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La Audiencia de Valencia acepta que los forenses vuelvan a hacer un examen médico a Zaplana

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VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) – La Audiencia Provincial de Valencia ha aceptado que los médicos forenses realicen un nuevo examen médico al exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, tras el recurso de su defensa ante la negativa del Juzgado de Instrucción número 8 de València, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

La defensa recurrió a la Audiencia tanto la permanencia en prisión del exjefe del Consell como el rechazo de la jueza de Instrucción a que los médicos forenses realizaran un nuevo informe sobre el estado de salud de Zaplana.

Esta misma semana, esta instancia denegó por cuarta vez la posibilidad de dejar en libertad o en arresto domiciliario al exministro. La Audiencia respondió así al recurso que se basaba en el «riesgo vital» en el que se encuentra el expresidente de la Generalitat, según explicó su defensa el pasado 8 de agosto, dos días después de que el juzgado de Instrucción 8 dictara el auto en el que se oponía de nuevo a conceder la libertad al investigado por el caso Erial y cuyo contenido confirmó esta semana la Audiencia «en su integridad».

El abogado de Eduardo Zaplana había acudido a la Audiencia en busca de «amparo», tras las cuatro negativas del Juzgado de Instrucción, y «atendiendo al grave riesgo para la vida del paciente», ya que se trata de «una cuestión puramente humanitaria», según alegaba.

La petición de excarcelación denegada por la instructora se realizó tras un tercer informe médico presentado por la defensa que alertaba del «deterioro acusado del estado general» del paciente, y que señalaba que la probabilidad «de presentar una infección grave con riesgo vital en los próximos tres meses es cercana al 100%».

Este informe, que fue enviado a la juez junto a la solicitud de la defensa, lo elaboró el doctor Guillermo Sanz, jefe de Sección de Hematología Clínica y de la Unidad de Trasplante Hematopoyético del Hospital La Fe de València y fue rechazado al considerarse que estaba basado en «opiniones y/o informes de prensa».

NUEVO EXAMEN MÉDICO
Tras el rechazo de la Audiencia de Valencia a la puesta en libertad, el abogado de Zaplana decidió reiterar su petición de que los forenses examinaran de nuevo al exministro debido al «riesgo vital» que sufre y, en un comunicado, lamentaron que la Audiencia «ignora la gravedad de los informes», el de su médico y el de un experto de Houston.

Por tanto, pidieron que los médicos forenses sean llamados a declarar después de realizar un nuevo examen médico, que ahora ha sido aceptad.

En el comunicado, la familia del exministro defendió que Zaplana «ya tendrá ocasión de defenderse de las acusaciones que se presenten contra él, pero aún no ha sido juzgado y ahora por razones puramente humanitarias, debería estar en un lugar que no ponga en peligro su vida». «Es un derecho que asiste a cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro país», agregaron.

Zaplana se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado 24 de mayo tras ser detenido en la ‘Operación Erial’ por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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