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La Comunitat Valenciana, entre las autonomías con peores servicios sanitarios de España

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MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) – Cataluña, Comunitat Valenciana y Canarias son las comunidades autónomas con peores servicios sanitarios con 65, 63 y 53 puntos -respectivamente- sobre 118, según el XV informe ‘Los Servicios Sanitarios de las CCAA’ de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

«Las tres comunidades autónomas con peores servicios son Cataluña, Valencia y Canarias, por este orden, y las dos últimas comunidades autónomas se mantienen en los últimos puestos desde hace nueve años, a pesar de que haya 10 puntos de diferencia», ha declarado el vicesecretario de la organización, Marciano Sánchez Bayle.

En concreto, Canarias se sitúa en el último puesto por segundo año consecutivo, disputándose entre éste y el penúltimo con la Comunitat Valenciana desde 2010. Así, entre las razones se encuentra que es una «comunidad autónoma muy privatizada y destina pocos recursos sanitarios», ha señalado el vicesecretario. Asimismo, ha recalcado que Canarias «ha tenido muchos problemas de gestión, porque tiene la mayor lista de espera quirúrgica y de consultas externas de todo el país.

En el sentido contrario, son País Vasco (94 puntos), Navarra (83), Aragón y Castilla y León (80) las comunidades con mejores servicios sanitarios. A pesar de que País Vasco no es la comunidad con menos hospitales privados, sí «es la que más presupuesto dedica a la sanidad pública, y la satisfacción de la población es bastante alta».

Sin embargo, las comunidades con servicios regulares son Asturias (78); Castilla-La Mancha y Extremadura (77); La Rioja (76), y Madrid (73); y son Baleares (72); Galicia (71); Andalucía (68) Cantabria y Murcia (66), aquellas con unos servicios sanitarios deficientes.

En este sentido, en el informe se señalan que hay cinco comunidades que suben de posición; Andalucía, Baleares y Madrid, aumentan dos puestos, y Castilla y León y La Rioja solo uno. Sin embargo, Galicia y Cantabria ha bajado tres puestos, y Asturias y Murcia, uno. De este modo, los tres primeros puestos en los cinco últimos años los ocupan las mismas comunidades con cambios relativos en las posiciones.

En concreto, Andalucía ha conseguido subir su posición a pesar de ser una de las comunidades con menos presupuesto este año, unos 1.166,39 millones de euros en concreto; teniendo menos que Canarias (1.268,40 millones de euros), que está en la última posición.

APUESTA POR LA SANIDAD PÚBLICA: UNA SOLUCIÓN
En marco de todo ello, el vicesecretario de la organización ha recalcado que una solución clave para mejora la realidad de la situación sanitaria española es la apuesta por la sanidad pública. Asimismo, ha propuesto como solución «incrementar notablemente los presupuestos sanitarios, acabar con la política privatizadora, y utilizar de manera más intensiva y eficiente los recursos públicos», sin embargo, todo ello depende las «implicaciones de los gobernadores».

En este sentido, según se indica en el informe, a partir de 2009 los servicios sanitarios públicos han sufrido «una agresión continuada con un proceso de recortes muy importante, entre 15.000 y 21.000 millones de euros menos de presupuesto anuales según las diversas fuentes, recortes que se han producido en todas las comunidades sin excepción, pero cuya intensidad ha variado mucho de unas a otras».

Asimismo, se ha indicado de que a pesar de que en los tres últimos años se han producido incrementos presupuestarios, estos, «ni de lejos han recuperado la situación previa, y «básicamente han ido dirigidos a atender un incremento del gasto farmacéutico».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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