAR”. Ha subrayado también que “la sedación profunda no es un procedimiento menor” y que toda la comunidad sanitaria debe reflexionar tras un suceso tan grave.

La anestesia siempre conlleva riesgo, incluso en manos expertas

SEDAR recuerda que la anestesiología es una disciplina compleja que requiere vigilancia constante y experiencia. “Incluso realizada por profesionales plenamente cualificados, nunca está completamente exenta de riesgo”, advierten.

Por ello, insisten en que estos procedimientos deben realizarse “bajo los estándares máximos de seguridad” y con equipamiento adecuado.

Compromiso de la SEDAR con la seguridad y la evidencia científica

La entidad afirma que seguirá defendiendo que la seguridad del paciente esté “por encima de cualquier otro factor” y trabajará con evidencia científica para evitar que normativas o decisiones organizativas permitan prácticas que puedan comprometer la salud de los ciudadanos.

 

 

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