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Nueva huelga de Renfe para marzo: estos son los días de paros

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huelga Renfe marzo
AVE, Estación Joaquín Sorolla. EUROPA PRESS - Archivo

Nueva huelga de Renfe para marzo de 2024. Los maquinistas de Renfe han convocado una huelga para varios días de este mes de marzo. Así lo anunció el Sindicato de Maquinistas de la compañía (SEMAF), que detalla que no se han cumplido determinados acuerdos sobre el plan de empleo.

En concreto, dos cláusulas del convenio colectivo que tienen que ver con la jornada y el plan de empleo del III Convenio, lo que ha provocado que se paralice la entrada de nuevo personal.

Esta nueva convocatoria se produce apenas dos semanas después de la última huelga, cuando se vieron afectados más de 300 trenes comerciales de Larga y Media Distancia, incluidos AVE.

Días de la huelga en Renfe en marzo

Por el momento, SEMAF ha anunciado que estos son los días de marzo afectados por los paros:

  • Viernes 1 de marzo: paros de 24 horas.
  • Lunes 4 de marzo: paros de 24 horas.
  • Miércoles 6 de marzo: de 07:00 a 10:00, de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00h.
  • Martes 12 de marzo: paros de 24 horas.

Los servicios mínimos todavía no han sido acordados y se conocerán en los días previos a la convocatoria de los paros.

Denuncian la «vulneración» de los derechos de los trabajadores

En Semaf dicen que la actual situación provoca una «vulneración» de los derechos de los trabajadores y de los usuarios del ferrocarril. La «falta de planificación e interrupción de» los procesos de recursos humanos están «traduciéndose «en plantillas de maquinistas infradimensionadas en determinadas residencias, que conlleva a la supresión de trenes». Advierten que no haber solución lo antes posible, la situación «irá a peor y el servicio decaerá drásticamente para los usuarios».

«Desde SEMAF seguiremos trabajando y luchando para que los procesos de personal sean ágiles y ordenados y el servicio de transporte público ferroviario sea digno, eficiente y eficaz», puntualiza el sindicato que añade que su posición es «absolutamente clara» y que corresponde con el documento firmado por el Ministerio.

Esta convocatoria llega después de la convocada el pasado día 9 de febrero por CCOO en protesta por el bloqueo del acuerdo sobre la eliminación de las categorías de ingreso.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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