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La Comunitat Valenciana estará en condiciones de empezar la desescalada «en 10 o 15 días»

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha subrayado que los datos de la evolución de la pandemia de COVID-19 en el territorio valenciano permiten asegurar que la Comunitat Valenciana «estará en condiciones de cumplir» con los criterios fijados por el Gobierno para el inicio de la desescalada.

El president de la Generalitat ha comparecido ante los medios de comunicación tras la séptima reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas para abordar la evolución de la actual crisis y las actuaciones futuras en la lucha contra la pandemia de COVID-19.

Puig ha señalado que «en los próximos días» -ha precisado que no puede concretar si el plazo será de 10 o de 15 días- la Comunitat estará preparada para cumplir con los cuatro requisitos establecidos por el Ejecutivo central para el comienzo de la desescalada, ya que tendrá capacidad suficiente en atención primaria y en UCI y también para la detección precoz de nuevos casos y para el apoyo fuera del domicilio a las personas enfermas que tengan que estar confinadas.

337 municipios, sin positivos en las últimas dos semanas

Tal y como ha expuesto Puig, manteniendo todas las cautelas y la prudencia, «hay señales para la esperanza» en los indicadores que se registran en la Comunitat Valenciana, ya que en las dos últimas semanas no se han detectado casos positivos en 337 municipios, lo que representa el 62% del total.

Además, las altas continúan aumentando, dado que en 12 días el número total de personas curadas se ha duplicado, y en 15 días, casi se ha triplicado.

Asimismo, más de la mitad de las personas diagnosticadas, el 55%, ya se han curado, de manera que son más de 6.200 las que han superado la dolencia. De hecho, de todos los casos diagnosticados, solo 3 de cada 10 están activos. A principios de mes eran 9 de cada 10, y el número de personas ingresadas en hospitales y en las UCI se ha reducido a la mitad también en dos semanas.

Puig ha destacado también que la incidencia acumulada registrada en los últimos 14 días es de 26 casos por 100.000 habitantes, una tercera parte de la media de España, y que solo cuatro de las 17 autonomías poseen una tasa más baja que la de la Comunitat Valenciana. Además, se han hecho más de 102.000 pruebas PCR y más de 20.000 test rápidos.

El president ha iniciado, no obstante, su intervención trasladando un «mensaje de reconocimiento, pesar y tristeza», en nombre de toda la sociedad valenciana, en memoria de las personas fallecidas a causa de la COVID, y transmitiendo ánimo y esperanza a quienes combaten el virus desde el hospital o desde casa.

El responsable de la Generalitat ha subrayado, por otro lado, que, en el momento actual, de especial dificultad, el diseño del proceso hacia la nueva normalidad, ha de realizarse compatibilizando la unidad de acción, que «ha funcionado» y que tiene que llevarse a cabo desde el acuerdo, con una «singularización» adaptada a los territorios, y además avanzar hacia medidas de corresponsabilidad ciudadana. «Tenemos que confiar más en la ciudadanía», porque la sociedad «ha demostrado su madurez», ha manifestado.

En este ámbito, Puig ha trasladado también en la reunión con el president del Gobierno que «los indicadores tienen que ser claros y determinantes para todos», que «tiene que definirse una estrategia clara de testeo» y que hay que buscar una «armonización» para «dar seguridad» a la ciudadanía. Asimismo, ha incidido en la necesidad de fomentar la respuesta tecnológica para favorecer la detección precoz de nuevos contagios, con la colaboración entre todas las comunidades autónomas.

El president de la Generalitat Ximo Puig ha señalado además que el gran pacto valenciano que propugna para la recuperación y la reconstrucción de la Comunitat tiene tres vertientes: una política, en torno a los partidos; otra, relacionada con el diálogo social, y una tercera de carácter territorial, que concierne a los municipios.

Reuniones con partidos y agentes sociales

En este sentido, ha avanzado que, del mismo modo que ya ha tenido una primera toma de contacto con representantes de los ayuntamientos y las diputaciones, esta próxima semana iniciará los contactos con grupos políticos y agentes sociales para impulsar este pacto, que debe tejerse, ha indicado, «con prudencia».

Puig se ha mostrado partidario, además, de que llegar a acuerdos de carácter estatal. «Ahora es el momento de la unidad política, social, económica y cívica», y la Comunitat Valenciana quiere participar en ese espacio de reactivación económica y social aportando sus propuestas, ha agregado.

«Revolución administrativa»

También ha pedido una «revolución administrativa» para agilizar la respuesta burocrática a los problemas. Las administraciones, considera el president, tienen que cambiar su forma de trabajar y ser más rápidas.

El jefe del Consell ha solicitado además que las comunidades autónomas y las regiones europeas tengan una participación directa en el despliegue del Plan Marshall y ha reivindicado el protagonismo que debe tener la UE en la salida de la crisis. La disyuntiva es, en su opinión, «Europa o miseria».

Puig ha vuelto a insistir, por otro lado, en la urgencia de garantizar la suficiencia financiera de las autonomías con soluciones estructurales a la infrafinanciación de comunidades como la valenciana, y ha defendido que, en el actual escenario de crisis, es necesario asumir la «corresponsabilidad fiscal» y utilizar los recursos con «eficiencia», uno de los valores «fundamentales» para la recuperación.

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Quién es Antonio Hernández y por qué Sánchez lo ha cesado tras el escándalo del caso Salazar

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Antonio Hernández
Antonio Hernández-Portal de Transparencia del Gobierno/ PSOE

Cese inminente en el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.

Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.

Quién es Antonio Hernández

Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.

Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.

Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.

Malestar creciente en el PSOE

El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.

El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?

Debate interno: Fiscalía, responsabilidades y gestión

Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.

Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.

Desde el Ejecutivo admiten errores:

“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.

Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:

“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.

Las palabras de Carmen Calvo

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.

Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.

Último pleno del año y nuevas tensiones

El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:

  • María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa

  • Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado

Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.

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