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La Audiencia de Valencia acepta que los forenses vuelvan a hacer un examen médico a Zaplana

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VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) – La Audiencia Provincial de Valencia ha aceptado que los médicos forenses realicen un nuevo examen médico al exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, tras el recurso de su defensa ante la negativa del Juzgado de Instrucción número 8 de València, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

La defensa recurrió a la Audiencia tanto la permanencia en prisión del exjefe del Consell como el rechazo de la jueza de Instrucción a que los médicos forenses realizaran un nuevo informe sobre el estado de salud de Zaplana.

Esta misma semana, esta instancia denegó por cuarta vez la posibilidad de dejar en libertad o en arresto domiciliario al exministro. La Audiencia respondió así al recurso que se basaba en el «riesgo vital» en el que se encuentra el expresidente de la Generalitat, según explicó su defensa el pasado 8 de agosto, dos días después de que el juzgado de Instrucción 8 dictara el auto en el que se oponía de nuevo a conceder la libertad al investigado por el caso Erial y cuyo contenido confirmó esta semana la Audiencia «en su integridad».

El abogado de Eduardo Zaplana había acudido a la Audiencia en busca de «amparo», tras las cuatro negativas del Juzgado de Instrucción, y «atendiendo al grave riesgo para la vida del paciente», ya que se trata de «una cuestión puramente humanitaria», según alegaba.

La petición de excarcelación denegada por la instructora se realizó tras un tercer informe médico presentado por la defensa que alertaba del «deterioro acusado del estado general» del paciente, y que señalaba que la probabilidad «de presentar una infección grave con riesgo vital en los próximos tres meses es cercana al 100%».

Este informe, que fue enviado a la juez junto a la solicitud de la defensa, lo elaboró el doctor Guillermo Sanz, jefe de Sección de Hematología Clínica y de la Unidad de Trasplante Hematopoyético del Hospital La Fe de València y fue rechazado al considerarse que estaba basado en «opiniones y/o informes de prensa».

NUEVO EXAMEN MÉDICO
Tras el rechazo de la Audiencia de Valencia a la puesta en libertad, el abogado de Zaplana decidió reiterar su petición de que los forenses examinaran de nuevo al exministro debido al «riesgo vital» que sufre y, en un comunicado, lamentaron que la Audiencia «ignora la gravedad de los informes», el de su médico y el de un experto de Houston.

Por tanto, pidieron que los médicos forenses sean llamados a declarar después de realizar un nuevo examen médico, que ahora ha sido aceptad.

En el comunicado, la familia del exministro defendió que Zaplana «ya tendrá ocasión de defenderse de las acusaciones que se presenten contra él, pero aún no ha sido juzgado y ahora por razones puramente humanitarias, debería estar en un lugar que no ponga en peligro su vida». «Es un derecho que asiste a cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro país», agregaron.

Zaplana se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado 24 de mayo tras ser detenido en la ‘Operación Erial’ por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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