Más de 300 vehículos y toneladas de residuos sin tratar fueron detectados en una zona protegida de Riba-roja de Túria. El Consell considera que la CHJ podría haber incurrido en delitos ambientales.

València, 4 de junio de 2025 – La Generalitat Valenciana ha presentado dos denuncias formales ante la Fiscalía provincial de Valencia contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por la gestión inadecuada de residuos y el abandono de más de 300 vehículos en el entorno del barranco del Poyo, en el municipio de Riba-roja de Túria.

Denuncia por delitos medioambientales y vertido de residuos

Los hechos se consideran de extrema gravedad ambiental, ya que podrían ser constitutivos de delitos de contaminación, gestión ilegal de residuos y traslado ilícito, según lo establecido en el Código Penal. La Conselleria de Medio Ambiente ha remitido al Seprona tres informes técnicos elaborados por el Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Generalitat, que verifican la magnitud del problema.

En estos informes se detalla la existencia de residuos sólidos urbanos, plásticos, ruedas, textiles y maderas, además del traslado no autorizado de dichos residuos desde el cauce del barranco hasta la parcela número 14 del polígono 22 de Riba-roja, una superficie de unas 7 hectáreas, sin cumplir con los protocolos ambientales obligatorios.

Más de 300 vehículos abandonados tras la riada

Uno de los puntos más alarmantes es el hallazgo de 301 vehículos abandonados en distintas zonas del barranco y su entorno. De ellos, 217 se encuentran en una sola parcela, según los datos verificados por agentes medioambientales. Estos vehículos quedaron dañados tras las inundaciones del 29 de octubre de 2024 y aún no han sido gestionados correctamente para su retirada.

“Es una situación que no solo degrada el medio ambiente, sino que afecta directamente a más de 300 propietarios, que 7 meses después siguen sin poder tramitar ayudas por pérdida de bienes”, ha denunciado Raúl Mérida, secretario autonómico de Medio Ambiente.

Obligaciones legales ignoradas

El Real Decreto-ley 8/2024 establece claramente la responsabilidad de las distintas administraciones respecto a la gestión de residuos tras catástrofes naturales. La CHJ era responsable de los vehículos situados en cauces, mientras que la Generalitat debía ocuparse de los localizados en vías autonómicas, y los ayuntamientos, de los que estuvieran en terrenos municipales.

A pesar de ello, según la Generalitat, la CHJ no ha cumplido con su responsabilidad, lo que ha derivado en esta acción judicial.

Una gestión paralela y sostenible por parte del Consell

La Conselleria ha anunciado que ya se ha activado un contrato valorado en 180 millones de euros para gestionar correctamente el millón de toneladas de residuos derivados de las inundaciones. Esta acción forma parte de un plan integral para minimizar el impacto ambiental y social y garantizar que los residuos se traten conforme a la normativa vigente.

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