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La exconsellera Martínez y el resto de condenados por el ‘Caso Fitur’ entrarán en la cárcel este jueves

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VALENCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) – Los condenados por el caso Fitur que están en libertad han comparecido escalonadamente este miércoles en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) –donde estaban citados entre las 9.00 y las 12.10 horas– para recoger el mandamiento de entrada en prisión, que se hará efectiva este jueves 24 de mayo, y que se les ha comunicado personalmente a excepción de la exconsellera de Turisme, Milagrosa Martínez.

Solos o en compañía de sus asesores jurídicos, los condenados han rechazado hacer declaraciones y han tratado de evitar a los medios de comunicación, alguno a la carrera cruzando la calle por entre los coches. El único que ha hecho una declaración ha sido el letrado de un ex alto funcionario de la Conselleria, quien se ha limitado a decir: «Ya hemos pasado por esto suficiente, y por tanto, se acabaron las declaraciones. Gracias».

El resto de condenados que se encuentran en prisión por otras ramas del caso Gürtel –Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, los considerados cabecillas de la trama– ya recibieron la comunicación vía exhorto de la sala, para informar al centro penitenciario de la firmeza de su condena.

El pasado 8 de mayo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó íntegramente la sentencia del TSJCV que condenó a penas que oscilan entre los tres y los 13 años de prisión para los once acusados de amañar contratos entre la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana, dirigida por Milagrosa Martínez, y la trama corrupta Gürtel para la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009, durante los que la exconsellera contrató los stands.

No obstante, Milagrosa Martínez, que en un principio estaba citada este miércoles a las 10.00 horas, ha evitado comparecer en la Sala de lo Civil y Penal, después que el TSJCV dictara una providencia que le ha permitido no presentarse personalmente a recoger la orden de entrada en prisión, para cumplir una pena de nueve años. Martínez tenía dos opciones: presentarse voluntariamente en el centro penitenciario que elija el jueves previa comunicación al tribunal o recoger la orden a través de su procurador.

El primero en acudir ha sido Cándido Herrero, exempleado de Orange Market, condenado a una pena de cuatro años y cuatro meses de cárcel. Poco antes de las 8.45 horas se ha presentado solo en el tribunal para recoger la orden de entrada en prisión y ha salido sin hacer declaraciones.

Tras él, le ha tocado el turno a Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Conselleria de Turisme, condenado a seis años de cárcel. A las 9.18 horas se ha presentado en la Sala acompañado de su abogado sin hacer declaraciones. Betoret tiene una condena anterior a una multa de 9.600 euros, al declararse culpable por conformidad en el conocido como ‘caso de los trajes’.

A los pocos minutos ha llegado el exjefe de Promoción de la Agència Valenciana de Turisme (AVT), Jorge Guarro, condenado a 4 años de prisión. A su salida, su abogado ha manifestado que no iban a hacer declaraciones: «Ya hemos pasado por esto suficiente, y por tanto, se acabaron las declaraciones. Gracias», ha zanjado.

Casi una hora más tarde, a las 10.15 horas, ha comparecido la excoordinadora de Ferias de la AVT, Ana Grau, condenada a tres años de cárcel. Grau ha llegado sola y ha salido sin hacer declaraciones.

Le ha seguido el ex alto cargo de la Conselleria de Turisme, Isaac Vidal, condenado a siete años de prisión. A las 11.10 horas ha entrado en la sala acompañado de su abogado y sin hacer declaraciones. A la salida del tribunal ha intentado evitar a los medios de comunicación para no que no captaran su imagen.

La última citada, Mónica Magariños, se ha presentado en el TSJCV a las 11.40, media hora antes de la que había fijado la sala. Condenada a una pena de tres años, la exempleada de Orange Market, ha llegado acompañada de su abogado y sin hacer declaraciones.

Al resto de condenados y considerados líderes de la red Gürtel que se encuentran en prisión por otro hechos relacionados con la trama –Francisco Correa (13 años); Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ (12 años y tres meses) y Pablo Crespo (13 años y tres meses)– la sala había acordado librar exhorto a los centros penitenciarios para requerirles el cumplimiento de la penas impuestas.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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