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La Fiscalía confirma que la violación de ‘La Manada’ se produjo «sin consentimiento y bajo violencia»

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la manada

El Ministerio Fiscal ha confirmado este lunes que la presunta violación entre 5 jóvenes en San Fermin «se produjo sin consentimiento y bajo violencia e intimidación», y ha considerado que «las pruebas son absolutamente contundentes», así lo ha manifestado en la presentación del informe de conclusiones del caso.

En concreto, la fiscal Elena Sarasate ha estado dos horas presentando el informe y ha asegurado que los cinco acusados «actuaron de forma conjunta y organizada», mientras la joven denunciante «no sospechaba ni rematadamente lo que estaba pasando».

«Cuando los acusados terminaron y consiguieron lo que querían, la dejaron tirada y semidesnuda», ha señalado, tras lo que ha añadido que «la declaración de la víctima cumple todos los requisitos para darle absoluta y totalmente credibilidad y sin embargo la de los acusados tiene contradicciones, no pequeñas, sino determinantes».

«Ellos sí sabían a lo que iban y lo tenían claro», ha recalcado ante la sala, donde los cinco acusados han estado sentados detrás de sus defensas y en frente de la fiscal.

Así, Sarasate ha concluido que «ha quedado perfectamente acreditado el delito de agresión sexual, el delito contra la intimidad y el del robo del móvil», por lo que ha reiterado su petición de 22 años y diez meses de prisión para los acusados.

Tras este primer informe, es el turno de la acusación particular y las acusaciones populares, el ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad foral de Navarra, posteriormente el martes presentarán las conclusiones las tres defensas de los cinco acusados.

Cabe destacar que estas dos últimas sesiones del juicio son las únicas que se desarrollan en audiencia pública, con la asistencia de 46 periodistas y 24 ciudadanos como público. Sin embargo, está prohibido el acceso de cámaras y fotógrafos y el tribunal ha adoptado medidas extraordinarias para evitar grabaciones. De esta forma, a la sala de vistas no se puede acceder con ningún dispositivo electrónico que pueda grabar audio y/o vídeo.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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