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La Fiscalía confirma que la violación de ‘La Manada’ se produjo «sin consentimiento y bajo violencia»

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la manada

El Ministerio Fiscal ha confirmado este lunes que la presunta violación entre 5 jóvenes en San Fermin «se produjo sin consentimiento y bajo violencia e intimidación», y ha considerado que «las pruebas son absolutamente contundentes», así lo ha manifestado en la presentación del informe de conclusiones del caso.

En concreto, la fiscal Elena Sarasate ha estado dos horas presentando el informe y ha asegurado que los cinco acusados «actuaron de forma conjunta y organizada», mientras la joven denunciante «no sospechaba ni rematadamente lo que estaba pasando».

«Cuando los acusados terminaron y consiguieron lo que querían, la dejaron tirada y semidesnuda», ha señalado, tras lo que ha añadido que «la declaración de la víctima cumple todos los requisitos para darle absoluta y totalmente credibilidad y sin embargo la de los acusados tiene contradicciones, no pequeñas, sino determinantes».

«Ellos sí sabían a lo que iban y lo tenían claro», ha recalcado ante la sala, donde los cinco acusados han estado sentados detrás de sus defensas y en frente de la fiscal.

Así, Sarasate ha concluido que «ha quedado perfectamente acreditado el delito de agresión sexual, el delito contra la intimidad y el del robo del móvil», por lo que ha reiterado su petición de 22 años y diez meses de prisión para los acusados.

Tras este primer informe, es el turno de la acusación particular y las acusaciones populares, el ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad foral de Navarra, posteriormente el martes presentarán las conclusiones las tres defensas de los cinco acusados.

Cabe destacar que estas dos últimas sesiones del juicio son las únicas que se desarrollan en audiencia pública, con la asistencia de 46 periodistas y 24 ciudadanos como público. Sin embargo, está prohibido el acceso de cámaras y fotógrafos y el tribunal ha adoptado medidas extraordinarias para evitar grabaciones. De esta forma, a la sala de vistas no se puede acceder con ningún dispositivo electrónico que pueda grabar audio y/o vídeo.

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Ábalos y Koldo a prisión provisional por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Supremo ordena prisión sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al elevarse el riesgo de fuga antes del juicio por la presunta trama de mascarillas.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares del PP habían solicitado su ingreso inmediato en prisión.

El Supremo ordena prisión provisional para Ábalos y Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, investigados por las supuestas irregularidades en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia.

Se trata de un hecho histórico: es la primera vez que un diputado en ejercicio deberá entrar en prisión provisional antes de ser juzgado.

La decisión llega tras revisar las medidas cautelares que mantenían hasta hoy (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales). El riesgo de fuga se considera ahora “muy elevado” ante la gravedad de las penas solicitadas.


La Fiscalía Anticorrupción alertó de un riesgo de fuga “disparado”

La medida adoptada responde a la petición expresa del jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como de las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular.
Anticorrupción sostiene que, ante la posibilidad de que ambos se enfrenten a hasta 30 años de cárcel, existe un riesgo de fuga “inequívoco”.


La llegada de Ábalos al Supremo: “No tengo dinero ni a dónde ir”

Ábalos fue el primero en llegar al Supremo, a las 9:12 horas, solo y con una mochila de cuero. En su intervención durante la vistilla, aseguró al magistrado:

“No me voy a fugar. No tengo dinero ni a dónde ir.”

Fuentes jurídicas aseguran que el exministro estaba “visiblemente destrozado”, fumando nervioso en los patios del Palacio de Justicia mientras esperaba la resolución.

Su abogado defendió que su ingreso en prisión, siendo diputado, supondría vulnerar su derecho a representación política y acusó a Anticorrupción de querer “forzar” una declaración colaborativa similar a la del empresario Víctor de Aldama.


Koldo García: “No me voy a ir a ningún sitio”

Koldo García llegó justo a la hora señalada, acompañado de su abogada, y también negó cualquier intención de fugarse:

“No me voy a ir a ningún sitio. Todos tenemos derecho a aprender poco a poco.”

Esta última frase ha sido interpretada por presentes como un reconocimiento implícito de haber cometido errores.

Su defensa alegó arraigo familiar: una madre mayor y una hija pequeña.


El fiscal, contundente: “Ningún poder del Estado puede eludir la acción penal”

El fiscal Luzón fue especialmente duro respecto a Ábalos:

“Fue su pertenencia al Gobierno lo que permitió cometer estos delitos.
Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. La Justicia es ciega por eso.”


Camino al juicio por la presunta trama de mascarillas

El pasado 3 de noviembre, el magistrado Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por su presunta participación en una trama para adjudicar contratos millonarios de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario.

Penas solicitadas por Fiscalía

  • Ábalos: 24 años de prisión

  • Koldo García: 19 años y medio

  • Víctor de Aldama: 7 años (pena reducida por su confesión)

Los delitos atribuidos incluyen:

  • organización criminal

  • cohecho

  • tráfico de influencias

  • malversación

  • uso de información privilegiada

Penas solicitadas por las acusaciones populares

Las acusaciones que lidera el PP elevan las penas a 30 años al añadir:

  • prevaricación

  • falsedad documental


Un caso que sacude al Gobierno y tensa el clima político

El ingreso inmediato en prisión del exministro socialista supone un terremoto político en vísperas del juicio. La resolución marca un paso decisivo en una de las causas de corrupción más mediáticas derivadas de la pandemia.

 

 

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