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La Comunitat recibirá cerca de 2.000 millones del FLA hasta junio

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El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha acordado asignar a las comunidades autónomas para los dos primeros trimestres de 2017 un total de 11.935,80 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación a CCAA. De ellos, 1.659,52 millones corresponden a Facilidad Financiera (FF) y 10.276,28 al compartimento de Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Los recursos previstos para el primer trimestre del año ascienden a 7.053,13 millones de euros para atender las necesidades de financiación de las comunidades autónomas adheridas, de los que 5.948,12 millones de euros corresponden al FLA y 1.105,01 millones al Fondo de Facilidad Financiera.

La cantidad prevista para el segundo trimestre es de 4.882,67 millones de euros para atender las necesidades del segundo trimestre. De ellos, 4.328,16 millones de euros corresponden al FLA y 554,51 millones al compartimento de Facilidad Financiera.

El importe total de 11.935,80 millones de euros se repartirá entre las CCAA adheridas al Fondo de Financiación, de más a menos, para las CCAA de Cataluña (3.598,21 millones), el 30% del total; Andalucía (2.238,56 millones), Comunitat Valenciana (1.978,95 millones), Galicia (1.191,91 millones); Castilla-La Mancha (654,79 millones); Baleares (499,63 millones); Murcia (469,18 millones); Canarias (467,61 millones); Aragón (264,06 millones); Cantabria (221,62 millones); Asturias (208,09 millones) y Extremadura (143,19 millones).

La CDGAE ha adoptado un nuevo paquete de condiciones adicionales para poder acceder a la financiación a través del FLA en 2017 y que tienen que ver con la unidad de mercado, la Administración digital y el empleo público.

Algunas de estas medidas ya fueron objeto de impulso en el Acuerdo de la CDGAE del pasado 31 de marzo de 2016, que incluyó como condicionalidad, entre otros, la adhesión al Instrumento de Apoyo a la Sostenibilidad del Gasto Farmacéutico y Sanitario, la firma del protocolo de colaboración suscrito entre la Administración General del Estado y Farmaindustria, la conexión de los registros contables con la plataforma de factura electrónica (FACe), condiciones específicas en relación al acuerdo de no disponibilidad en aplicación del artículo 25 de la LOEPSF, así como la firma del convenio para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración electrónica.

Por otro lado, la CDGAE ha acordado, de la dotación de 1.000 millones de euros para 2017, la asignación para este año de 643,20 millones de euros correspondientes al Fondo de Ordenación y al Fondo de Impulso Económico y ha fijado condiciones financieras especiales para un grupo de municipios en situación de riesgo financiero.

Concretamente, al compartimento del Fondo de Ordenación se asigna un importe máximo de 431,47 millones de euros para aquellas entidades locales que se encuentran en riesgo financiero por su elevado nivel de deuda o que no han podido refinanciar conforme a los criterios de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

Al compartimento del Fondo de Impulso Económico se asigna un importe máximo de 211,73 millones de euros para las entidades locales que hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y que presenten un periodo medio de pago que no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.

Por último, la CDGAE ha aprobado igualmente una medida consistente en la modificación de las condiciones de préstamos para una serie de ayuntamientos con especiales dificultades. A estas entidades se les modifican las condiciones de los préstamos formalizados hasta el año 2016 inclusive con cargo a los compartimentos Fondo de Ordenación y Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores de Entidades Locales.

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Zarzuela considera que el Rey emérito debería recuperar su residencia fiscal en España si regresa

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rey Juan Carlos Le Figaro

La Casa del Rey vincula el regreso a la residencia fiscal

La Casa de S.M. el Rey considera que el Juan Carlos I puede regresar a vivir a España cuando lo estime oportuno. No obstante, en el entorno de Zarzuela entienden que, si el monarca emérito desea salvaguardar su imagen pública y la de la institución, debería también recuperar su residencia fiscal en territorio español.

Según esta posición, el eventual retorno no estaría condicionado jurídicamente, pero sí tendría implicaciones reputacionales para la Corona.

Un debate ligado a la imagen de la institución

Desde la Casa del Rey subrayan la importancia de preservar la estabilidad y la credibilidad de la monarquía parlamentaria. En ese contexto, la situación fiscal del emérito es vista como un elemento relevante en términos de percepción pública.

El debate se enmarca en la voluntad de reforzar la transparencia institucional y evitar cualquier controversia que pueda afectar a la figura del actual jefe del Estado, Felipe VI.

Residencia en el extranjero y posible regreso

Juan Carlos I fijó su residencia fuera de España en 2020. Desde entonces, ha realizado visitas puntuales al país, pero sin establecer de nuevo su residencia permanente.

La posibilidad de un regreso definitivo ha sido objeto de especulación en diversas ocasiones. Sin embargo, fuentes cercanas a la institución insisten en que cualquier decisión debería tener en cuenta no solo el plano personal, sino también el impacto institucional.

La prioridad: proteger la Corona

La postura trasladada desde Zarzuela apunta a que, más allá del derecho individual del Rey emérito a regresar, la prioridad es proteger la imagen de la Corona y garantizar la coherencia entre residencia efectiva y fiscal.

En un contexto de máxima atención pública sobre la monarquía, cualquier paso relacionado con Juan Carlos I continúa generando interés político y mediático.

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