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Valencia

La Comunitat, pionera en sancionar la exhibición de banderas franquistas

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Mural Benimaclet

València, 10 jun (EFE).- La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ha impuesto a dos personas sendas multas de 4.000 euros por exhibir banderas franquistas en la vía pública durante la marcha convocada por España 2000 el pasado 12 de octubre en el barrio valenciano de Benimaclet.

Se trata de las primeras sanciones que se imponen por actos de enaltecimiento del fascismo, tipificados como infracción muy grave en la ley valenciana de Memoria Democrática y con una multa prevista de entre 2.001 y 10.000 euros, y según han señalado a EFE fuentes de la Conselleria son pioneras en España.

El procedimiento sancionador se inició a partir de la denuncia de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià por la exhibición pública de banderas con escudo franquista durante la citada manifestación.

Las resoluciones de sanción declaran a ambas personas autoras de la exhibición de banderas franquistas en la vía pública y «por tanto, de la exhibición de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las victimas», de conformidad con el artículo 39.1 de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la conveniencia de la Comunitat Valenciana.

Según el citado texto, los denunciados presentaron alegaciones, que fueron desestimadas, en las cuales «no niegan los hechos ni su participación en los mismos, sino que solicitan el archivo del expediente al entender que dichos textos no son constitutivos de la infracción imputada y que no existe dato alguno que acredite su asistencia a la manifestación».

Alegaban que en el reportaje fotográfico aportado «solo aparecen banderas de España con el lema ‘Gobierno dimisión’ y que la bandera con el águila de San Juan no es ni preconstitucional (vigente desde 1977-1981), ni anticonstitucional (ya que el escudo aparece en la CE)».

Las resoluciones detallan que «la exhibición de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las victimas en la manifestación del barrio de Benimaclet, junto a la exhibición de simbología nazi, la bandera de la falange, los saludos fascistas y las antorchas, convierte dicha manifestación en un acto de promoción y exaltación en público de la dictadura franquista».

«Por tanto -añade-, de quienes ocasionaron un grave quebranto al régimen de libertades y al sistema democrático del Estado español, cuya repetición de futuro debe ser prevenido y evitado por los poderes públicos».

Asegura que «conlleva un perjuicio agravado del orden constitucional y de la convivencia democrática, por cuanto se trata de una conducta que ha tenido lugar al socaire del ejercicio de derechos constitucionales, como son el derecho de libertad de expresión, reunión y manifestación, con evidente extralimitación en su ejercicio al celebrarse la manifestación con una finalidad distinta a la comunicada a la Delegación del Gobierno y en contra de la Constitución y las leyes».

La exhibición comporta además «una inaceptable difusión pública del desprecio y humillación de las víctimas que a causa de la defensa de los valores democráticos fueron objeto de un largo historial de terror, persecución y eliminación por parte de la dictadura franquista, lo cual añade un perjuicio a la dignidad de las víctimas y a la de sus familiares en forma de ofensa pública».

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Valencia

Ilusión y sacrificio en Alzira: jóvenes acampan días para reservar una VPO y cumplir el sueño de una vivienda propia

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Decenas de jóvenes y familias viven desde hace tres días frente a una inmobiliaria de Alzira, esperando turno para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en una promoción que ha generado una enorme expectación en la Comunitat Valenciana. La escena —personas sentadas con sillas, sacos y hamacas al raso para mantener su posición en la cola— refleja la crisis del acceso a la vivienda asequible y la ilusión de quienes buscan estabilidad y futuro.

La promoción, impulsada por una empresa constructora local, incluye 123 viviendas protegidas con precios asequibles que oscilan entre unos 119.000 y 140.000 euros, situándolas muy por debajo de los elevados precios del mercado libre que condenan a muchos a pagos de alquiler elevados sin perspectivas de obtener un hogar propio.

Colas que hablan de esperanza y frustración

Las personas que esperan turno destacan que han venido acompañadas por amigos o familiares, turnándose para descansar o cumplir sus obligaciones, sin perder la posición en la fila que se formó la mañana del pasado sábado. Muchos pagan el alquiler mes a mes —a menudo con pagos que superan los 700 euros— y ven en esta oferta una oportunidad única para construir un proyecto de vida estable con un piso de obra nueva.

El sistema de adjudicación será por orden de llegada, lo que ha motivado que algunos llegaran incluso días antes de que se abra el plazo de inscripción esta mañana, con la esperanza de poder elegir las viviendas más deseadas antes de que se agoten los turnos.

Emoción, expectativa y un problema más amplio

Entre quienes hacen cola no faltan historias humanas que ilustran la falta de alternativas habitacionales: jóvenes que han pasado años en alquiler y parejas que quieren formar una familia sin la incertidumbre de los precios del mercado, o personas mayores que esperan un futuro más seguro para sus hijos. La situación se ha convertido en tema de conversación en la ciudad y en numerosos medios, donde se percibe que esta promoción ha llegado como una luz de esperanza en un contexto donde muchas ofertas públicas similares son escasas o inexistentes desde hace décadas.

Responsables de la inmobiliaria promotora han mostrado su satisfacción por la enorme participación y han señalado que, aunque esperaban asistencia, no imaginaban que tantas personas se animarían a presentar su candidatura con tanta antelación.

¿Qué significa esta escena?

Lo que ocurre en Alzira es un síntoma de la crisis de vivienda asequible que vive España y, en particular, la Comunitat Valenciana, donde los precios de compra y alquiler continúan alejándose de las posibilidades económicas de amplios sectores de la población. La actitud de quienes esperan durante días para tener una oportunidad real de acceder a un hogar propio pone de manifiesto la urgencia social de medidas y políticas que amplíen la oferta de vivienda protegida y faciliten el acceso a la propiedad para jóvenes, familias y hogares con recursos limitados.

 

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