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La Generalitat destina 10 millones de euros a las ayudas al copago para las personas sin empleo

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La Generalitat Valenciana ha consignado en los presupuestos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de este año un total de 10 millones de euros para las ayudas al copago para personas desempleadas. Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha asegurado que gracias a esta medida la Comunitat «da un paso más hacia una sociedad inclusiva y decente, una sociedad en la que no se deja a nadie al margen».

Puig ha explicado esta medida, que entrará en vigor a partir del 1 de mayo, junto a la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmén Montón, y ha detallado que permitirá que las personas que perciban prestación o subsidio por desempleo o que hayan agotado dicha prestación, y tengan rentas inferiores a 18.000 euros, tengan garantizada la gratuidad de sus medicamentos. En concreto, un total de 220.957 personas tendrán acceso a estas ayudas.

La situación económica interfiere en el no inicio de tratamientos farmacológicos prescritos por facultativos o provoca el abandono de los mismos y, en este sentido, el president ha afirmado que «es muy duro que haya personas que no puedan atender a las necesidades básicas y tengan que renunciar al cumplimiento de un tratamiento».

«Con esta medida- ha afirmado el jefe del Consell- la Generalitat rompe otro muro de desigualdad en el acceso a la Sanidad». «Esta acción forma parte de un relato general, el de la reparación de derechos, el de la reconstrucción social y económica y el del renacimiento de la Comunitat Valenciana», ha añadido Puig.

«Tanto la recuperación económica de la Comunitat como que las personas en situación de desempleo tengan la mejor calidad de trabajo y de vida son objetivos prioritarios del Consell», ha declarado Puig.

RECUPERACIÓN DE DERECHOS
El president de la Generalitat ha destacado que, a través la Sanidad, el Consell ha querido «recuperar la credibilidad de la política y la credibilidad en las instituciones» y por ello «se han llevado a cabo medidas como la universalización de la sanidad, el acceso gratuito al tratamiento para los enfermos de Hepatitis C o la introducción de la gestión pública en el departamento sanitario de la Ribera».

Respecto a las ayudas al copago farmacéutico, cabe señalar que en 2017 se han podido beneficiar de las mismas 1.258.151 personas: 116.056 personas con diversidad funcional, 792.0896 pensionistas con renta baja y 349.199 menores.

Por su parte, Carmen Montón ha señalado que «estamos garantizando la equidad en los tratamientos farmacológicos en la Comunitat Valenciana. Con estas ayudas hemos conseguido que se reduzca el abandono en un 39%, por tanto, son ayudas que están beneficiando la salud de las personas más vulnerables».

«Hemos querido que el colectivo de desempleados fuera el siguiente beneficiado ya que estas ayudas ya las reciben pensionistas, personas con diversidad funcional y menores asociados a tarjeta SIP, todos con rentas inferiores a 18.000 euros. Terminaremos 2018 con casi dos millones de valencianos y valencianas que estarán recibiendo ayudas al copago», ha afirmado Carmen Montón.

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Correos sorprende con carros motorizados de reparto y provoca la ira de los sindicatos

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La empresa pública Correos ha generado controversia tras introducir de manera sorpresiva carros de reparto motorizados en varias ciudades españolas, entre ellas Valencia, Murcia, Cartagena y Barcelona. La medida, que busca modernizar la logística postal, ha encendido la polémica entre los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO., que denuncian riesgos para la seguridad de los trabajadores y el incumplimiento de la normativa vigente.


Carros motorizados: una implementación sin consenso

Los nuevos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) se incorporan al reparto tradicional a pie, pero su llegada ha sido criticada por los sindicatos por falta de consulta, formación y evaluación de riesgos. Según CSIF y UGT, Correos ha tomado esta decisión sin:

  • Consultar con los representantes de los trabajadores.

  • Proporcionar formación específica sobre el manejo de los carros.

  • Analizar las implicaciones ergonómicas y físicas de estos vehículos.

  • Establecer criterios de asignación o compensaciones económicas.

CC.OO. ha calificado esta medida como una “idea de bombero”, alertando que obliga a los carteros a interactuar con el tráfico urbano directamente, aumentando el riesgo de accidentes.


Riesgos legales y normativos

Los sindicatos subrayan que la introducción de estos VMP no respeta la normativa de tráfico. En particular:

  • La Resolución de 12 de enero de 2022 de la DGT establece características específicas para los VMP.

  • El Real Decreto 970/2020 modifica el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos, definiendo criterios claros para la circulación de estos medios.

  • Cada ciudad y comunidad autónoma puede aplicar ordenanzas locales sobre VMP que deben cumplirse.

La ausencia de formación y medidas de seguridad coloca a los carteros en una situación de riesgo, lo que podría derivar incluso en responsabilidades penales si ocurre un accidente laboral.


Modernización de Correos vs. polémica sindical

Correos ha reforzado su estrategia de movilidad sostenible este 2025, incorporando más de 1.000 vehículos eléctricos, incluyendo furgonetas híbridas y motos ciberseguras, con el objetivo de que el 25 % de su flota sea “verde” antes de fin de año. Sin embargo, los nuevos carros motorizados no forman parte oficial de este plan, aumentando la incertidumbre y el malestar entre los trabajadores.

Aunque no es la primera experiencia de Correos con carros asistidos—en 2021 se probó un proyecto piloto con 48 unidades en Madrid, Valencia, Málaga y Bilbao—los sindicatos destacan que ahora los carros se integran directamente en el reparto diario, sin evaluación técnica ni consenso laboral.


Sindicatos exigen diálogo y seguridad

CSIF, UGT y CC.OO. exigen a la dirección de Correos:

  • Suspender la implantación hasta garantizar seguridad y formación.

  • Establecer un plan de asignación de los VMP.

  • Negociar condiciones de trabajo adaptadas a los nuevos vehículos.

  • Cumplir estrictamente con la normativa de tráfico y prevención de riesgos laborales.

Los sindicatos advierten que de no mediar un diálogo transparente, podrían emprender medidas legales o sindicales para proteger la seguridad de los trabajadores.


Conclusión

La llegada de los carros motorizados de Correos evidencia el choque entre modernización tecnológica y seguridad laboral. La polémica pone de relieve la necesidad de consultas previas, formación y cumplimiento normativo antes de implementar cambios que afecten directamente al personal. Mientras Correos busca eficiencia y sostenibilidad, los sindicatos reclaman que la protección de los trabajadores siga siendo una prioridad.

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