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La Comunitat prevé tener a su población inmunizada el 9 de octubre

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València, 14 ago (EFE).- La Comunitat Valenciana prevé tener a toda su población vacunada con la pauta completa el próximo día 9 de octubre, tras el acelerón que prevé dar al proceso de vacunación las próximas tres semanas, en las que se prevé administrar 1.300.000 dosis de vacunas, medio millón de ellas en los próximos siete días.

Así lo ha señalado el president de la Generalitat, Ximo Puig, tras presidir la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación contra la covid que este sábado ha prorrogado hasta el 6 de septiembre el toque de queda y la limitación a 10 personas en reuniones familiares y sociales en 68 municipios.

«El gran activo para la superación de la pandemia es la vacunación», ha sentenciado Puig, que ha indicado que hasta el momento en la Comunitat Valenciana se han administrado más de 6,3 millones de dosis contra el coronavirus.

Además, ha incidido en que «más de 3 millones de personas cuentan ya con la pauta completa de vacunación, lo que significa casi el 70 % de la población que se puede vacuna» y que más del 80 % ya cuenta con una dosis.

«Esas cifras nos acercan a la inmunidad de grupo que queremos alcanzar el 9 de Octubre, la fiesta de nuestra comunidad», ha apostillado Puig.

El jefe del Consell ha anunciado que en las próximas tres semanas está previsto administrar 1.300.000, de las que medio millón se inocularán durante los próximos siete días, en lo que será la segunda semana con más dosis desde el inicio de la vacunación.

Se espera que la segunda semana de septiembre cerca del 85 % de la población a vacunar tendrá ya la pauta completa de la vacuna anticovid administrada y tener «el 9 de Octubre alcanzar la inmunización de la Comunitat Valenciana», ha resaltado Puig.

«Es necesario concienciarse de la vacunación», ha insistido y ha añadido que tras una primera repesca, en septiembre seguirá la campaña para que las personas que se han quedado fuera por propia voluntad, «reconsideren su decisión».

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, que ha comparecido junto al president, ha asegurado que «la vacunación avanza a buen ritmo» y que el más de medio millón de dosis que llegan este próximo lunes «compensan el déficit que por población» recibían según datos del INE.

De esas 500.000 vacunas, el 58 % que se administrarán la semana que viene y unas 292.000 irán a personas de entre 19 y 12 años. «Con los mensajes que se empezaron a mandar anoche y hoy, prácticamente se llamará a todas las personas que hay que administrarle la vacuna y recibir su primera dosis», ha afirmado.

Además, se destinarán 94.100 vacunas a segundas dosis de personas entre 39 y 20 años; 1.367 para segundas dosis de mayores de 60 años y 360 dosis de Jansen -que se administra una única dosis-, para viajeros internacionales.

«Esta semana se va a citar a todos los que quedan por citar, excepto a los que haya bloqueado su agenda y a los que se les administrará los días en que ya se encuentren en su domicilio», ha resaltado.

Barceló ha incidido en que tras esta «llamada general» quedarán unas 80.000 personas que no disponen de teléfono móvil y a las que Atención Primaria citará con una llamada al teléfono fijo.

«La cobertura de vacunación que vamos a alcanzar la semana que viene será del 70 % con pauta completa, lo que nos permite avanzar todo el calendario programado hace unas semanas. La llegada de un mayor número de dosis, permite agilizar e ir a buen ritmo al mismo tiempo que vamos bajando la incidencia», ha concluido.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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