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La exconsellera Martínez y el resto de condenados por el ‘Caso Fitur’ entrarán en la cárcel este jueves

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VALENCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) – Los condenados por el caso Fitur que están en libertad han comparecido escalonadamente este miércoles en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) –donde estaban citados entre las 9.00 y las 12.10 horas– para recoger el mandamiento de entrada en prisión, que se hará efectiva este jueves 24 de mayo, y que se les ha comunicado personalmente a excepción de la exconsellera de Turisme, Milagrosa Martínez.

Solos o en compañía de sus asesores jurídicos, los condenados han rechazado hacer declaraciones y han tratado de evitar a los medios de comunicación, alguno a la carrera cruzando la calle por entre los coches. El único que ha hecho una declaración ha sido el letrado de un ex alto funcionario de la Conselleria, quien se ha limitado a decir: «Ya hemos pasado por esto suficiente, y por tanto, se acabaron las declaraciones. Gracias».

El resto de condenados que se encuentran en prisión por otras ramas del caso Gürtel –Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, los considerados cabecillas de la trama– ya recibieron la comunicación vía exhorto de la sala, para informar al centro penitenciario de la firmeza de su condena.

El pasado 8 de mayo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó íntegramente la sentencia del TSJCV que condenó a penas que oscilan entre los tres y los 13 años de prisión para los once acusados de amañar contratos entre la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana, dirigida por Milagrosa Martínez, y la trama corrupta Gürtel para la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009, durante los que la exconsellera contrató los stands.

No obstante, Milagrosa Martínez, que en un principio estaba citada este miércoles a las 10.00 horas, ha evitado comparecer en la Sala de lo Civil y Penal, después que el TSJCV dictara una providencia que le ha permitido no presentarse personalmente a recoger la orden de entrada en prisión, para cumplir una pena de nueve años. Martínez tenía dos opciones: presentarse voluntariamente en el centro penitenciario que elija el jueves previa comunicación al tribunal o recoger la orden a través de su procurador.

El primero en acudir ha sido Cándido Herrero, exempleado de Orange Market, condenado a una pena de cuatro años y cuatro meses de cárcel. Poco antes de las 8.45 horas se ha presentado solo en el tribunal para recoger la orden de entrada en prisión y ha salido sin hacer declaraciones.

Tras él, le ha tocado el turno a Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Conselleria de Turisme, condenado a seis años de cárcel. A las 9.18 horas se ha presentado en la Sala acompañado de su abogado sin hacer declaraciones. Betoret tiene una condena anterior a una multa de 9.600 euros, al declararse culpable por conformidad en el conocido como ‘caso de los trajes’.

A los pocos minutos ha llegado el exjefe de Promoción de la Agència Valenciana de Turisme (AVT), Jorge Guarro, condenado a 4 años de prisión. A su salida, su abogado ha manifestado que no iban a hacer declaraciones: «Ya hemos pasado por esto suficiente, y por tanto, se acabaron las declaraciones. Gracias», ha zanjado.

Casi una hora más tarde, a las 10.15 horas, ha comparecido la excoordinadora de Ferias de la AVT, Ana Grau, condenada a tres años de cárcel. Grau ha llegado sola y ha salido sin hacer declaraciones.

Le ha seguido el ex alto cargo de la Conselleria de Turisme, Isaac Vidal, condenado a siete años de prisión. A las 11.10 horas ha entrado en la sala acompañado de su abogado y sin hacer declaraciones. A la salida del tribunal ha intentado evitar a los medios de comunicación para no que no captaran su imagen.

La última citada, Mónica Magariños, se ha presentado en el TSJCV a las 11.40, media hora antes de la que había fijado la sala. Condenada a una pena de tres años, la exempleada de Orange Market, ha llegado acompañada de su abogado y sin hacer declaraciones.

Al resto de condenados y considerados líderes de la red Gürtel que se encuentran en prisión por otro hechos relacionados con la trama –Francisco Correa (13 años); Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ (12 años y tres meses) y Pablo Crespo (13 años y tres meses)– la sala había acordado librar exhorto a los centros penitenciarios para requerirles el cumplimiento de la penas impuestas.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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