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Valencia

La Comunitat, pionera en sancionar la exhibición de banderas franquistas

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Mural Benimaclet

València, 10 jun (EFE).- La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ha impuesto a dos personas sendas multas de 4.000 euros por exhibir banderas franquistas en la vía pública durante la marcha convocada por España 2000 el pasado 12 de octubre en el barrio valenciano de Benimaclet.

Se trata de las primeras sanciones que se imponen por actos de enaltecimiento del fascismo, tipificados como infracción muy grave en la ley valenciana de Memoria Democrática y con una multa prevista de entre 2.001 y 10.000 euros, y según han señalado a EFE fuentes de la Conselleria son pioneras en España.

El procedimiento sancionador se inició a partir de la denuncia de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià por la exhibición pública de banderas con escudo franquista durante la citada manifestación.

Las resoluciones de sanción declaran a ambas personas autoras de la exhibición de banderas franquistas en la vía pública y «por tanto, de la exhibición de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las victimas», de conformidad con el artículo 39.1 de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la conveniencia de la Comunitat Valenciana.

Según el citado texto, los denunciados presentaron alegaciones, que fueron desestimadas, en las cuales «no niegan los hechos ni su participación en los mismos, sino que solicitan el archivo del expediente al entender que dichos textos no son constitutivos de la infracción imputada y que no existe dato alguno que acredite su asistencia a la manifestación».

Alegaban que en el reportaje fotográfico aportado «solo aparecen banderas de España con el lema ‘Gobierno dimisión’ y que la bandera con el águila de San Juan no es ni preconstitucional (vigente desde 1977-1981), ni anticonstitucional (ya que el escudo aparece en la CE)».

Las resoluciones detallan que «la exhibición de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las victimas en la manifestación del barrio de Benimaclet, junto a la exhibición de simbología nazi, la bandera de la falange, los saludos fascistas y las antorchas, convierte dicha manifestación en un acto de promoción y exaltación en público de la dictadura franquista».

«Por tanto -añade-, de quienes ocasionaron un grave quebranto al régimen de libertades y al sistema democrático del Estado español, cuya repetición de futuro debe ser prevenido y evitado por los poderes públicos».

Asegura que «conlleva un perjuicio agravado del orden constitucional y de la convivencia democrática, por cuanto se trata de una conducta que ha tenido lugar al socaire del ejercicio de derechos constitucionales, como son el derecho de libertad de expresión, reunión y manifestación, con evidente extralimitación en su ejercicio al celebrarse la manifestación con una finalidad distinta a la comunicada a la Delegación del Gobierno y en contra de la Constitución y las leyes».

La exhibición comporta además «una inaceptable difusión pública del desprecio y humillación de las víctimas que a causa de la defensa de los valores democráticos fueron objeto de un largo historial de terror, persecución y eliminación por parte de la dictadura franquista, lo cual añade un perjuicio a la dignidad de las víctimas y a la de sus familiares en forma de ofensa pública».

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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