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Valencia

La Comunitat, pionera en sancionar la exhibición de banderas franquistas

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Mural Benimaclet

València, 10 jun (EFE).- La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ha impuesto a dos personas sendas multas de 4.000 euros por exhibir banderas franquistas en la vía pública durante la marcha convocada por España 2000 el pasado 12 de octubre en el barrio valenciano de Benimaclet.

Se trata de las primeras sanciones que se imponen por actos de enaltecimiento del fascismo, tipificados como infracción muy grave en la ley valenciana de Memoria Democrática y con una multa prevista de entre 2.001 y 10.000 euros, y según han señalado a EFE fuentes de la Conselleria son pioneras en España.

El procedimiento sancionador se inició a partir de la denuncia de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià por la exhibición pública de banderas con escudo franquista durante la citada manifestación.

Las resoluciones de sanción declaran a ambas personas autoras de la exhibición de banderas franquistas en la vía pública y «por tanto, de la exhibición de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las victimas», de conformidad con el artículo 39.1 de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la conveniencia de la Comunitat Valenciana.

Según el citado texto, los denunciados presentaron alegaciones, que fueron desestimadas, en las cuales «no niegan los hechos ni su participación en los mismos, sino que solicitan el archivo del expediente al entender que dichos textos no son constitutivos de la infracción imputada y que no existe dato alguno que acredite su asistencia a la manifestación».

Alegaban que en el reportaje fotográfico aportado «solo aparecen banderas de España con el lema ‘Gobierno dimisión’ y que la bandera con el águila de San Juan no es ni preconstitucional (vigente desde 1977-1981), ni anticonstitucional (ya que el escudo aparece en la CE)».

Las resoluciones detallan que «la exhibición de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las victimas en la manifestación del barrio de Benimaclet, junto a la exhibición de simbología nazi, la bandera de la falange, los saludos fascistas y las antorchas, convierte dicha manifestación en un acto de promoción y exaltación en público de la dictadura franquista».

«Por tanto -añade-, de quienes ocasionaron un grave quebranto al régimen de libertades y al sistema democrático del Estado español, cuya repetición de futuro debe ser prevenido y evitado por los poderes públicos».

Asegura que «conlleva un perjuicio agravado del orden constitucional y de la convivencia democrática, por cuanto se trata de una conducta que ha tenido lugar al socaire del ejercicio de derechos constitucionales, como son el derecho de libertad de expresión, reunión y manifestación, con evidente extralimitación en su ejercicio al celebrarse la manifestación con una finalidad distinta a la comunicada a la Delegación del Gobierno y en contra de la Constitución y las leyes».

La exhibición comporta además «una inaceptable difusión pública del desprecio y humillación de las víctimas que a causa de la defensa de los valores democráticos fueron objeto de un largo historial de terror, persecución y eliminación por parte de la dictadura franquista, lo cual añade un perjuicio a la dignidad de las víctimas y a la de sus familiares en forma de ofensa pública».

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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