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Valencia

La Generalitat denuncia a la CHJ por vertidos ilegales y abandono de vehículos en el barranco del Poyo

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Más de 300 vehículos y toneladas de residuos sin tratar fueron detectados en una zona protegida de Riba-roja de Túria. El Consell considera que la CHJ podría haber incurrido en delitos ambientales.

València, 4 de junio de 2025 – La Generalitat Valenciana ha presentado dos denuncias formales ante la Fiscalía provincial de Valencia contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por la gestión inadecuada de residuos y el abandono de más de 300 vehículos en el entorno del barranco del Poyo, en el municipio de Riba-roja de Túria.

Denuncia por delitos medioambientales y vertido de residuos

Los hechos se consideran de extrema gravedad ambiental, ya que podrían ser constitutivos de delitos de contaminación, gestión ilegal de residuos y traslado ilícito, según lo establecido en el Código Penal. La Conselleria de Medio Ambiente ha remitido al Seprona tres informes técnicos elaborados por el Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Generalitat, que verifican la magnitud del problema.

En estos informes se detalla la existencia de residuos sólidos urbanos, plásticos, ruedas, textiles y maderas, además del traslado no autorizado de dichos residuos desde el cauce del barranco hasta la parcela número 14 del polígono 22 de Riba-roja, una superficie de unas 7 hectáreas, sin cumplir con los protocolos ambientales obligatorios.

Más de 300 vehículos abandonados tras la riada

Uno de los puntos más alarmantes es el hallazgo de 301 vehículos abandonados en distintas zonas del barranco y su entorno. De ellos, 217 se encuentran en una sola parcela, según los datos verificados por agentes medioambientales. Estos vehículos quedaron dañados tras las inundaciones del 29 de octubre de 2024 y aún no han sido gestionados correctamente para su retirada.

“Es una situación que no solo degrada el medio ambiente, sino que afecta directamente a más de 300 propietarios, que 7 meses después siguen sin poder tramitar ayudas por pérdida de bienes”, ha denunciado Raúl Mérida, secretario autonómico de Medio Ambiente.

Obligaciones legales ignoradas

El Real Decreto-ley 8/2024 establece claramente la responsabilidad de las distintas administraciones respecto a la gestión de residuos tras catástrofes naturales. La CHJ era responsable de los vehículos situados en cauces, mientras que la Generalitat debía ocuparse de los localizados en vías autonómicas, y los ayuntamientos, de los que estuvieran en terrenos municipales.

A pesar de ello, según la Generalitat, la CHJ no ha cumplido con su responsabilidad, lo que ha derivado en esta acción judicial.

Una gestión paralela y sostenible por parte del Consell

La Conselleria ha anunciado que ya se ha activado un contrato valorado en 180 millones de euros para gestionar correctamente el millón de toneladas de residuos derivados de las inundaciones. Esta acción forma parte de un plan integral para minimizar el impacto ambiental y social y garantizar que los residuos se traten conforme a la normativa vigente.

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Valencia

El duelo de un pueblo no se gobierna con mentiras: es hora de que Carlos Mazón dimita

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El duelo de un pueblo no se gobierna con mentiras: es hora de que Carlos Mazón dimita
El president de la Generalitat, Carlos Mazón. EFE/ Biel Alino/Archivo

La catástrofe desencadenada por la DANA del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana, que dejó un lacerante saldo de más de 229 víctimas, no puede quedar impune. Más allá del dolor humano y de la reconstrucción material, está la responsabilidad política. Y en ese terreno, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, acumula mentiras, contradicciones y el profundo desgarro de quienes lo perdieron todo. Por dignidad, por ética y por justicia, Mazón debe dimitir.

Una gestión inexcusable

Cuando la alerta roja estaba activada, Mazón estaba ausente del lugar que le correspondía. Según los informes oficiales, llegó al comité de crisis (CECOPI) a las 20:28 horas, cuando ya se había emitido la alerta a la población minutos antes. No fue un “error de agenda”, sino un fallo estructural que costó vidas.

Mientras Valencia vivía una riada devastadora, el presidente se encontraba en una comida privada en lugar de supervisar la emergencia. Su entorno lo justificó como una reunión de trabajo, pero el contexto lo desmiente: fue ausencia, negligencia y falta de liderazgo.

La falta de movilización de efectivos tampoco puede justificarse. Los informes cruzados detectan irregularidades en el número de bomberos y medios activados. Cuando una emergencia reclama transparencia, los datos confusos o manipulados son una afrenta.

Mentiras, contradicciones y silencio

Mazón ha intentado derivar responsabilidades hacia la Agencia Estatal de Meteorología o la Confederación Hidrográfica del Júcar, en lugar de asumir el liderazgo que su cargo exige. Cuando el caos se instala, quien gobierna debe estar al frente, no buscando culpables.

Peor aún, ha ofrecido versiones cambiantes sobre su paradero, sus llamadas y las decisiones adoptadas aquel día. La investigación judicial avanza con pruebas que desmontan la versión oficial. Cuando un líder debe explicar dónde estaba durante una tragedia, el problema ya no es circunstancial: es estructural.

Las víctimas, traicionadas

No basta con lamentar lo sucedido cuando la dignidad exige acción. Las asociaciones de víctimas han expresado su malestar y exigido respeto ante la falta de explicaciones claras. “Estar con las víctimas también implica asumir responsabilidades”, repiten familiares que aún esperan una disculpa sincera.

No es solo la ausencia inicial. Es el desfile de versiones, el silencio, la falta de empatía y la reconstrucción lenta. Mientras las familias siguen llorando, el presidente intenta sostener su imagen pública como si nada hubiera ocurrido.

La única salida digna: la dimisión

Integridad política. Quien incumple los principios básicos de responsabilidad pierde la legitimidad para seguir al frente.

Justicia para las víctimas. Pedir perdón no basta cuando no se explica con claridad, cuando no se asumen errores ni se ofrecen soluciones. Las víctimas merecen que se depuren responsabilidades reales.

Confianza institucional. La credibilidad de la Generalitat se resquebraja cuando su presidente ofrece explicaciones tardías, contradictorias y evasivas. Eso no solo afecta a Mazón, afecta a toda la Comunitat Valenciana.

Renovación del liderazgo. El desastre del 29-O no puede cerrarse con un “sigo al mando”. Hace falta un relevo que reconstruya no solo los territorios inundados, sino también la confianza de los ciudadanos.

La responsabilidad compartida

Los silencios cómplices también pesan. Los partidos que sostienen a Mazón deben preguntarse si su apoyo es ético o meramente político. Cada día que pasa sin rendir cuentas es una herida más para las víctimas y una mancha más para las instituciones.

La dimisión no sería una derrota política, sino un acto de respeto hacia los que sufrieron, hacia los que murieron y hacia toda una sociedad que exige transparencia y verdad.

La tragedia del 29 de octubre no son solo cifras. Son vidas, familias, municipios arrasados y una sociedad herida. Carlos Mazón mantuvo su comida en El Ventorro cuando la provincia se inundaba, cambió versiones cuando se investigaba y continúa en el cargo pese al clamor ciudadano.

Por integridad, por dignidad, por justicia: Carlos Mazón debe dimitir.
Y quienes lo sostienen, deberían preguntarse si su silencio también los convierte en responsables.

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