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La Comunitat Valenciana estará en condiciones de empezar la desescalada «en 10 o 15 días»

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha subrayado que los datos de la evolución de la pandemia de COVID-19 en el territorio valenciano permiten asegurar que la Comunitat Valenciana «estará en condiciones de cumplir» con los criterios fijados por el Gobierno para el inicio de la desescalada.

El president de la Generalitat ha comparecido ante los medios de comunicación tras la séptima reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas para abordar la evolución de la actual crisis y las actuaciones futuras en la lucha contra la pandemia de COVID-19.

Puig ha señalado que «en los próximos días» -ha precisado que no puede concretar si el plazo será de 10 o de 15 días- la Comunitat estará preparada para cumplir con los cuatro requisitos establecidos por el Ejecutivo central para el comienzo de la desescalada, ya que tendrá capacidad suficiente en atención primaria y en UCI y también para la detección precoz de nuevos casos y para el apoyo fuera del domicilio a las personas enfermas que tengan que estar confinadas.

337 municipios, sin positivos en las últimas dos semanas

Tal y como ha expuesto Puig, manteniendo todas las cautelas y la prudencia, «hay señales para la esperanza» en los indicadores que se registran en la Comunitat Valenciana, ya que en las dos últimas semanas no se han detectado casos positivos en 337 municipios, lo que representa el 62% del total.

Además, las altas continúan aumentando, dado que en 12 días el número total de personas curadas se ha duplicado, y en 15 días, casi se ha triplicado.

Asimismo, más de la mitad de las personas diagnosticadas, el 55%, ya se han curado, de manera que son más de 6.200 las que han superado la dolencia. De hecho, de todos los casos diagnosticados, solo 3 de cada 10 están activos. A principios de mes eran 9 de cada 10, y el número de personas ingresadas en hospitales y en las UCI se ha reducido a la mitad también en dos semanas.

Puig ha destacado también que la incidencia acumulada registrada en los últimos 14 días es de 26 casos por 100.000 habitantes, una tercera parte de la media de España, y que solo cuatro de las 17 autonomías poseen una tasa más baja que la de la Comunitat Valenciana. Además, se han hecho más de 102.000 pruebas PCR y más de 20.000 test rápidos.

El president ha iniciado, no obstante, su intervención trasladando un «mensaje de reconocimiento, pesar y tristeza», en nombre de toda la sociedad valenciana, en memoria de las personas fallecidas a causa de la COVID, y transmitiendo ánimo y esperanza a quienes combaten el virus desde el hospital o desde casa.

El responsable de la Generalitat ha subrayado, por otro lado, que, en el momento actual, de especial dificultad, el diseño del proceso hacia la nueva normalidad, ha de realizarse compatibilizando la unidad de acción, que «ha funcionado» y que tiene que llevarse a cabo desde el acuerdo, con una «singularización» adaptada a los territorios, y además avanzar hacia medidas de corresponsabilidad ciudadana. «Tenemos que confiar más en la ciudadanía», porque la sociedad «ha demostrado su madurez», ha manifestado.

En este ámbito, Puig ha trasladado también en la reunión con el president del Gobierno que «los indicadores tienen que ser claros y determinantes para todos», que «tiene que definirse una estrategia clara de testeo» y que hay que buscar una «armonización» para «dar seguridad» a la ciudadanía. Asimismo, ha incidido en la necesidad de fomentar la respuesta tecnológica para favorecer la detección precoz de nuevos contagios, con la colaboración entre todas las comunidades autónomas.

El president de la Generalitat Ximo Puig ha señalado además que el gran pacto valenciano que propugna para la recuperación y la reconstrucción de la Comunitat tiene tres vertientes: una política, en torno a los partidos; otra, relacionada con el diálogo social, y una tercera de carácter territorial, que concierne a los municipios.

Reuniones con partidos y agentes sociales

En este sentido, ha avanzado que, del mismo modo que ya ha tenido una primera toma de contacto con representantes de los ayuntamientos y las diputaciones, esta próxima semana iniciará los contactos con grupos políticos y agentes sociales para impulsar este pacto, que debe tejerse, ha indicado, «con prudencia».

Puig se ha mostrado partidario, además, de que llegar a acuerdos de carácter estatal. «Ahora es el momento de la unidad política, social, económica y cívica», y la Comunitat Valenciana quiere participar en ese espacio de reactivación económica y social aportando sus propuestas, ha agregado.

«Revolución administrativa»

También ha pedido una «revolución administrativa» para agilizar la respuesta burocrática a los problemas. Las administraciones, considera el president, tienen que cambiar su forma de trabajar y ser más rápidas.

El jefe del Consell ha solicitado además que las comunidades autónomas y las regiones europeas tengan una participación directa en el despliegue del Plan Marshall y ha reivindicado el protagonismo que debe tener la UE en la salida de la crisis. La disyuntiva es, en su opinión, «Europa o miseria».

Puig ha vuelto a insistir, por otro lado, en la urgencia de garantizar la suficiencia financiera de las autonomías con soluciones estructurales a la infrafinanciación de comunidades como la valenciana, y ha defendido que, en el actual escenario de crisis, es necesario asumir la «corresponsabilidad fiscal» y utilizar los recursos con «eficiencia», uno de los valores «fundamentales» para la recuperación.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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